PSC y comunes se movilizan para evitar que Borràs cobre la asignación de al menos 496.000 euros como expresidenta del Parlament si es condenada

Pendiente de la sentencia de su juicio por fraccionar facturas, a la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, se le abre otro frente político. La ley catalana establece una serie de prerrogativas económicas para los exlíderes de la Cámara y del Govern y En Comú Podem y PSC piden que, si finalmente hay una condena, que la también líder de Junts no pueda acceder a ellas. Para ello sería necesario cambiar la normativa vigente, que fija una pensión de jubilación vitalicia equivalente al 60% del sueldo (es necesario haber estado al menos dos años en el cargo) y una retribución temporal del 80% del salario una vez se abandona el cargo. Ambos partidos señalan a ERC, cuyos votos serían necesarios para la reforma, pero los exsocios de Junts dicen que no se moverán hasta que no llegue la sentencia. Borràs, antes de ser suspendida en el cargo, cobraba unos 155.000 euros anuales.

El estatus de los expresidentes de la Generalitat lo regulan dos leyes, una de 1988 y una de 2003. A diferencia de los exjefes del Govern, los de la Cámara no tienen derecho a una oficina y personal, pero sí a un sueldo temporal y a una pensión vitalicia, que después del fallecimiento pasa a sus familiares. Sea cual sea el sentido de la sentencia, Borràs ya podría solicitar el primero (equivalente al 80% del salario fijado para quien ocupa la presidencia del Parlament), pues se concede a cualquier persona que haya ocupado esa responsabilidad. La asignación, que se paga de manera mensual, se entrega por el “equivalente a la mitad del tiempo que se ha estado en el cargo y, como mínimo, por una legislatura”. Es decir, aunque haya desempeñado el cargo año y medio, tiene derecho, según la ley, a cobrar por todo el mandato y percibir 496.000 euros. El cobro de ambas asignaciones es incompatible con otros salarios.

Para la pensión vitalicia las condiciones son diferentes y ahí también habría otra derivada jurídica. Esa ayuda equivale al 60% del sueldo (con el baremo actual serían unos 90.000 euros anuales) pero según la ley solo se puede acceder a ella si se ha estado más de dos años en el cargo. Este domingo se cumplen dos años de la designación de Borràs como presidenta pero la incógnita es si pueden contabilizar los nueve meses en que ha estado suspendida. No se le retiró el acta y solo se le suspendieron sus funciones, tal y como determina el reglamento de la Cámara en los casos en que se ha abierto juicio oral a algún diputado por un caso de delitos relacionados por la corrupción. La líder de Junts está a la espera de que la justicia determine si, cuando presidió la Institución de las Letras Catalanas, cometió delitos de prevaricación y falsedad por trocear contratos públicos para beneficiar a un amigo.

Aunque no hay un texto sobre la mesa, la discusión sobre la posible reforma ha vuelto a reabrir la herida entre los exsocios de Govern y a envenenar la relación de los comunes y el PSC con Esquerra. Junts se aferra al sigilo en lo referente al proceso judicial que afronta su presidenta, pero este lunes Josep Rius, portavoz de la formación, ha pedido “respeto por la presunción de inocencia de Borràs”. En las filas de ERC también esgrimen que sin sentencia no tiene sentido tocar la ley, pues creen que si no se estaría legislando por un caso específico. “Si hay que tomar decisiones políticas al respecto, se tomaran en ese momento [de la sentencia]”, ha dicho la portavoz republicana Marta Vilalta, que cree que cualquier previa al veredicto es “política ficción”. Vilalta sí ha asegurado que quiere negociar con Junts para que la presidencia de la Cámara, si se ha de sustituir finalmente a Borràs, recaiga en un diputado independentista y ha negado rotundamente que se vaya a apoyar a un candidato socialista. Con todo, Junts y ERC no suman suficiente mayoría para votar al nuevo presidente o presidenta (65 de 68).

En declaraciones recogidas por RNE, David Cid, portavoz de los comunes en el Parlament, ha puesto de relieve este lunes que las conversaciones que mantiene su partido con el PSC buscan “cómo introducir una excepción en la Ley de Presidentes para, en el caso de que haya un expresidente del Parlament condenado por un caso de corrupción, no sea legal que pueda recibir la indemnización”. El dinero con que se sufragan las prebendas económicas de los exlíderes tanto de la Cámara como del Govern salen del Presupuesto de la Generalitat. El PSC también se muestra partidario de la prudencia a la espera de que se dicte la sentencia de Laura Borràs, pero sí que ha recalcado que está absolutamente en contra de que cualquier persona que haya trabajado en el Parlament tenga privilegios por encima de cualquier ciudadano. “El caso Borras ha abierto el melón del debate. No se trata de una situación o una persona en concreta. El PSC es contrario a los privilegios que generan incomprensión”, afirmó Elia Tortolero, portavoz del partido.

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