Un Gran Hermano contra el dinero negro

"El sistema fiscal italiano sigue siendo complejo y sufre de altos niveles de evasión fiscal... Mejorar el cumplimiento fiscal y la lucha contra la economía sumergida y el trabajo no declarado podría mejorar la eficiencia global del sistema y hacerlo más justo". Se trata de una de las recientes recomendaciones de la Comisión Europea a Italia.

La economía sumergida es uno de los mayores problemas del país transalpino. La tasa de economía irregular de Italia asciende al 27% del PIB [España está en el 22,5%], lo que supone una pérdida de recaudación de unos 180.000 millones, según un informe elaborado por Tax Research en 2012 y manejado por la Comisión.

El Gobierno de Enrico Letta ha tomado buena nota de las indicaciones de la Comisión y ha aprobado un plan para combatir el fraude cuya medida estrella es el llamado gastómetro, un mecanismo de control tributario por el que el fisco estrechará el cerco sobre el nivel de gasto de los contribuyentes en vez de sus ingresos.

Las Haciendas de los países europeos se centran más en examinar la correcta imputación de las rentas. Es decir, que los ingresos que obtienen los ciudadanos estén oportunamente declarados. El problema es que los ingresos son opacos. Hay mucho dinero negro que escapa al fisco.

En España no hay ningún programa que cruce los datos de consumo de los ciudadanos como el de Italia. La Agencia Tributaria cuenta con un plan para controlar a aquellos que hagan ostentación de riqueza. También se revisan los datos de consumo eléctrico y de agua de los hogares que cruza con los registros de propiedad para tratar de destapar irregularidades en alquileres o apartamentos turísticos. Los inspectores de la Agencia Tributaria española tienen un potente sistema informático que cruza datos de los inmuebles del registro de la propiedad con los fiscales y detecta posibles perfiles de riesgo.

Otra de las iniciativas del plan contra el fraude fiscal de Italia consiste en limitar los pagos en efectivo superiores a 1.000 euros desde los 2.500 anteriormente fijados. En España ya se aprobó algo similar pero el tope de los pagos en metálico se situó en 2.500 euros. Francia también lo tiene limitado a los 3.000 euros. El problema de estas medidas es que se deja a la buena voluntad de los contribuyentes, resultan difíciles de controlar y se pueden esquivar fácilmente mediante el fraccionamiento de la factura.

El Ejecutivo español admite que estas normas tienen carácter disuasorio. Los expertos en asuntos fiscales suelen decir que no hay mejor medida para combatir el fraude que mejorar la conciencia cívica.

Mientras los países aprueban sucesivos planes para luchar contra el fraude fiscal, en Bruselas crece la preocupación por este fenómeno que ha crecido con la crisis. La evasión fiscal asciende a un billón de euros en la eurozona, según estimaciones de la Comisión. A finales de mayo los principales líderes europeos aprobaron un ambicioso paquete de medidas para atajar el problema. Las medidas aprobadas pasan por impulsar el intercambio de información para acabar con el secreto bancario y poner coto a la ingeniería contable de las empresas.