Los contornos de la futura ley de amnistía siguen marcando los últimos compases de las negociaciones entre el PSOE y Junts. El partido de Carles Puigdemont busca hasta el final una amnistía de máximos, asegurándose de que personas de su círculo más cercano sean beneficiadas. El expresident considera que el independentismo es víctima de lawfare por parte del Estado, un término jurídico que designa el uso torticero de la justicia para debilitar al adversario político. Por eso, Junts considera que, pese a que algunas causas judiciales activadas tras el 1-O contra líderes secesionistas no están directamente vinculadas al procés (en algunos casos, la conexión es remota o inexistente), la amnistía las debe amparar. Cuatro nombres propios están en esos contornos y mantienen en vilo la investidura: Josep Lluís Alay, Gonzalo Boye, Miquel Buch y Lluís Escolà.

El planteamiento de Junts resulta difícil de asumir para el PSOE, porque presenta problemas de encaje técnico y jurídico. El borrador de amnistía no alude a personas ni causas concretas, sino a delitos de naturaleza política ligados al proceso independentista. La insistencia de los neoconvergentes en ser más explícitos sobre los beneficiarios ha acabado por irritar a Esquerra, que comparte la impresión de que las causas surgidas tras el 1-O “son de lawfare”, pero apuesta por una ley “que no sea arbitraria ni ambigua”, ha dicho este lunes Marta Rovira, su secretaria general. Rovira —una de las beneficiarias más evidentes de la amnistía— ha insistido en que el texto que se apruebe debe ser lo suficientemente sólido como para sortear las impugnaciones que se presenten en su camino.

Más clara aún ha sido la portavoz de ERC, Raquel Sans: “Lo que hay que amnistiar son hechos, no personas”. El texto pactado entre los republicanos y el PSOE incluye fórmulas genéricas para incluir actos relacionados “con la promoción de la independencia” y con el “apoyo a las personas represaliadas”, expresiones que en su opinión dan cobijo a esas personas. Pero Junts quiere hilar más fino y de ahí la dificultad. “Es prioritario que la ley se aguante, que tenga sentido político y jurídico. Una ley que solo te amnistíe por el hecho de ser independentista no se sostiene”, acepta una voz de la dirección de los republicanos.

Además de la necesidad de marcar perfil político frente a Esquerra, para Puigdemont se trata también de un asunto personal. Tres personas de su entorno más cercano se encuentran inmersas en procesos judiciales que difícilmente pueden enmarcarse en el proceso independentista si no se compra por completo la tesis del lawfare. El caso más emblemático es el de Josep Lluís Alay, amigo personal del expresident y jefe de su oficina en Waterloo (Bélgica). Alay está imputado en tres causas judiciales: Voloh, que indaga la financiación del 1-O; Tsunami, que investiga las protestas violentas contra la condena a los líderes del procés, y, sobre todo, un caso de presunta malversación por haber usado fondos públicos para una visita a Nueva Caledonia.

Menos encaje aún con los hechos del 1-O tienen la situación de Gonzalo Boye, su abogado, que le ha acompañado todos estos años desde su huida a Bruselas. El letrado entró ayer en el debate con un mensaje en la red social X, donde abogó abiertamente porque la lawfare entre en la amnistía. “No por los nombres, sino por aquello que implica políticamente para España”, puntualizó. Boye está acusado de blanquear capitales para el narco Sito Miñanco, delito que nada tiene que ver con el procés, a menos que se concluya que la investigación se ha construido artificialmente para poner al abogado contra las cuerdas, exclusivamente por su condición de defensor de Puigdemont. Otro “amigo” y “patriota” (tal como él mismo lo ha definido) es el sargento de los Mossos d’Esquadra Lluís Escolà, que le ayudó a escapar a Bélgica. Escolà ha sido condenado a cuatro años de cárcel por hacer de escolta de Puigdemont con cargo al erario público. En esa misma causa fue condenado, a cuatro años y medio de prisión, el exconsejero Miquel Buch, cuarto y último nombre de la lista de la discordia.

Josep Lluís Alay

El director de la oficina de expresident de Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha sido el rostro visible de los últimos escollos para cerrar el contenido de la ley de amnistía entre PSOE y Junts. Su nombre apareció en la parte del caso Voloh, que investigaba unos supuestos contactos del Govern con emisarios del Ejecutivo ruso, cuando en 2017 se buscaban apoyos para el procés. Esa carpeta fue ya archivada, pero irá a juicio próximamente por haber viajado en 2018 a Nueva Caledonia, para hacer de observador en un referéndum de independencia, y pagarlo con dinero público. La justicia cree que no está en sus funciones asumir ese viaje y le acusa de malversación y prevaricación, delitos que quedarían, a priori, fuera del alcance de la amnistía si no se prueba su vinculación con el procés. Y es precisamente ese el escollo en la negociación: ERC entiende que en su texto ya hay cobertura para este caso, pero en Junts creen que el redactado actual deja margen de interpretación y eso no le cobijaría.

Miquel Buch

El exconsejero de Interior de la Generalitat fue condenado el pasado 14 de septiembre a cuatro años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación por contratar a un mosso d’esquadra para que hiciera de escolta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, después de que huyera a Bélgica para no responder a la justicia. Se le encontró culpable de prevaricación y malversación. Aunque sobre el papel esos dos delitos podrían entrar dentro del ámbito de lo que comúnmente se entiende por corrupción, hay consenso dentro del independentismo de que es posible encontrar una conexión de esos hechos con el procés y, por tanto, se considera que deberían ser amnistiables. El problema vuelve a ser si el texto actual es lo suficientemente contundente cuando incluye en los supuestos el “apoyo a las personas represaliadas” y en Junts ponen en duda que esa fórmula sirva.

Lluís Escolà

Junts y ERC también difieren sobre si la fórmula actual da cobijo al mosso Lluís Escolà, que había trabajado muchos años en el servicio de escoltas de la policía autonómica y había protegido, entre otros, a los expresidentes Jordi Pujol y Artur Mas, y quien también está en el ojo del huracán. Tras acompañar a Puigdemont en su huida a Bruselas en octubre de 2017, Escolà fue fichado al verano siguiente como asesor del departamento que comandaba Buch, pero el encargo realmente respondía a prestarle al expresident el servicio de escolta en el extranjero. En el mismo juicio de Buch, el agente fue condenado a cuatro años de cárcel y 19 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Gonzalo Boye

El letrado Gonzalo Boye se ha convertido en una especie de gurú legal para Puigdemont y para un sector del independentismo más bullicioso, convertido en devoto de los acerados dardos que lanza el abogado contra el poder judicial. Su ascendencia le ha reservado un lugar como asesor de Puigdemont, para redactar las líneas marco de la ley de amnistía que defiende el expresident. El abogado usa de manera reiterada la idea de lawfare, para desprestigiar la labor de jueces y tribunales. Lo hizo al encargarse de la defensa de Laura Borràs, y durante el juicio mantuvo ácidas discusiones con los magistrados, a los que acusó directamente de parcialidad. Boye dijo este lunes que “el lawfare debe entrar en la ley de amnistía”, lo que supuestamente le beneficiaría a él directamente, ya que tiene cuentas pendientes con la justicia. Está acusado, junto con el narco Sito Miñanco, de presunto blanqueo de capitales en la bautizada como Operación Mito, que versa sobre una supuesta trama creada para introducir cuatro toneladas de cocaína y ocultar después los beneficios obtenidos.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal