Pedro Sánchez sobre Laura Borràs: “Es un caso flagrante de prevaricación, de mal uso de los recursos públicos”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de visita en Pekín, se ha referido este viernes a la petición de indulto parcial a la líder de Junts Laura Borràs, condenada a 4,5 años de prisión y 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental. El Tribunal Superior catalán (TSJC), en la sentencia que se conoció el pasado jueves, planteó que pedirá la medida de gracia al considerar que la pena contra la presidenta suspendida de la Cámara es “excesiva” si se tiene en cuenta que no hubo lucro. El jefe del Gobierno ha remarcado que el caso en cuestión responde a un mal uso de los recursos públicos, pero se ha aferrado al respeto a los procedimientos judiciales para no ser tajante en su decisión. Borràs, en una entrevista a RAC-1, ha insistido en que no renunciará a la presidencia del Parlament, incluso si la Junta Electoral le comunica que ha perdido el escaño.

“Respecto a la sentencia a la señora Borràs, estamos hablando de un caso flagrante de prevaricación, de mal uso de los recursos públicos. Y en segundo lugar no es una sentencia firme, entiendo que tendrá que elevarse al Tribunal Supremo, luego se tienen que pronunciar distintas instancias del Estado de Derecho… y luego ya tendría que ser objeto de discusión en el Consejo de Ministros”, ha asegurado Sánchez en el último día de su visita oficial a China. “En todo caso, creo que, no porque no tenga posición, sino simplemente porque creo que tengo que ser respetuoso con el procedimiento que tiene marcado nuestro Estado de Derecho”, ha remarcado.

La decisión del TSJC de proponer el indulto responde a un asunto de métrica penal. El delito de falsedad, en su modalidad continuada, tiene penas muy altas, superando en su horquilla más baja los tres años de prisión. Sin embargo, como ha quedado demostrado que Borràs ni los otros condenados se han lucrado, los trabajos encargados se han realizado y no hubo daño patrimonial para la Administración; los magistrados ven la medida de gracia como la vía para ajustar la proporcionalidad del fallo. Aunque hay un trámite interno de informes y valoraciones sobre las consecuencias del indulto, es el Gobierno quien tiene la última palabra y a nadie se le escapa la carga política que eso tiene. El Código Ético del PSOE impide “apoyar el indulto de cargos condenados por corrupción”. El artículo 8.1 del reglamento dicta: “No proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción”.

De todas maneras, para tramitar el indulto (lo hará el propio TSJC) la sentencia tiene que ser firme. Borràs ha explicado este viernes en RAC-1 que sus abogados ya trabajan en el recurso, pero que su objetivo es poder llegar a las instancias europeas. Que se plantee de entrada lo del indulto, ha defendido, es un ejemplo del “despropósito judicial” de toda la causa. También ha recordado que uno de los jueces que la ha sentenciado, el presidente del tribunal Jesús María Barrientos, fue apartado del juicio contra el republicano Rogert Torrent por sus declaraciones públicas en contra del independentismo, dejando entrever así que su defensa explorará ese filón ante la nueva instancia. También hay un voto particular de una magistrada.

“Me han podido suspender de mis deberes, pero no de mi sentido ni de mi responsabilidad. Hoy en día la presidenta del Parlament se llama Laura Borràs, porque no hay otra”, ha asegurado la líder de Junts. La condena por los delitos de prevaricación y falsedad documental impuesta por el TSJC es de 4 años de prisión y 16 de inhabilitación para ocupar cargo público y la aún presidenta suspendida la ha calificado de “invitación a la jubilación política”. “Cuando la cumpla tendré 65 años”, ha explicado. Los otros dos condenados habían llegado a un pacto previo con la Fiscalía.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reclamó a Borràs en la tarde del jueves, después de conocerse la sentencia, que diera un paso al lado. Una petición a que se suma el PSC y otros grupos de la oposición. Desde el pasado mes de julio, la líder de Junts está suspendida de funciones, como determina el reglamento de la Cámara. El republicano cree que esa interinidad ha de llegar a su fin. “Las instituciones no pueden estar sometidas a una defensa que es de carácter personal”, había lamentado Aragonès, separando el caso de la presidenta del Parlament de la “represión contra el independentismo”.

Borràs ha criticado que Aragonès le responsabilice de la situación de interinidad de la Cámara y ha insistido en que los culpables de ello son ERC, CUP y el PSC, cuyos representantes en la Mesa votaron por que se le aplicara la suspensión establecida en el reglamento. Si a un diputado se le abre juicio oral por una causa relacionada con la corrupción, se le ha de suspender de sus funciones. Ese artículo presenta series dudas de constitucionalidad, pero fueron los propios partidos los que votaron en 2017 el cambio para endurecer su baremo ético ante la corrupción. “Estoy indignada con este independentismo que colabora con el Estado del cual se quiere independizar y al cual le va muy bien que aparten a sus rivales políticos.

La sentencia, ha defendido la líder de Junts, prueba que no se adueñó de dinero público como resultado de trocear contratos públicos para beneficiar a un informático amigo, tras instruirle sobre cómo presentar ofertas falsas que acompañaran la suya. Por tanto, Borràs cree que se le ha de restituir en el cargo, pues el espíritu del legislador cuando reformó el reglamento era atajar la corrupción lucrativa. “Lo que todos entendemos que es la corrupción”, ha añadido.

El momento más tenso de la entrevista ha sido cuando se le ha preguntado por los correos electrónicos con los que el tribunal da por probado que ella personalmente explicó al informático cómo tenía que hacer las facturas. La causa empezó por una investigación de los Mossos en un caso de venta de drogas y, en una de las interceptaciones telefónicas, ese mismo condenado contó, en 2017, que cobraba haciendo “trapis” con la entonces presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. La cantidad de los contratos fue de 335.700 euros. Borràs, visiblemente ofuscada, ha evitado explicar si son falsos o no y se ha centrado en denunciar una dudosa cadena de custodia de su material informático.

Ante la más que probable posibilidad de que la Junta Electoral central le quite la credencial en los próximos días, Borràs ha asegurado que piensa pelear contra esa decisión. La ley electoral establece como una “causa de inelegibilidad sobrevenida” el hecho de ser condenado en primera instancia por un delito que tenga pena de inhabilitación y, si algún grupo parlamentario lo solicita, procede a retirar el acta al condenado para dársela automáticamente al siguiente de la lista. Ciudadanos ya ha presentado un escrito y, por tanto, la respuesta puede llegar en cuestión de días. Borràs ha dicho que no acatará. La misma promesa que hizo sobre el diputado anticapitalista Pau Juvillà y que no cumplió, pues él no tuvo más remedio que renunciar.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal