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Puigdemont, las piruetas para recobrar el protagonismo perdido

El acuerdo con el PSOE para la Mesa del Congreso garantiza a Junts condicionar la investidura de Pedro Sánchez y mantener el foco mediático

Puigdemont: la patronal de Cataluña quiere que vote a Sánchez
El 'expresident' de la Generalitat Carles Puigdemont intervenía por videoconferencia en un mítin de Junts en Barcelona, el 21 de julio.Enric Fontcuberta (EFE)
Marc Rovira

La veintena de personas que componen la ejecutiva de Junts per Catalunya se conectaron el jueves a las ocho de la mañana a una reunión telemática donde se iba a dar a conocer el veredicto del partido para decantar la votación de la Mesa del Congreso de los Diputados. Jordi Turull, secretario general de la formación, tomó la palabra para poner de relieve que la decisión era trascendente, y subrayó que Carles Puigdemont no aparecería en pantalla, pero se había implicado directamente en el tema. La revelación preparaba el terreno para lo que se avecinaba. Puigdemont no ejerce ningún cargo orgánico en Junts, pero desde Bélgica instó a alcanzar un principio de acuerdo con el PSOE. “El president ha querido participar activamente en la negociación”, cuenta uno de los asistentes a la reunión, reproduciendo palabras de Turull. Públicamente, no se expuso ninguna objeción y, en media hora, la cita se daba por terminada. Entonces, los mensajes en los móviles entraron en ebullición.

Los logros desgranados por Turull ante sus compañeros de partido consistían en un compromiso para el uso del catalán en el Congreso y en la UE, y dos comisiones de investigación parlamentarias. Un botín chirriante tras haber basado la campaña electoral en exigir amnistía y autodeterminación, pero que garantiza a Junts y a su jefe instalado en Waterloo una prórroga de notoriedad. Amansando las tentaciones de romper la baraja en la primera ronda, el partido conserva el comodín de condicionar la investidura de Pedro Sánchez y se asegura la atención del foco mediático unas cuantas semanas más. “Es que íbamos a perder el protagonismo de golpe”, analiza una fuente de la ejecutiva. “A algunos les parecerá poco, y a otros les parecerá demasiado. Es una negociación por la Mesa del Congreso. La investidura está exactamente allí donde estaba el día siguiente de las elecciones”, argumentó luego Puigdemont a través de las redes sociales.

La zozobra interna que ha causado en Junts el apoyo al PSOE ha obligado a los mandos a salir a dar explicaciones. “Este acuerdo se limita a la Mesa, no a la investidura y es coherente con los compromisos electorales contraídos por Junts”, ha argumentado Laura Borràs, presidenta del partido. En el sector más radical del independentismo es donde más rechazo causa un acercamiento con el Gobierno. Borràs trató de llamar a la calma: “Nuestro objetivo es la independencia de Cataluña y todos los acuerdos que adoptamos sirven para avanzar en esta dirección”. Junts señala que dará por rota la relación con el PSOE si el uso catalán en la UE no se aprueba en la reunión del 19 de septiembre. Un mes de margen. Cuatro semanas extra de atenciones para Puigdemont. El expresident volvió a recurrir a Twitter el viernes para desmentir a quien interprete que “Junts ha vuelto al redil”.

Junts lleva una temporada de riña con el poder. Desde que en octubre pasado abandonó el Govern de la Generalitat, el partido ha visto cómo su cuota de influencia se encogía progresivamente. No controla ninguna de las cuatro capitales catalanas y solo manda en la Diputación de Girona. El 23-J, el partido perdió más de 130.000 votos y un escaño, en relación con 2019, pero la ceñida distribución parlamentaria ha colocado a sus siete diputados en una posición relevante. La decisión avanzada por Turull ante la ejecutiva ponía fin al primer capítulo de un frenesí negociador entre Junts y los emisarios de la coalición progresista. Jaume Asens, abogado y exdiputado por los comunes, desempeñó un papel de bisagra, pero en Junts cuentan que, para convencer a Puigdemont, Pedro Sánchez pidió asistencia a José Luis Rodríguez Zapatero.

El talante prestó oxígeno a una transacción que mostró reiterados signos de asfixia. “No tenemos ninguna confianza en los partidos políticos españoles, toda precaución es poca y las promesas no nos calientan ni nos enfrían”, había manifestado Puigdemont, 24 horas antes de la votación de la Mesa. Reclamó “hechos comprobables antes de comprometer ningún voto”. Las aparentes reticencias de la jefatura suprema de Junts generaron un efecto dominó en el independentismo y ERC se apresuró a manifestar que sus votos tampoco estaban garantizados. El miércoles por la noche, los republicanos, que habían dado muestras de complicidad con el PSOE y con su candidata a la presidencia del Congreso, Francina Armengol, acusaron a los socialistas de haber actuado con “temeridad”.

Pasó la noche y, con las luces de la mañana, los puños cerrados se tornaron en una mano tendida. Junts defiende que la carta del ministro de Asuntos Exteriores en funciones José Manuel Albares para impulsar el uso del catalán en las instituciones de la Unión Europea es una prueba de que se supo negociar bien. Se aplaude, igualmente, el compromiso para impulsar una comisión de investigación del espionaje Pegasus y de los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils. En cambio, en el comunicado del partido valorando el acuerdo no hay ninguna referencia a la amnistía ni a la autodeterminación. “Son contrapartidas insuficientes para darle la confianza al PSOE”, manifiesta una voz próxima al mando de Junts.

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Esquerra sí dice tener el compromiso del PSOE para que la ley de amnistía tome forma durante las negociaciones por la investidura. “Con el objetivo de que se tramite y salga adelante”, ha manifestado Teresa Jordà. Junts abunda en que la carpeta judicial se reserva para condicionar la reelección de Pedro Sánchez. En el partido cuentan que al secretario general, Jordi Turull, le interesa especialmente el asunto de la amnistía, ya que conserva la voluntad de ser el candidato del partido en las elecciones catalanas. En febrero, el Tribunal Supremo rechazó rebajarle la pena de inhabilitación, hasta 2030, por su participación en la organización del referéndum del 1-O.

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