El fiscal pide cárcel para el exconsejero que fichó como asesor al ‘mosso’ que escoltó a Puigdemont

La Fiscalía pide 6 años de cárcel y 27 de inhabilitación para el exconsejero del Interior Miquel Buch por fichar de asesor a un sargento de los Mossos d’Esquadra para que siguiera ejerciendo como escolta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont una vez huido de España. En su escrito de acusación, el ministerio público acusa de los delitos de prevaricación y malversación de caudales a Buch y al agente de los Mossos que hizo de escolta de Puigdemont, Lluís Escolà, para quien pide cuatro años y medio de cárcel como cooperador necesario, y 23 de inhabilitación.

El ministerio resume, en su escrito de acusación, el periplo de Escolà desde la huida de Puigdemont y sus múltiples viajes a Europa y Bélgica para escoltarle. En su etapa como asesor de Interior, detalla 18 viajes en los que supuestamente le dio seguridad al expresidente de la Generalitat. Y acusa a Buch de buscar una manera “torticera” con un perjuicio de más de 52.700 euros para el erario público para mantener la escolta a Puigdemont. A través de las redes sociales, Buch ha criticado que se trata de “una pieza más de la causa general contra el independentismo”. “Ellos no se paran, pero nosotros tampoco”, ha añadido.

Escolà, un sargento inicialmente destinado a la unidad de escoltas, fue quien ayudó a Puigdemont a huir de España cuando se veía inminente una acusación judicial contra él por la celebración del referéndum ilegal del 1 octubre de 2017. Durante varios meses, Escolà permaneció en Bruselas ejerciendo tareas de seguridad, hasta que se intervino la autonomía de Cataluña, y se le abrió un expediente, por el cual fue trasladado de destino.

Desde entonces, según el escrito de acusación de la Fiscalía, la Generalitat buscó la forma en la que el mosso d’esquadra siguiese ejerciendo como escolta de Puigdemont, valiéndose de días de fiesta y de vacaciones concatenados, y posteriormente cogió una baja médica por “contingencias comunes”. La Fiscalía asegura que desde el 30 de octubre de 2017, cuando fue destinado a Martorell, hasta el 20 de julio de 2018, Escolà “no ejecutó un solo día de servicio en su actividad” de mosso. “Si vino en cambio a realizar numerosas salidas al extranjero”, señala, y especifica cuatro distintas, documentadas mediante los medios de comunicación o las propias redes sociales de Escolà donde “publicitaba a terceros la actividad realizada”.

Una vez celebradas las elecciones y recuperada la autonomía, Puigdemont solicitó formalmente poder gozar de escolta, como una de las prerrogativas de las que gozan los expresidentes de la Generalitat. El Departamento de Interior pidió autorización al Ministerio del Interior por carta, pero antes de que respondiese, “y en la absoluta convicción de que la petición sería desestimada de plano”, Buch “facilitó un servicio de protección” a Puigdemont “prestado por personas de su estricta confianza a costa del erario público”, explica la Fiscalía, a pesar de que saber que Puigdemont había quedado “desprovisto de su condición de autoridad” tras ser suspendido como diputado por el Supremo.

El Departamento de Interior cerró el expediente abierto a Escolà, con una falta grave que supuso un nuevo traslado a la Comisaría General de Recursos Operativos, en Sabadell. Y al día siguiente, 20 de julio, por orden del exconsejero del Interior Miquel Buch se creó la plaza de asesor dentro del Departamento de Interior, “cargo específicamente programado para que fuera ocupado por el acusado” Escolà, asegura la Fiscalía. Su sueldo eran 52.700 euros, explica el ministerio público. La plaza salió publicada el 27 de julio en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), con efectos el día 30 de julio. Escolà presentó el alta médica de su baja, que tenía desde el 12 de marzo, el mismo 27 de julio.

Escolà ejerció como asesor del Departamento de Interior durante casi ocho meses. El nombramiento, según la Fiscalía, fue “un acto de mera arbitrariedad”, por “exclusiva voluntad” de Miquel Buch con el “propósito de procurar desde el Govern de la Generalitat y con cargo a fondos públicos, un servicio de escolta permanente al declarado procesado rebelde” Carles Puigdemont. El mismo día de la publicación en el DOGC del nuevo cargo, la Fiscalía asegura que Escolà ya se dejó ver en “labores de protección y custodia” de Puigdemont.

Entre el 27 de julio de 2018 y el 13 de marzo de 2019, la Fiscalía detalla que no se puede constatar la presencia de Escolà en el Departamento de Interior, donde estaba ubicado por su cargo. Y recoge en total 18 viajes en los que “con pleno conocimiento y aquiescencia de su superior jerárquico, el también acusado Sr. Buch” realizó para “funciones de protección, escolta, custodia y aseguramiento” de Puigdemont. En algunos de ellos, indica, durmió en Waterloo, en la residencia de Puigdemont, “donde disponía de una dependencia a tales efectos y que también se encargaba de custodiar y vigilar”.

Del total de los 224 días en los que Escolà ejerció como asesor, en 103 de ellos permaneció fuera de Cataluña o en desplazamiento, en 20 se desconoce exactamente donde estuvo y en 101 se puede “inferir” que estuvo en territorio catalán, resume la Fiscalía. Sobre su trabajo como asesor, añade que los informes que elaboró eran de temas “variados y dispares”, todos “de muy corta extensión”, de “dos y cuatro páginas”, “plagados de generalidades”, algunos obtenibles de “redes de acceso público”, con informaciones “de carácter básico”, de los que en la mayoría de los casos “no cabe extraer conclusión alguna que pueda contribuir a la mejora de la actividad propia del Departamento de Interior”, sin que Escolà realice “conclusión o recomendación alguna”. El sargento pidió la baja como asesor el 7 de marzo de 2019, y posteriormente solicitó una incapacidad, según fuentes policiales.

El coste para el Departamento de Interior fue de 52.712,26 euros, según el cálculo de la Fiscalía. Esa suma, dice, ha perjudicado “al erario público autonómico a resultas de la torticera conducta desplegada” por Miquel Buch y Lluís Escolà, a los que acusa de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, el primero como autor y el segundo como cooperador necesario.