Los temas pendientes del traspaso de Rodalies: 3.000 millones en inversiones, 97 trenes y 2.500 trabajadores inquietos

El deficiente servicio que prestan los trenes de cercanías en Cataluña ha cronificado las molestias y los retrasos para más de 300.000 viajeros diarios, al tiempo que ponía en juego un bumerán de culpas entre el Ministerio de Transportes y la Generalitat. El acuerdo cerrado este jueves entre los negociadores de Esquerra y los emisarios del Gobierno en funciones deja, sobre el papel, pista libre al Govern para asumir todas las decisiones sobre la red ferroviaria catalana de proximidad. El traspaso se presenta como el fruto de una negociación intensa, pero es una patata caliente que arde por todos los costados. Sitúa solo frente al panel de control al Ejecutivo de Pere Aragonès y retrata a Pedro Sánchez como el primero en haber cedido a una pretensión autonómica de largo recorrido. El acuerdo no concreta cómo se afrontan los más de 3.000 millones de euros en inversiones previstas en los próximos dos años. Tampoco refiere ningún avance sobre el contrato-programa que la Generalitat evita firmar con Renfe y que, supuestamente, mantiene en el alero 97 nuevos trenes para Rodalies en 2025. El documento ha puesto en ebullición al personal de Renfe en Cataluña, contrario a la posibilidad de pasar a depender ahora de la Generalitat: “Nos vemos abocados a un conflicto inminente”, anuncian los maquinistas.

La reclamación de plenos poderes sobre los trenes de Rodalies ha sido un estribillo en los discursos de los sucesivos consejeros de Territorio de la Generalitat. “Lo queremos todo: Trenes, vías y personal. Ya lo haremos nosotros”, volvió a manifestar recientemente Ester Capella, actual inquilina de la consejería. Desde 2010, la Generalitat es competente para fijar las frecuencias, los horarios, las tarifas y para dar información a los usuarios de los trenes de cercanías, constantemente afectados por retrasos, cancelaciones e incidencias. El Govern alega que, si ejerce las competencias plenas, el servicio mejorará, y ha situado a Rodalies en el centro de la negociación por la investidura de Pedro Sánchez. El acuerdo presentado este jueves desbroza el camino de la transferencia de poderes, pero arroja interrogantes sobre cómo se abordará la gestión del servicio.

Por lo pronto, el plan de Rodalies 2020-2030 prevé realizar inversiones por valor de 4.622 millones antes de que finalice 2025. Fuentes del Ministerio indican que “en Rodalies se está invirtiendo como nunca”. Se han ejecutado 1.200 millones de euros, y hay que otros 2.972 millones adjudicados. Luego, en el tramo 2025-2030, hay previstas inversiones por más de 1.650 millones de euros. Quién asume el compromiso de pago de esas partidas, programadas para mejorar la resistencia y fiabilidad de la red, es un extremo que se pasa por alto en el acuerdo. “Durante 30 años las inversiones en Rodalies fueron prácticamente nulas, la situación se empezó a revertir hace dos años y lo que es importante ahora es seguir con ese ritmo. La inversión no se puede detener, pero es evidente que la Generalitat no tiene esos recursos”, manifiesta Joan Carles Salmerón, director del Centro de Estudios del Transporte Terminus.

La Generalitat, por su parte, sostiene que se ha asegurado entrar a formar parte del órgano que diseña la ejecución del plan de Rodalies, y defiende que el traspaso engloba los recursos para hacer frente a la gestión del servicio.

El texto del acuerdo entre el PSOE y Esquerra tampoco hace ninguna referencia al desbloqueo del contrato-programa que regula la prestación del servicio de Rodalies. Renfe ha reclamado insistentemente a la Generalitat que firme el contrato, llegando a advertir que sin la firma no se puede garantizar que los 97 trenes comprados para renovar la flota de los cercanías terminen finalmente en Cataluña.

Más allá de esbozar quién ejerce de titular de la infraestructura (vías, catenaria y estaciones) y de plantear quién se queda los trenes, la negociación entre Esquerra y el PSOE ha entrado de puntillas en el tema del personal. Renfe tiene 2.500 trabajadores en Cataluña, sobre un total de 15.000 en toda España. Cifras parecidas se dan en Adif. “El primer paso que han dado en esta negociación ha sido obviar a la representación de los trabajadores”, reprocha Diego Martín, secretario general del sindicato de maquinistas Semaf. “Cada cuatro o cinco años oíamos a hablar de esta amenaza, y se ha materializado de la peor manera posible, sin informarnos”, critica Martín. “Renfe es una entidad estatal, con un convenio y una estabilidad que no la aporta la Generalitat. Nos vemos abocados a un conflicto inminente”, manifiesta el representante de los maquinistas. “El traspaso, además de garantizar la mejora de la calidad del servicio para la ciudadanía, tiene que garantizar la mejora de la calidad de trabajo de las personas que realizan el servicio”, ha manifestado UGT, que pide no comprometer “la movilidad” de los trabajadores. Según CCOO, el traspaso integral es “muy complejo y cargado de interrogantes”. El Sindicato Ferroviario (SF) ha mostrado su rechazo a un eventual traspaso integral de los cercanías y ha avisado de que ya prepara “una hoja de ruta de movilizaciones de todo tipo”, incluidas posibles huelgas.

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