Junts y el PSOE se citan en Bruselas para cerrar un acuerdo inminente

La fumata blanca para el pacto de investidura de Pedro Sánchez es inminente, según fuentes de los dos partidos implicados en la recta final: el PSOE y Junts. Tras el brusco parón del jueves, con Junts pidiendo tiempo para hacer ajustes a la ley de amnistía acordada previamente por los socialistas y ERC, fuentes de las dos partes aseguran que han vuelto a encarrilar la negociación y ven posible anunciar el acuerdo este lunes. El secretario general de Junts, Jordi Turull, y Albert Batet, presidente del grupo parlamentario, hombre de la máxima confianza de Carles Puigdemont, y Santos Cerdán, número tres del PSOE, viajaron este domingo a Bruselas con la idea de cerrar el acuerdo, pendiente solo de los flecos como el de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresident, afectado por varias causas y que parece que ha entrado en vías de solución.

Cerdán ya anticipó que los nubarrones se habían despejado al asegurar que estaban acariciando el pacto. “Hoy estamos más cerca de lograr la investidura de Pedro Sánchez”, dijo tras celebrar el apoyo muy mayoritario de la militancia socialista a los pactos de investidura, que ha alcanzado el 87% de apoyos (el PSC lo ha ratificado en un 85%). Cerdán, en quien Sánchez ha delegado buena parte de la negociación, tomó un vuelo en Madrid sobre las 17.00 hacia Bruselas con la misión de lograr el acercamiento definitivo con Junts.

Los signos en el partido de Puigdemont —el expresident que se marchó a Bruselas en 2017 para evitar ser juzgado— fueron menos contundentes pero reveladores. El propio exconsejero Toni Comín abundó en la proximidad del pacto. De manera oficial, siguen imperando las reservas sobre un acuerdo que el propio Turull aseguró el viernes que podría tardar “días”. Pero su viaje a Bruselas, avanzado por la SER, sugirió que se precipitaban los acontecimientos. Fuentes de la dirección de Junts confirman que su idea es, a la espera de salvar escollos complejos, firmar este lunes, pero no quieren verbalizarlo públicamente para evitar presiones.

El mutismo es absoluto y todas las partes van con pies de plomo para evitar otro escenario como el del jueves, cuando el pacto se frustró. Nada hacía prever ese descarrilamiento cuando Puigdemont y Cerdán ya se habían fotografiado juntos tres días antes, en una imagen largamente reclamada por Junts y que finalmente el PSOE concedió. Fuentes socialistas no ponen fecha, pero Ferraz y La Moncloa querrían registrar la proposición de ley de amnistía este martes y que el debate de investidura se celebre lo antes posible ante el temor de que las negociaciones se tuerzan en medio de la presión creciente del PP, que este domingo reunió en Valencia a unas 10.000 personas con Alberto Núñez Feijóo alentando nuevas movilizaciones. Los socialistas intentan en todo caso rehuir la presión. Es la misma estrategia de Salvador Illa, líder del PSC, que pidió el sábado respeto a los tiempos de decisión de Junts.

La incógnita es si las dos partes han alcanzado un consenso sobre el perímetro y el alcance de la ley de amnistía. Turull alertó de que no iban a aceptar una ley para “VIPs” ni dejar a “ningún soldado tirado”. Uno de los posibles escollos es el miedo de Junts a que queden fuera del paraguas personas próximas a Puigdemont, como Alay, jefe de la oficina del expresident. Tras dos días de silencio, Puigdemont defendió este domingo en redes sociales el argumento extendido entre los partidos independentistas del lawfare, esto es, que hay una persecución al independentismo por la vía judicial y que, además, hay ensañamiento procesal en causas que no están relacionadas directamente con delitos vinculados a la política —por ejemplo, de corrupción urbanística—, pero donde el acusado es secesionista. ERC, por su parte, embarcada en una campaña de explicación de sus acuerdos, ha alertado a Junts sobre el riesgo de minar la solidez jurídica de la ley de amnistía si al final hay sospechas de arbitrariedad en la decisión de quiénes podrían ser amnistiados.

Marta Vilaret, secretaria de Acción Antirrepresiva de ERC, sostuvo que las leyes no pueden ser “arbitrarias ni ambiguas”. “Aclaramos que se amnistían hechos, no personas”, subrayó, en un aparente aviso a Junts y su empeño en salvar a personas concretas del entorno de Puigdemont. La entidad independentista Òmnium calcula que unas 1.500 personas podrían beneficiarse de la amnistía. La relación excluye a la expresidenta del Parlament Laura Borràs, condenada por corrupción por trocear contratos en favor de un amigo, porque su caso no tiene su origen en el procés independentista.

Si se cierra el acuerdo, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, anunciará la fecha de la investidura, aunque antes se tendrían que visibilizar los acuerdos pendientes del PSOE con el PNV. La Mesa del Congreso, de mayoría progresista, habilitó el viernes todos los días festivos y fines de semana que quedan hasta el 27 de noviembre, fecha límite para que Sánchez sea investido o haya de nuevo elecciones el 14 de enero, lo que permitiría que la investidura fuese el 8 y 9 de noviembre, que es el Día de la Almudena y festivo en Madrid. Si se cumple ese calendario, Sánchez podría prometer ante el rey Felipe VI su cargo como presidente del Gobierno el viernes en La Zarzuela. Este es el escenario idóneo para el PSOE, donde querrían que Sánchez llegase ya investido y, por tanto, como presidente con plenos poderes a la clausura del Congreso del Partido Socialista Europeo el próximo sábado, 11 de noviembre, en Málaga. La remodelación de Gobierno quedaría justo para después y el nuevo Gobierno de coalición del PSOE y Sumar celebraría el martes 21 de noviembre su primer Consejo de Ministros.

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