La estrategia de Puigdemont en la negociación con el PSOE pone en jaque la estabilidad de Junts

La negociación por la Mesa del Congreso está poniendo a prueba la elasticidad de cintura de la coalición progresista y la capacidad para entenderse con sus potenciales socios, un escuadrón de partidos con intereses distintos y donde Junts per Catalunya ha decidido tirar fuerte de la cuerda. La formación que comanda Carles Puigdemont ha concentrado el protagonismo a costa de retar al PSOE y Sumar. El expresident catalán prófugo en Bruselas ha optado por diseñar personalmente la táctica, restringiendo los contactos a un reducido grupo de colaboradores. Pese a las urgencias por la composición de la Mesa y la investidura, Junts ha arrojado sobre la mesa un paquete de demandas que sobrepasa la coyuntura política y que prioriza diseñar un nuevo marco de relaciones entre Cataluña y el resto de España. Expresa de esta forma la idea de que tiene poco que perder, porque lo mismo le da tratar con un Ejecutivo del PSOE que con uno del PP. Sin embargo, una repetición de elecciones pondría al partido ante un desfiladero de incertidumbres: se arriesga a perder dos escaños que el 23-J logró retener por un escaso margen de votos, multiplica las dudas sobre el indulto a su presidenta, Laura Borràs, y la actual jefatura de la formación se expone a una sacudida interna para propiciar cambios en la dirección.

Junts no se siente responsable de una posible alianza de poder entre el PP y la ultraderecha de Vox, y ha convertido en una melodía de verano las advertencias de que un eventual apoyo a Pedro Sánchez no será “a cambio de nada”. La discreción con que los partidos abordan las negociaciones por la Mesa del Congreso, primer paso de lo que vaya a acontecer luego en la investidura, dificulta saber el precio de salida de los apoyos. Pero aún sin concretarse lo que puede ganar en el reparto, Junts sí sabe de antemano lo que se arriesga a perder. La formación posconvergente tiene 7 escaños, uno menos de los que ganó en 2019, cuando concurrió a las urnas de la mano del PDeCAT.

El saldo del 23-J fue discreto para la lista de Junts, pero logró salvar el golpe porque ERC sufrió un desplome mayor. Los republicanos alcanzaron igualmente siete diputados, pero venían de lograr 13 en 2019. El aparente empate en la contienda por la hegemonía independentista está en entredicho si el bloqueo de la investidura termina desembocando en la que sería la tercera repetición electoral desde 2016. En la circunscripción de Girona, el escrutinio definitivo del 23-J dictaminó que el PP se quedaba a menos de 300 votos de arrebatarle un escaño a Junts; en Tarragona, una diferencia de menos de 1.000 papeletas evitó que el PSC lograra un tercer diputado, a costa del único representante que consiguió Junts.

Tras conocerse los resultados del 23-J, Jordi Turull declaró que el reparto de escaños dejaba una “ventana de oportunidad” para que el independentismo catalán levantara la voz en Madrid. Pese a que varios mandos de Junts (la presidenta Laura Borràs es el ejemplo más paradigmático) alimentan la teoría de que la única vía es la confrontación abierta con el Estado, dentro del partido resiste un sector que se siente a gusto con la posibilidad de tener protagonismo y capacidad de decisión en la gestación del nuevo Gobierno. Sacar provecho de negociar y pactar es algo que reclaman aquellos que reivindican los beneficios que aportó la estrategia convergente. CiU llegó a tener 18 escaños en el Congreso en 1989, convirtiéndose en la tercera fuerza política.

“Si este regalo que nos ha dado acaba en nada para Cataluña, dentro de Junts va a haber tormenta”, manifiesta un cargo del partido. Desde que en octubre pasado Laura Borràs y Jordi Turull promovieron la necesidad de salir del Gobierno de la Generalitat, la formación ha visto cómo progresivamente se encogía su cuota de poder. En Cataluña, Junts no manda en ninguna capital y solo controla la Diputación de Girona.

La repetición de elecciones, además, supondría una nueva oportunidad para que un PSC en ascenso siga marcando el paso en Cataluña y para reforzar las aspiraciones de Salvador Illa en una próxima contienda por la Generalitat. Los socialistas arrasaron el 23-J y también fueron la fuerza más votada en las municipales de mayo. En las elecciones al Parlament de 2021, el PSC también ganó en votos, pese a que empató con ERC en escaños.

La amnistía de los procesados por causas relacionadas con el procés es una de las condiciones que ha avanzado Junts para dar su respaldo. La presidenta del partido, Laura Borràs, defiende que la sentencia judicial que la condenó a 4 años y medio de cárcel por trocear contratos públicos para favorecer a un conocido suyo es un caso de persecución judicial malintencionada por su independentismo (lawfare, lo llama ella). En marzo, cuando la condenaron, los magistrados del TSJC hicieron constar en la sentencia una propuesta al Gobierno para conceder un indulto parcial a Borràs, argumentando que un ingreso efectivo en la cárcel puede ser desproporcionado, atendiendo a la naturaleza de los hechos. El indulto es potestad del Gobierno. “Es un caso flagrante de prevaricación, de mal uso de los recursos públicos”, manifestó en marzo Pedro Sánchez, cuando fue preguntado sobre el caso Borràs, y evitó ningún compromiso: “Creo que tengo que ser respetuoso con el procedimiento que tiene marcado nuestro Estado de Derecho”. El del indulto es un camino cuesta arriba, que podría empinarse más si la derecha y la ultraderecha llega al mando del Ejecutivo.

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