Fernández de Kirchner estudia pedir al Congreso una ley para controlar la venta de granos
La presidenta explicó que esta agencia defenderá a los pequeños y medianos productores
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha confirmado este martes que su Gobierno estudia crear una agencia estatal para la comercialización de granos. Fernández ha precisado, sin embargo, que el Estado intervendrá en el comercio de la producción agrícola sólo si el Congreso de la Nación lo aprueba mediante una ley. En su inesperada participaciòn en la reunión de la llamada comisión de enlace, integrada por funcionarios y representantes de las entidades rurales, la presidenta argentina ha comentado que, si se llega a concretar el proyecto, la agencia estatal defenderá los precios de los granos para beneficiar a los pequeños y medianos productores.
La nueva iniciativa presidencial supone ampliar el protagonismo del Estado en el sector rural, el más importante para la economía de Argentina y con el que ha sostenido las disputas más intensas. La más feroz, por el intento de aumentar las retenciones a las agroexportaciones, medida que el Congreso finalmente rechazó tras una histórica y reñida votación en julio de 2008.
Los ruralistas han recibido con cautela y desconfianza la intención del Gobierno de intervenir en la fijación de los precios de los commodities, que implicaría aumentar las funciones de regulación de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. Esa reforma haría revivir la Junta Nacional de Granos, que el ministro de Economía menemista Domingo Cavallo cerró en 1992.
La Sociedad Rural acusó al Gobierno de intentar desunir a los ruralistas, cohesionados desde que, hace casi un año, comenzó el conflicto entre la administración de Fernández de Kirchner y el campo. Tal y como está planteada, la hipotética agencia estatal de comercialización de la producción agropecuaria promete ventajas para los pequeños y medianos productores representados en la entidad Federaciones Agrarias. Pero también podría habilitar al Gobierno a regular el acopio de la producción -la presidenta ha acusado a los ruralistas de desestabilizar el mercado (y la recaudación fiscal) mediante el depósito de las cosechas en los silos- y establecer precios arbitrarios -inmunes a la inflación- para el abastecimiento interno.
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