La amnistía que exige Junts forma un frente judicial con muchos tentáculos

Junts puso las cartas sobre la mesa en la noche del 23-J ―“No haremos presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada”, dijo su cabeza de lista, Míriam Nogueras― y al día siguiente las enseñó: “amnistía” es una de las palabras que, desde esa jornada, repiten los dirigentes de la fuerza liderada por el expresident Carles Puigdemont como condición para facilitar una investidura del candidato del PSOE. Una exigencia de difícil encaje constitucional —en 2021, una proposición en esa línea fue informada en contra por los letrados del Congreso— y que los socialistas siempre han rechazado de plano. El objetivo último del partido independentista es tirar abajo —o dejar sin efecto— las causas judiciales derivadas del procés, algunas aún por enjuiciar y otras con condenas de inhabilitación que se están cumpliendo.

El desafío independentista de otoño de 2017 se tradujo en un maremágnum de procesos que ahora están repartidos por el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los juzgados de Cataluña. Estos son los principales:

Los fugados. Cuatro dirigentes del procés permanecen huidos de la justicia: el expresident Carles Puigdemont; sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig; y Marta Rovira, secretaria general de ERC. La Fiscalía ya ha pedido al juez Pablo Llarena que dicte una nueva orden de detención internacional contra Puigdemont y Comín, que son eurodiputados, después de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) retirase la inmunidad a ambos. Están reclamados por malversación y desobediencia, delitos que implican posibles penas de prisión. Rovira ya solo está procesada por desobediencia (que no acarrea cárcel, solo inhabilitación), porque en 2022 el Gobierno pactó con ERC eliminar el delito de sedición.

La exconsejera Clara Ponsatí, a la que igualmente solo se imputa ya desobediencia, se fugó también en 2017, pero, una vez eliminada la sedición, ha regresado varias veces a España este año y el juez, que tuvo que ordenar su detención para tomarle declaración, acaba de terminar la instrucción de su caso. Anna Gabriel, exdiputada de la CUP y huida a Suiza en 2018, también volvió a España en 2022 y está procesada por desobediencia. Otra fugada en 2017, la actual consejera Meritxell Serret, regresó en 2021 y fue condenada el pasado abril por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un año de inhabilitación por desobediencia.

Altos cargos pendientes de juicio. Pese a pactar con el Gobierno una reforma del Código Penal que rebajaba el delito de malversación, ERC fracasó en su intento de aminorar con ello la responsabilidad penal de muchos de sus cargos medios que colaboraron en el procés, porque el Tribunal Supremo consideró que esa reforma no podía aplicarse a este caso. La amenaza de altas penas de cárcel por ese delito afecta a cerca de 40 personas —21 de ellas, ex altos cargos de Junts y ERC— que se encuentran encausadas en Cataluña por los preparativos del referéndum ilegal del 1-O y la promoción internacional del procés con fondos públicos. Todos están pendientes de juicio. Entre ellos, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, personas de máxima confianza de Oriol Junqueras y para quienes la Fiscalía pide entre seis y siete años de cárcel.

En otra causa está Miquel Buch, exconsejero de Interior, de Junts, que ha sido juzgado este julio por pagar supuestamente a un asesor para hacer de escolta de Puigdemont en Bélgica, y está a la espera de sentencia. También colean aún las causas por desobediencia contra los miembros de las Mesas del Parlament durante el procés. Y el Tribunal de Cuentas ha fijado para el 17 de noviembre la vista por el desvío de fondos para la promoción exterior del desafío soberanista.

La inhabilitación de Junqueras. Pese a los indultos y a la reforma de la malversación, el Supremo confirmó en junio que el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y tres exconsejeros (Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva) deben seguir inhabilitados para ejercer cargo público hasta la próxima década.

Los CDR. Otra causa muy delicada se encuentra en la Audiencia Nacional, que procesó a 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por pertenencia a organización terrorista —atribuyendo a ocho, incluso, tenencia y fabricación de explosivos—. En este órgano judicial también se investiga al movimiento Tsunami Democràtic, que en 2019 organizó las protestas masivas contra la sentencia del procés. Además, en los juzgados de Cataluña se mantienen dispersas causas contra los participantes en aquellos altercados: por ejemplo, la Audiencia de Barcelona ha juzgado esta semana a tres jóvenes detenidos por disturbios en la plaza de Urquinaona (Barcelona), donde se levantaron barricadas de fuego y hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías. La Fiscalía pide para ellos penas de hasta 14 años de prisión.

Otras derivadas. Una de las preguntas que debe responder Junts es si incluye a Laura Borràs, actual presidenta del partido, en este paquete de hipotéticos amnistiados. Borrás fue condenada en marzo a cuatro años y medio de cárcel por corrupción, en una causa que nada tiene que ver con el procés —por trocear contratos, de forma ilegal, para adjudicárselos a dedo a un informático cuando ella dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC)—. Sin embargo, la política ha recurrido ese fallo y defiende que su condena responde a una persecución por sus ideas independentistas. En esa tesis también se mantiene Gonzalo Boye, abogado de varios dirigentes secesionistas y acusado de blanqueo de capitales en una causa de narcotráfico.