El ‘caso Borràs’ reabre el debate sobre las pensiones de los expresidentes del Parlament y el Govern

La discusión sobre si, ante una posible condena, Laura Borràs debería recibir o no las ayudas económicas fijadas por ley para los expresidentes del Parlament ha reabierto el debate sobre cómo se otorgan estas prebendas. Tanto los líderes de la Cámara como del Govern (y en algunos casos sus descendientes directos) tienen derecho a pensiones vitalicias y retribuciones temporales cuando acaba su mandato. Los expresidentes de la Generalitat, además, tienen derecho a una oficina dotada de personal. En 2021, el coste global por esos beneficios ascendió a más de 1,6 millones de euros y cubren a nueve exmandatarios y a una viuda.

Estas prebendas están reguladas por dos leyes. Una de 1988 y otra de 2003. La primera hace referencia a los expresidentes de la Cámara y la segunda iguala su régimen con el de los expresidentes de la Generalitat. En ambos casos, una vez se deja el cargo, se tiene derecho a una asignación mensual equivalente al 80% del sueldo que se fije cada año para su sucesor. Este dinero se recibirá por “un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo y, como mínimo, por una legislatura”. A día de hoy, el expresident Quim Torra es el único que recibe la asignación, que vence en 2024. Entonces, ya tendrá la edad para jubilarse.

En el caso de Borràs, por ejemplo, se abre el debate sobre que reciba la pensión incluso por más tiempo del que ha estado en el cargo. Antes de ser suspendida en sus funciones (en virtud de lo que establece el reglamento cuando se abren juicios orales a diputados por delitos relacionados con corrupción) ostentó la responsabilidad por un año y medio. Con la ley en la mano, tiene derecho al menos a los 469.000 euros que corresponden a cuatro años. Los socialistas y los comunes quieren modificar la ley para que, si hay una condena, ese beneficio se pierda.

En el Congreso también se dan una retribución temporal a los expresidentes del Congreso, equivalente igualmente al 80% del salario, aunque con un tope máximo de dos años. El socialista Patxi López, por ejemplo, estuvo al frente de la tercera responsabilidad del Estado por siete meses en 2016 y, el día que deje su acta como diputado tendrá derecho a un total de 77.000 euros (11.000 al mes).

La necesidad de cambiar el sistema ya afloró en el debate público en 2019, cuando el Govern decidió cambiar la ley que da esas prebendas para permitir que el dinero que se entrega para las oficinas de los expresidentes de la Generalitat se pudiera reconducir, si fuera el caso, en el pago de cuidados médicos y así, como dijo la entonces consejera de Presidencia, Elsa Artadi, “garantizar la vida digna de los expresidentes”. La reforma se hizo ad hoc para el caso de Pasqual Maragall, que sufre de alzhéimer. La factura de sus cuidados, según la última memoria del Portal de Transparencia de 2021, ascendió a 41.000 euros e implica dos cuidadoras domiciliarias más las actividades de lunes a viernes en un centro de día.

El Departamento de Presidencia separa cada año una partida de 252.000 euros para, además de los servicios para Maragall, sufragar el funcionamiento de las otras cuatro oficinas de expresidentes en funcionamiento (José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra). A eso hay que sumarle los 435.000 euros en sueldos para los encargados de esos despachos. La decisión de Montilla, en mayo de 2020, de fichar para el consejo de administración de Enagás abrió el debate sobre el encaje de este beneficio con la actividad privada.

“El caso Borràs ha abierto el melón del debate. No se trata de una situación o una persona en concreto. El PSC es contrario a los privilegios que generan incomprensión”, afirmó el pasado lunes Elia Tortolero, portavoz del PSC. ERC y el propio PSC abogan por esperar a la sentencia del caso de la actual presidenta suspendida para tomar decisiones pero eso deja abierta la puerta de que, en el caso de una eventual condena, una Borràs sentenciada por falsedad y prevaricación tenga acceso a los beneficios económicos. Se repetiría un poco la situación vivida con el expresidente Jordi Pujol, cuando se le retiraron esos beneficios tras confesar la existencia de una fortuna oculta en Andorra. Una nueva ley debería también plantearse esos supuestos.

Con la norma de 1988, Pujol intentó crear las prerrogativas para los expresidentes de la Cámara. Y con la de 2003, el propio Maragall se abrió a pactarla para reforzar la idea de que Pujol ya iba de salida. Fueron tiempos en los que se veía el ejercicio de ambas responsabilidades como encargos de larga duración, algo que la práctica ha dejado por el suelo. Cataluña cuenta, desde que comenzó la democracia, con seis exjefes de Govern y ocho exlíderes de la Cámara.

La pensión vitalicia es otra de las prerrogativas que tienen ambos cargos y que, obviamente, se verá cada vez más abultada. Se trata además de un beneficio que pasa a las viudas o viudos o a los hijos menores de edad, si los hubiera. El monte inicial es del 60% del sueldo establecido para cada cargo en su momento. A día de hoy, según datos de la Generalitat se pagan tres pensiones vitalicias a extitulares de la Cámara y a dos del Govern, que ascienden a un total de 400.000 euros anuales. José Montilla, por ejemplo, no la cobra pese a tener la edad pues está en Enagás. La pensión no es compatible con los salarios. Las viudas también tienen derecho a cobrar una parte. La única que hace efectivo ese derecho es la de Joan Reventós. La recibe desde 2004 y el año pasado ascendió a 39.999 euros (50% de lo que le correspondía al expresident como jubilado). La partida de los Presupuestos para pagar las pensiones de los expresidentes de la Cámara y del Govern ascienden a 950.000 millones.

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