La negociación con los partidos catalanes por la Mesa del Congreso anticipa una investidura de máxima tensión

La disputa por el control de la Mesa del Congreso de los Diputados entra en tiempo de descuento y con la certeza de que habrá una segunda parte. El acelerón de las negociaciones políticas para decidir la composición del órgano de gobierno de la Cámara baja marca el camino del trajín que se avecina para lograr una investidura del presidente del Gobierno. La coalición progresista y la alianza de PP y Vox compiten por tomar la delantera. La ecuación está rellena de incógnitas, pero sin Junts per Catalunya no le salen las cuentas a nadie. El primer paso para poder evaluar las ganas del partido que controla Carles Puigdemont se da, esta semana, en la elección de los miembros de la Mesa. El sentido del voto de los siete diputados independentistas dejará pistas de hacia dónde apunta la brújula del mapa político español.

La secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, manifestó este domingo que es necesario alcanzar un “entendimiento estratégico con Junts” para desgranar una lista de prioridades del independentismo, antes de sentarse a negociar la reelección de Pedro Sánchez al frente del Gobierno. La buena conexión que tiene Rovira con el secretario general de Junts, Jordi Turull, es una anomalía en la ardiente hostilidad que se dispensan ambos partidos. Junts se ha convertido en un aliado útil que todos buscan. El partido que comanda Puigdemont impone el silencio total a la hora de abordar el debate por la investidura, pero sin focos ni grabadoras se da a entender que la estrategia es ambiciosa y tiene poco que ver con las reclamaciones que pueda hacer ERC y con las atenciones que pueda conceder Pedro Sánchez.

Los republicanos han dejado clara su predisposición a tender la mano al presidente en funciones para cerrarle la puerta a Alberto Núñez Feijóo y Vox, pero quieren evitar aparecer como un socio pánfilo que le pone la alfombra roja Sánchez: “El PSOE no puede dar por descontados los votos de ERC”, ha alertado Rovira.

La Mesa del Congreso marca el primer alto en el camino. El jueves hay que escoger a un presidente, a cuatro vicepresidentes y a cuatro secretarios, que se van a dividir los poderes para calificar los escritos y documentos que entran en la Cámara, decidir sobre su admisibilidad, fijar el presupuesto de la institución, definir el calendario de actividades del pleno y de las comisiones o repartir en qué escaños se sienta cada grupo parlamentario.

El exdiputado de Convergència i Unió (CiU) Josep López de Lerma es contundente cuando se le pregunta si lo que suceda en la votación de la Mesa puede ser un indicio de cara a la investidura: “Sí, rotundamente”, manifiesta. Fue el hombre fuerte de CiU en el Congreso, en los tiempos que Jordi Pujol mandaba con mano de hierro en Cataluña. “Dar apoyo al PSOE en la Mesa se tiene que interpretar como una predisposición a la investidura de Sánchez”, dice López de Lerma. “Esto siempre ha funcionado igual, cuando necesitas apoyos parlamentarios cedes espacios en la Mesa en favor de futuros aliados”.

No es tan categórico Jordi Jané, el último representante de un partido catalán que ocupó un puesto en el órgano de gobierno de la Cámara baja: “Lo que se negocia en la Mesa, afecta a la Mesa, y un acuerdo para presidirla no tiene porque ser un indicio de que luego se vaya a facilitar una investidura”. Jané era diputado por CiU y actuó como vicepresidente de la Mesa entre 2008 y 2015, con la presidencia del Congreso repartida entre José Bono (PSOE) y Jesús Posada (PP). Luego, el estallido del desafío independentista alimentó la idea que un representante de la Cataluña soberanista no pinta nada en los puestos de mando del parlamento español.

El apretado reparto de escaños que dejó el 23-J ha reabierto las especulaciones en torno a la posibilidad que la Mesa pueda volver a contar con invitados inhabituales. Las conjeturas han llevado al secretario de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, incluso a manifestar que la presidencia del Congreso debería ser para el PNV. En el terreno político catalán, el escenario actual supone un salto al pasado, a la época anterior al procés y al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. “Parece que recuperamos la situación de la década pasada, no deja de ser curioso que aquellos que ahora se llaman independentistas quieran participar en una institución tan fundamental del Estado español”, opina López de Lerma. “Vaya contradicción para los independentistas, ¿quieren separarse del Estado o quieren participar de la gobernabilidad del Estado”, abunda López de Lerma, totalmente desvinculado de la política y muy crítico con las deriva de confrontación que promueven desde Junts los herederos del legado de CiU.

Entre 1993 y 1996, López de Lerma fue vicepresidente de la Mesa con el socialista Félix Pons y, luego, revalidó el cargo cuando el mando de la institución lo tomó Federico Trillo (PP). “Aznar ganó sin mayoría y necesitaba aliados. Me llamó Trillo y me felicitó por anticipado, anunciándome que yo iba a ser el presidente del Congreso. Yo sabía que no, porque Pujol quería tener capacidad de decisión, pero nunca hubiera aceptado que uno de los suyos estuviera presidiendo una institución del Estado”.

Jordi Jané coincide con que el papel de los partidos catalanes en Madrid ha quedado difuminado por darle cancha a unas reivindicaciones tan rimbombantes como etéreas: “CiU ejercía una posición de centralidad en Madrid, negociando leyes y tomando implicación en temas de Estado. Con independencia de qué partido estuviera gobernando, existía una voluntad de negociar y de consensuar. Éramos un grupo de anar per feina (ir al grano), con voluntad de complementar mayorías, desde un punto de vista exigente”.

Teresa Cunillera fue diputada por el PSC y se sentó en la Mesa del Congreso entre 2008 y 2016, llegando a ocupar la vicepresidencia primera, cuando José Bono estaba al frente de la Cámara. Esquiva hacer pronósticos sobre el interés que puedan tener los partidos independentistas catalanes en la investidura. “Lo que está claro es que el conjunto de España ha dicho que no quiere a la derecha y a la ultraderecha, y tenemos la responsabilidad de saber darle respuesta. Cualquier responsable político tiene que saber leer el resultado de las elecciones”.

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