El Gobierno argentino rechaza reducir los impuestos que aplica al campo

La patronal agropecuaria de Argentina ha anunciado ayer que presionará al Congreso para que vote la reducción de impuestos para las agroexportaciones. Al término de la cuarta reunión del año entre las cuatro organizaciones rurales más importantes y los representantes del Poder Ejecutivo, el campo ha dado por agotada la negociación sobre las retenciones -el Gobierno se niega a tocar la recaudación- y ha especificado que moverá todos los resortes para que, en la sesión de mañana, la Cámara de Diputados acepte debatir un proyecto de la oposición (modifica el esquema tributario en favor de los ruralistas). Para habilitar el debate hace falta que 129 diputados se presenten en el recinto. Según el campo, 100 diputados ya han adelantado que discutirán la iniciativa.

El proyecto establece que ningún productor pagará derechos de exportación por la venta de las primeras 1.000 toneladas de soja, 1.500 de trigo, 700 de girasol, 2.400 de maíz y 1.800 de sorgo. Por encima de esos volúmenes, las alícuotas se fijarán en 27% para la soja (hoy está en el 35%); 20% para el trigo (es del 23%), el maíz (rige el 20%) y el girasol (la alícuota es del 32%), y 15% para el sorgo.

El anuncio de los ruralistas vuelve a ubicar en el Congreso la decisión final sobre la política tributaria que desde hace un año enfrenta sin tregua al Poder Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner con el campo, el sector económico más importante del país. El conflicto comenzó con la polémica decisión del Gobierno de establecer el esquema de retenciones móviles mediante una resolución del Ministerio de Economía (conocida como resolución 125) de marzo de 2008, que acentuaba la tendencia a aumentar los márgenes de recaudación estatal a partir de las agroexportaciones. La resistencia de los ruralistas obligó al Gobierno a enviar un proyecto de ley al Congreso con el contenido de la 125. En julio, la mayoría kirchnerista aprobó la iniciativa en la Cámara de Diputados. Pero el empate en el Senado, que el vicepresidente Julio Cobos -presidente de ese órgano parlamentario- definió en favor de las pretensiones de los ruralistas, terminó por frustrar la pretensión impositiva del Gobierno de Kirchner.

Tropiezo con una posición inamovible

Desde entonces, la tensión entre ambas partes se ha mantenido e, incluso, agravado por la sequía -la más grave de las últimas décadas-, la acusada caída de los precios internacionales de las materias primas y la crisis financiera global. El mes pasado, la patronal agropecuaria representada por las entidades Federación Agraria, Coninagro, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales y el Gobierno retomaron el diálogo. Pero tras la sorpresiva aparición de la presidenta Fernández en una de las reuniones y el anuncio de medidas de ayudas concretas, el reclamo central del campo -la reducción de los impuestos a las exportaciones de cultivos- ha tropezado con la negativa férrea del Gobierno. "Muchas veces los planteos, por más justos que parecen, dejan de serlo cuando uno mira que en la Argentina hay gente que necesita, que falta mucho camino por recorrer", ha opinado ayer Florencio Randazzo, ministro del Interior.

"Llamamos a todos los legisladores a que den el debate en el Congreso. Queremos que se habilite el quórum para reemplazar el derecho de exportación. Por eso anunciamos un plan de acción y lucha con movilización nacional. Nos convocamos a las rutas y al Congreso donde, el jueves, con toda la fuerza iremos para tratar las modificaciones a las retenciones", ha anunciado Eduardo Buzzi, el titular de la Federación Agraria (FAA). Hugo Biolcati, presidente de la Sociedad Rural, ha advertido que si no se logra que al menos 129 diputados ocupen sus escaños, "la reacción va a ser muy fuerte y habrá mucha indignación en el sector".