El exconsejero Miquel Buch, condenado a cuatro años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación por la escolta de Carles Puigdemont

El exconsejero de Interior Miquel Buch ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación por contratar a un mosso d’esquadra para que hiciera de escolta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bélgica. El independentismo ha criticado con dureza la sentencia y la ve como una prueba más de la necesidad de una amnistía para los delitos del procés, condición de Junts y Esquerra para la investidura de Pedro Sánchez. “Ahora y siempre, la amnistía y la autodeterminación son el camino”, ha subrayado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tras conocer la resolución de la Audiencia de Barcelona, que condena a Buch (Junts per Catalunya) por un delito de malversación y otro de prevaricación.

La Fiscalía pedía inicialmente seis años de prisión y 27 de inhabilitación para el exconsejero, pero la sentencia le ha aplicado una atenuante de dilaciones indebidas. En el juicio, Buch defendió su inocencia y aseguró que la contratación del sargento Lluís Escolà nada tuvo que ver con la protección de Puigdemont en el extranjero. El tribunal también ha condenado a Escolà, que ayudó a Puigdemont a abandonar España tras el referéndum del 1-O y la fallida declaración unilateral de independencia de 2017. La pena para el mando de los Mossos, por los mismos delitos, es de cuatro años de cárcel y 19 de inhabilitación.

Los hechos que han supuesto esta nueva condena vinculada al procés ocurrieron en el verano de 2018, cuando el Departamento de Interior de la Generalitat —entonces comandado por Buch— fichó como asesor a Lluís Escolà, un mando de los Mossos d’Esquadra que había trabajado muchos años en el servicio de escoltas de la policía autonómica y había protegido, entre otros, a los expresidentes Jordi Pujol y Artur Mas. El nombramiento de Escolà, que mantenía una relación de amistad con Puigdemont, fue impecable desde el punto de vista formal, pero escondía un propósito distinto: pagar los servicios del sargento por su trabajo extraoficial como escolta del expresident en Waterloo (Bélgica), donde permanece huido de la justicia española.

En el juicio, Buch afirmó que contrató a Escolà porque necesitaba a una persona que conociera las interioridades de los Mossos. Consultó sin éxito a cuatro o cinco personas de su confianza, que rechazaron el encargo, y finalmente contrató al sargento pese a que no lo conocía. Ambos insistieron en que Escolà elaboró informes sobre materias diversas para el consejero (yihadismo, gestión de grandes acontecimientos, redes sociales) y que estaba a su disposición para lo que necesitase. Para la Fiscalía, sin embargo, el nombramiento era una tapadera, y prueba de ello fueron los frecuentes viajes a Bélgica del sargento, que han sido documentados en la investigación.

La sentencia considera probado “sin género de dudas ni ambigüedades” que, durante los nueve meses en que Escolà estuvo contratado como “asesor en materia de seguridad”, desarrolló “funciones ajenas a aquellas para las que, formalmente, había sido designado”. El sargento llevó a cabo “funciones de protección y seguridad” para Puigdemont, concluyen los magistrados, que citan como testigo clave al que entonces era jefe de investigación de los Mossos, Toni Rodríguez, más tarde apartado de sus funciones.

Tras conocer la sentencia, Buch ha lamentado en una entrevista a la emisora Rac1 una “sentencia desorbitada”. “Primero quiero leer la resolución. En el juicio quedó probado que muchos de los viajes eran en fechas no laborables, como Navidad o un puente”, ha explicado sobre los desplazamientos del mando policial a Bélgica. La sentencia puede recurrirse, por lo que previsiblemente Buch no entrará en prisión por el momento. Pero la negociación sobre una posible ley de amnistía le afecta de lleno. “Más que personalizar esta cuestión, entendemos que la justicia o el Estado han obrado de una forma muy dura y estricta [contra el independentismo]”.

Puigdemont: “Es un acto de barbarie”

“He trasladado al consejero y a Lluís Escolà toda mi solidaridad y afecto, y mi consternación por este acto de barbarie que acaba de cometer España”, ha lamentado Puigdemont en un mensaje contundente a través de Twitter en el que califica la sentencia como “un acto de venganza y represalia”. “España está podrida en sus cimientos y las órdenes del rey de ir a por todos nosotros siguen intactas”, ha subrayado el expresidente catalán, que ha insistido en que no renunciará “nunca” a la unilateralidad por la desconfianza hacia las instituciones del Estado. “Buch y Escolà han sido condenados por un delito que no han cometido, solo por haber sido leales y comprometidos política y personalmente conmigo”. Puigdemont es una pieza clave en la negociación abierta para la investidura de Pedro Sánchez, que incluye como condición, por parte de los partidos independentistas, una ley de amnistía.

Aragonès ha calificado la sentencia de “auténtica aberración” y ha subrayado la necesidad de una amnistía, algo que también ha sido puesto en evidencia por la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta. “Por eso es tan necesaria la amnistía. Por eso es tan relevante resolver el conflicto político con la autodeterminación. Por eso se tiene que acabar esta persecución política-judicial. Por eso queremos ser un nuevo Estado”, ha dicho Vilalta. Junts per Catalunya, por su parte, ha expresado su “enérgico rechazo” a una sentencia que “demuestra que la desjudicialización no existe”.

Además de la pena de cárcel, la sentencia impone a Buch un total de 20 años de inhabilitación: diez y medio de inhabilitación absoluta por la malversación y otros nueve años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la prevaricación. Esta medida impedirá al exconsejero de Interior, en caso de que adquiera firmeza, ocupar “cargos públicos electivos” y “funciones de gobierno” en cualquier ámbito, del local al europeo. Este jueves trascendió que Buch será nombrado secretario general de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas (ACM), un ente supramunicipal controlado por Junts.

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