Todos los partidos presionan en bloque a Borràs para que se aparte del Parlament antes de que lo ordene la Junta Electoral

Este mes se han cumplido dos años de la toma de posesión de Laura Borràs como presidenta del Parlament. En su nombramiento afirmó que el mandato iba a marcar “un punto de inflexión en el avance hacia la independencia de Cataluña”. A la legislatura le quedan otros dos años por delante, pero el liderato político de Borràs tiene los días contados. Su condena por corrupción acelera el proceso para relevarla de sus funciones en el Parlament. La totalidad de partidos exigen que de “un paso al lado”, solo Junts se muestra más tímido, de momento, y Ciudadanos incluso activó este mismo jueves un recurso a la Junta Electoral Central (JEC) para que aparte a Borràs con carácter de urgencia.

La sentencia del TSJC que le impone a Laura Borràs 4 años y medio de cárcel y 13 años de inhabilitación por falsedad y prevaricación administrativa llena de incertidumbre el Parlament de Cataluña, toda vez que la líder de Junts ejerce desde hace ocho meses un inédito cargo de presidenta suspendida de la Cámara catalana. Borràs siempre ha defendido que su procesamiento judicial responde a una “estrategia represora del Estado”, un argumento que supuestamente la legitima para retener su escaño, pase lo que pase en el juzgado. La vuelta de tuerca que supone la condena no parece trastocarle esa tesis. La sentencia no es firme porque admite recurso al Tribunal Supremo, y Borràs puede acogerse a ello para no mover un dedo. El reglamento del Parlament la faculta para mantenerse en el cargo hasta que la vía judicial se agote.

Si se apartara voluntariamente, su escaño lo ocuparía automáticamente otro nombre de la lista de Junts en las elecciones al Parlament de febrero de 2021. Junts conservaría 32 diputados y, además, se abriría la puerta a que pudiera retener, con otro candidato, la presidencia de la cámara. Tanto Esquerra como el PSC han dado muestras de querer facilitarle a Junts hallar un relevo al mando del Parlament. “No se trata de nombres, se trata de dar normalidad a la institución”, manifestó este jueves Alícia Romero, portavoz del PSC. El president Pere Aragonès da por descontado el fin de la etapa Borràs e hizo un llamamiento para “encontrar pronto la fórmula” que propicie el relevo.

Sin embargo, otra posibilidad, avalada por voces del sector más agitado del borrasismo, defiende una salida a la brava. Borràs abandonaría el Parlament, pero el partido renunciaría a designar un nombre para sucederla: la deserción como mecanismo de protesta. Junts se quedaría entonces con un diputado menos por voluntad propia y perdería, de paso, toda capacidad de influencia en la mesa del Parlament.

Borràs ha perdido la iniciativa en la gestión de su futuro político. “No podemos quedarnos de brazos cruzados”, manifestó Jéssica Albiach, de En Comú Podem. “Que devuelva el acta”, reclamó el PP, a través de Lorena Roldán. “Si fuese de Esquerra ya se habría marchado, es un tema de principios”, puso de relieve Marta Vilalta, de ERC. “Ha puesto por delante sus intereses a los del país”, criticó Xavier Pellicer, de la CUP. “No hablaremos respecto a sustituciones hasta que no estemos en un posible escenario de sustitución”, replicó Jordi Turull, secretario general de Junts.

Ciudadanos elevó este mismo jueves una petición a la Junta Electoral Central para que aparte del Parlament de manera urgente a la líder de Junts, alegando que sobre ella pesa una sentencia por corrupción. La misma presteza persigue Vox. “Es intolerable que siga ni un minuto más”, manifestó el diputado de Ciudadanos Carlos Carrizosa, que tildó a Borràs de “digna heredera de Pujol”.

La JEC ya ha dado muestras con anterioridad que tiene la facultad de poner fin a la carrera política de un diputado, aun sin sentencia firme. El año pasado, la JEC ordenó la retirada del acta al diputado de la CUP Pau Juvillà, tras ser condenado a seis meses de inhabilitación por un delito de desobediencia. Entonces, Laura Borràs ostentaba la presidencia del Parlament sin restricciones, aún no había sido suspendida. Borràs escenificó una oposición frente al intervencionismo de la JEC en el Parlament, pero terminó por tramitar la baja de Juvillà como diputado.

El cargo de presidente del Parlament tiene una retribución asignada de 155.000 euros anuales. Borràs se hizo con la silla de mando tras el pacto de ERC con Junts para repartirse las presidencias de la Generalitat y del parlamento. El verano pasado, la mesa de la cámara autonómica, con el voto de ERC, decidió suspender a Borràs al conocerse su procesamiento judicial por trocear contratos y beneficiar a un amigo cuando dirigía una institución cultural de la Generalitat. Durante ocho meses, ella ha mantenido que se la suspendió injustamente, vulnerando su presunción de inocencia. La sentencia marca el fin del camino. La incógnita es saber quien va a liderar el Parlament post-Borràs.

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