Un pacto capital para Puigdemont, su entorno y su partido

Carles Puigdemont apura los plazos de la negociación para la investidura de Pedro Sánchez mientras hace equilibrios para mantener abierta la ventana de oportunidad que le dio el resultado electoral del 23-J. En la recta final de esa negociación, el expresidente catalán, que se marchó a Bélgica en 2017 para evitar ser juzgado, trata de arañar protagonismo y contrarrestar los logros que ya ha alcanzado Esquerra Republicana (ERC) en materia de financiación o con el traspaso de los trenes de la red de Rodalies. Puigdemont ha puntualizado que se deben ensanchar los términos de la amnistía y meter bajo el paraguas del carpetazo judicial a personas de su círculo de confianza, pero lo hace moderando el tono para no hacer descarriar un pacto que supone poder abrir una sucesión de puertas en cadena. Si hay apretón de manos con el PSOE, al expresident se le allana el camino para regresar a España, se revitaliza su figura como negociador, y su partido gana oxígeno en un momento en el que tiene escasas cuotas de poder. Las elecciones autonómicas en Cataluña están previstas para febrero de 2025.

A finales de enero de 2018, unas cámaras de televisión en Lovaina (Bélgica) lograron grabar una retahíla de mensajes que el exconsejero de Sanidad catalán, Toni Comín, también en Bélgica para evitar ser juzgado por el Tribunal Supremo, leía en la pantalla de su teléfono móvil. Era una reflexión, escrita con marcado tono pesimista, que le enviaba Carles Puigdemont. El expresident lamentaba que sus propios compañeros independentistas lo hubieran “sacrificado” y daba el procés por sentenciado. Casi seis años después de aquella filtración, Puigdemont ha pilotado la negociación de Junts Per Catalunya para investir a Pedro Sánchez y ha querido dilatar el acuerdo con el PSOE alegando que la amnistía no puede comportar sacrificios dentro del independentismo. “No dejaremos a ningún soldado tirado. No haremos una amnistía para vips”, aseguraba este viernes Jordi Turull, secretario general de Junts, en un mensaje enviado a la ejecutiva del partido. Puigdemont defiende que en ningún caso antepone una “solución personal”, pero actúa condicionado por las causas que penden sobre personas muy próximas a él. Es el caso de su asesor Josep Lluís Alay, acusado de malversación, o del exconsejero de Interior Miquel Buch y del agente de los Mossos que ha prestado servicios de escolta al expresident en Bélgica. Los dos últimos fueron condenados a penas de cuatro años de cárcel por prevaricación y malversación.

Puigdemont ha trasladado a su entorno que también sería conveniente exonerar a su abogado Gonzalo Boye y a la presidenta de Junts, Laura Borràs. Sus expedientes judiciales son claramente ajenos al procés: el primero por blanqueo de capitales en un caso de narcotráfico y Borràs por delitos de corrupción al fraccionar contratos públicos para beneficiar a un amigo. Pero Junts alega que son casos de lawfare, es decir, uso torticero de la justicia para perseguir a alguien por sus ideas políticas.

Tensar la cuerda sobre la que pende la investidura le sirve a Puigdemont para acaparar atenciones y protagonismo, pero con tiento para no echar a rodar un acuerdo que no contempla un segundo asalto. “Siempre hemos dicho que para tratar con el sistema político español todas las precauciones son pocas”, tuiteó el pasado viernes, cuando la actualidad la copaba el acuerdo cerrado entre el PSOE y ERC: una investidura para Pedro Sánchez a cambio de una mejor financiación para Cataluña y el traspaso a la Generalitat de los trenes de Rodalies.

Junts reaccionó menospreciando instantáneamente el botín alcanzado por los republicanos. Tras sentar, el lunes, a Santos Cerdán, el negociador del PSOE, bajo una foto con las urnas del referéndum ilegal del 1-O, Puigdemont recibió el agasajo de la parte del independentismo que se ufana con los gestos que tratan de exhibir desafío y confrontación contra cualquier símbolo que represente al Estado. Una medalla no menor para Puigdemont, una semana después de que el expresident ignorara a los afiliados a su Consell de la República, que votaron a favor de bloquear la investidura, y diera argumentos a aquellos que le acusan de haber aparcado su versión más contestaria para convertirse en un aliado de Pedro Sánchez.

El expresident ha impuesto un sólido hermetismo dentro de Junts mientras negocia la investidura. Apenas ha informado a un reducido grupo de cargos del partido para evitar las filtraciones y para apagar las discrepancias internas que pudiera generar un acercamiento al PSOE, después de que Junts haya sido uno de los principales altavoces de las consignas anti Sánchez y un recurrente emisor de la idea que culpa a los socialistas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña en 2017, tras el 1-O.

“Nosotros no somos unos pagafantas, como Esquerra”, manifestaba el mismo viernes una persona cercana a la dirección de Junts. “Ahora van a sufrir”, añadía la misma fuente, para indicar que al PSOE le iba a costar cerrar todos los flecos para coser un acuerdo con Puigdemont.

Desde Junts, y también desde Esquerra, se ha abundado en la teoría que el PSOE no podía dar marcha atrás en la negociación, tras haber aceptado dar luz verde a la amnistía. Los independentistas han jugado la baza de que una repetición de elecciones sería letal para las aspiraciones socialistas. Pero Puigdemont ha dispuesto una escenografía muy parecida. Tras desacatar el mandato del Consell de la República, y desoír las voces más excitadas del independentismo, como las proclamas antipacto lanzadas desde la ANC, el expresident tendría una madeja a sus pies si ahora pretendiera recoger cable. Además, un fiasco al cerrar un acuerdo pondría en cuestión su habilidad negociadora como eurodiputado, cuando faltan apenas siete meses para las elecciones europeas.

Junts per Catalunya se reivindica como el partido que mejor encarna la esencia del independentismo catalán, pero apenas tiene espacios de poder. No manda en la Generalitat desde hace algo más de un año, porque las propias bases del partido votaron a favor de romper la coalición con ERC, y sufrió una fuerte sacudida en las elecciones municipales: no gobierna en ninguna de las cuatro capitales catalanas y solo controla la Diputación de Girona. Las elecciones catalanas están fijadas para principios de 2025, pero los apoyos de Pere Aragonès son muy escasos y las demandas de anticipo electoral son permanentes. El liderazgo de Junts es borroso: Puigdemont manda sin figurar en ningún cargo, la presidenta —Borràs— está condenada y el secretario general —Turull— inhabilitado, a la espera de la amnistía. Para el partido ha sido clave saber jugar la influencia que le concedió el 23-J: con solo siete escaños ha tenido en su mano decantar una mayoría de 350 diputados.

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