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La Fiscalía prevé recurrir el auto de imputación de Puigdemont y Rovira al no apreciar terrorismo

La asociación Dignidad y Justicia, personada como acusación popular, anuncia que se opondrá a la iniciativa del ministerio público y pedirá que el sumario siga en la Audiencia Nacional

J. J. Gálvez
Puigdemont Rovira
Desde la izquierda, Miriam Nogueras, Carles Puigdemont y Jordi Turull, cerca del Parlamento Europeo, la pasada semana.Delmi Álvarez

La Fiscalía prevé recurrir la resolución dictada este lunes por el juez Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, que ha citado como imputados al expresident catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la investigación abierta sobre Tsunami Democràtic, el grupo que supuestamente instigó las protestas que tuvieron lugar en Cataluña tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés en octubre de 2019. Según detallan fuentes del ministerio público, este organismo considera que los hechos bajo sospecha no encajan en los delitos de terrorismo que se imputan y, una vez suprimida la sedición del Código Penal, la causa solo puede seguir adelante por delitos de desórdenes públicos. De aceptarse el criterio de esta acusación, la Audiencia Nacional perdería la competencia sobre estas pesquisas y deberían enviarse a los juzgados de Cataluña.

La Fiscalía aún no ha movido ficha, pero su actuación resultará clave en una causa que ha irrumpido en plenas negociaciones del PSOE con ERC y Junts para aprobar una ley de amnistía al procés a cambio de su apoyo para la investidura de Pedro Sánchez. Según explican fuentes jurídicas, el juez Manuel García-Castellón pidió el pasado viernes a la Fiscalía que se pronunciara sobre qué personas debían ser imputadas en este sumario, después de que un amplio informe de conclusiones de la Guardia Civil señalase a una decena de sospechosos (entre ellos, a Marta Rovira) y salpicase a Puigdemont. Pero la acusación no había enviado todavía su informe al respecto cuando, este lunes, ha conocido el auto de imputación emitido por el magistrado.

Tras haber conocido la iniciativa de García-Castellón, la Fiscalía ha comenzado a estudiar el contenido de su auto y prevé recurrir en apelación a la Sala de lo Penal. En su escrito, el magistrado argumenta que, a estas alturas de la investigación, no puede “descartarse” que las actuaciones impulsadas por Tsunami —que incluyó el bloqueo del aeropuerto de El Prat y el corte de una autopista— “pueden ser calificados como terrorismo” o como “desórdenes públicos terroristas”. Una tesis que el ministerio público no comparte, según fuentes de este departamento

Fuentes de la Fiscalía indican que, antes de que el juez dictara este auto, ya estaban preparando un informe para que la causa se enviara a los juzgados de Barcelona por desórdenes públicos.

La Audiencia Nacional asumió la competencia de la causa sobre Tsunami ante la posible existencia de delitos de sedición y de terrorismo. El movimiento secesionista, según la hipótesis inicial de los investigadores, pretendía subvertir el orden constitucional y contribuir a la independencia efectiva de Cataluña después del fallido referéndum del 1 de octubre de 2017 y de la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a cárcel a varios de los líderes del procés. Pero las dudas comenzaron a brotar tras varios años de pesquisas y, sobre todo, tras la supresión del delito de sedición del Código Penal, que entró en vigor a principios de este 2023 tras un pacto del Gobierno con ERC.

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Acusaciones populares

Dos nuevos actores entraron en escena este octubre. El juez admitió que la fuerza ultraderechista Vox y la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia se personaran como acusaciones populares en el sumario sobre Tsunami. Ambos colectivos defienden que la instrucción debe permanecer en la Audiencia Nacional, y mantienen que los hechos investigados se encuadran dentro de delitos de terrorismo. “Hay indicios y material probatorio suficientes para dirigir la investigación sobre Tsunami Democràtic por terrorismo contra el expresidente Carles Puigdemont, Marta Rovira y otra decena de personas”, señala Dignidad y Justicia en un comunicado, donde añade: “La Guardia Civil ha acreditado elementos de prueba que parecen poner de relieve la participación de todos los imputados en la organización de actos terroristas y vandálicos”.

Dignidad y Justicia avanza que “impugnará el recurso anunciado por la Fiscalía, en el caso de que este llegue a presentarse, con el fin de que los hechos sigan siendo investigados por la Audiencia Nacional, ya que se enmarcan dentro de una tipología de terrorismo urbano ya investigada por el alto tribunal en otras ocasiones”.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
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