Las exigencias de Junts amenazan con dejar a la izquierda sin la Mesa del Congreso

Junts ya aprieta al máximo y pone en peligro el plan del PSOE y de Sumar de hacerse con el control de la Mesa del Congreso, paso previo a intentar la renovación del Gobierno de Pedro Sánchez. A dos días de la constitución de las nuevas Cortes, las negociaciones del Ejecutivo en funciones con los grupos independentistas catalanes se han empantanado. Junts exige ya gestos públicos sobre sus reivindicaciones máximas, comenzando por la de amnistía para los implicados en causas pendientes por el procés. Esa posición ha arrastrado a ERC, que la semana pasada prácticamente había cerrado un acuerdo con el PSOE y que ahora endurece sus condiciones.

En público, solo las reiteradas llamadas a la discreción que se repiten desde hace días. En privado, preocupación por el cariz que está tomando la negociación ante lo que, en principio, debería ser más sencillo: la conformación de una Mesa del Congreso “progresista” en la sesión constitutiva del próximo jueves. Ese era el estado de ánimo este lunes entre el Gobierno y algunos de sus más estrechos aliados al comprobar cómo se ha elevado el nivel de exigencia de Junts y, con él, el de ERC.

El partido de Carles Puigdemont ya ha dejado clara su intención de prolongar la incertidumbre hasta el final y de mostrar del modo más gráfico que el expresident huido en Bélgica se ha convertido en el árbitro de la situación política. Junts anunció que no tomará una decisión hasta reunir a su ejecutiva el jueves en el insólito horario de las ocho de la mañana, solo dos horas antes de que comience el primer pleno de la nueva legislatura. El gesto ejemplifica el escaso debate que va a haber en el partido para decidir su posicionamiento. Varios dirigentes aluden a que las negociaciones se están llevando a cabo con gran secretismo por el círculo más próximo a Puigdemont. La reunión de la ejecutiva se hará de manera telemática.

El Gobierno en funciones, con los socialistas al frente, confiaba en acotar la negociación a cuestiones de puro funcionamiento del Congreso y en aplazar lo más peliagudo, las reivindicaciones políticas del independentismo, al momento posterior, cuando se plantease la investidura de Sánchez. Con ese plan, los socialistas se habían asegurado ya el apoyo de ERC tras una reunión en Madrid el pasado jueves. A cambio, Esquerra obtenía garantías de que la nueva Mesa del Congreso, controlada por PSOE y por Sumar, les permitiría constituir grupo parlamentario y que ambas formaciones les cederían también la presidencia de alguna comisión.

Junts está en la misma situación que ERC respecto al posible grupo parlamentario. Ambos tienen siete escaños y no han logrado, como exige el Reglamento del Congreso, el 15% de los votos en las cuatro provincias en las que se presentaron el 23-J, por lo que quedan a expensas de la decisión de la Mesa. Pero Junts lo considera cuestión menor. Según fuentes conocedoras de las negociaciones, el partido de Puigdemont exige ya, sin esperar a la investidura, gestos claros y públicos de que el Gobierno va a estudiar sus demandas de amnistía y autodeterminación. Y lo plantea en términos que el Ejecutivo considera inasumibles, según las mismas fuentes.

En el Gobierno en funciones cunde el temor a que Junts esté dispuesto a permitir que la derecha se haga con el control de la Mesa para demostrar que no les “tiembla el pulso” —la expresión que vienen usando los de Puigdemont desde la noche de las elecciones— para llevar sus reivindicaciones hasta el final, sean cuales sean las consecuencias. La impresión, tanto en el Ejecutivo como entre sus más estrechos aliados parlamentarios, es que si fracasa la negociación sobre la Mesa, la investidura puede descartarse por completo y el país estará abocado a nuevas elecciones tras el intento fallido que muy probablemente protagonizará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La dureza de Junts ha empujado a ERC, que de repente también ha dado el salto a plantear cuestiones más específicamente políticas en las negociaciones sobre la Mesa. Las enunció su secretaria general, Marta Rovira: la creación de una comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a dirigentes independentistas, la introducción del idioma catalán en el Congreso y los primeros pasos para una ley de amnistía.

Los socialistas —con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a la cabeza— están llevando la voz cantante en las negociaciones, aunque tanto sus socios de Sumar como otros aliados parlamentarios intensifican por su cuenta los contactos con los independentistas y el entorno más inmediato de Puigdemont. El expresident se limitó a enviar un mensaje un tanto enigmático en su cuenta de Twitter: “Encarar una negociación a través de declaraciones públicas no es nuestra opción. A medida que se acercan días decisivos, como este próximo 17, crece el nerviosismo y sube la subasta. Paciencia, tenacidad y perspectiva”.

Entre los aliados parlamentarios del Gobierno, EH Bildu es de los que insiste con mayor énfasis en la necesidad de reeditar la mayoría de la última legislatura, ahora con el añadido de Junts. “Es una suma complicada, pero es una suma posible”, declaró su portavoz, Mertxe Aizpurua, al formalizar este lunes, junto a sus compañeros, las acreditaciones de diputados. “La Mesa debe reflejar la mayoría progresista de la Cámara”.

Sumar, por su parte, también está apremiando al PSOE a sentarse ya a negociar un nuevo programa de Gobierno. “Necesitamos un Gobierno cuanto antes para poder ocuparse de los problemas de la vida de la gente”, subrayó su portavoz, Marta Lois.