La Fiscalía pide siete años de cárcel para Jové y seis años para Salvadó, altos cargos de ERC, por el 1-O

La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido elevadas penas de cárcel para dos dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y ex altos cargos de la Generalitat, considerados los arquitectos del referéndum ilegal de independencia del 1-O en 2017. El fiscal reclama 7 años de cárcel y 32 de inhabilitación para el diputado republicano Josep Maria Jové, y otros 6 años y 3 meses de prisión, además de 27 años de inhabitación, para el actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó. Las altas penas de prisión son consecuencia de la atribución a ambos de un delito de malversación agravada. La tercera acusada en esta causa, la actual consejera de Cultura, Natàlia Garriga, afronta una petición de un año de inhabilitación por desobediencia. Con estas peticiones de la Fiscalía, la estrategia de ERC de atenuar las consecuencias legales del procés mediante la reforma del Código Penal, una estrategia acordada con el Gobierno de Pedro Sánchez, sufre un nuevo revés. Tras conocer la petición fiscal, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha denunciado que “el sistema judicial no imparte justicia, sino venganza contra el independentismo”, y ha recordado que “trabajar por la libertad de Cataluña y defender las urnas y la democracia no es delito”.

La Fiscalía sigue así la senda marcada por el Tribunal Supremo, que en su reciente revisión de sentencia a los líderes del procés condenados en 2019 decidió mantener el delito de malversación en su modalidad agravada. Por tanto, Jové, Salvadó y Garriga —tres personas de la máxima confianza del exvicepresidente y líder de ERC Oriol Junqueras— tampoco se verán beneficiados por la reforma del Código Penal pactada en diciembre entre el Gobierno y Esquerra, que tenía como objetivo expreso rebajar el castigo penal a los responsables del procés. El fiscal Pedro Ariche descarta que los gastos en que incurrió la Generalitat para sufragar el 1-O encajen en el delito de malversación atenuada introducido en la reforma y previsto para los casos en que no hay ánimo de lucro.

La acusación atribuye a Jové y Salvadó tres delitos: desobediencia, prevaricación y malversación agravada. Y, además de la petición de pena de cárcel e inhabilitación, reclama que indemnicen al erario público con 754.920 euros por los gastos derivados de la consulta, que se celebró pese a ser declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Ambos eran “personas de la máxima confianza” de Junqueras durante su etapa como vicepresidente y responsable del Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat, que llevó las riendas en la organización del referéndum. Según el escrito, Jové y Salvadó estaban “plenamente comprometidos” con el 1-O y con la creación de las llamadas “estructuras de Estado” para hacer efectiva la república catalana.

Jové fue una pieza clave del momento álgido del procés. La Fiscalía le atribuye la elaboración de Enfocats, una presentación que está considerada la hoja de ruta hacia la independencia. Durante la investigación liderada en su día por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona, los agentes se incautaron de una libreta marca Moleskine con anotaciones sobre las reuniones que se iban sucediendo para preparar el 1-O. En cuanto a Salvadó, la Fiscalía lo coloca como responsable de los intentos de convertir la Agencia Tributaria de Cataluña en una “estructura de Estado” para disponer de una herramienta financiera una vez lograda la independencia.

La petición de la Fiscalía supone un nuevo varapalo para la estrategia de ERC que, con la reciente reforma del Código Penal, buscaba atenuar las consecuencias legales del procés, no solo para sus máximos dirigentes (ya condenados o aún prófugos), sino también para los cargos intermedios. El partido ya criticó duramente que el Tribunal Supremo decidiera esta semana mantener la inhabilitación de varios de sus líderes pese al nuevo marco legal. Este viernes las críticas han vuelto a resonar con fuerza nada más conocerse la petición de la Fiscalía. El primero en responder ha sido el propio Josep Maria Jové. “¡Miserables, malas personas y, sobre todo, mucha cobardía!”, ha dicho a través de Twitter, en referencia al escrito fiscal. También ha dado a entender que no se arrepiente de nada de lo hecho: “Lo que hicimos, hacemos y haremos fue por principios democráticos y de libertad”. La consejera de Cultura, Natàlia Garriga, ha afirmado que el sistema judicial español “no hace justicia, hace política”. “El escrito que hemos conocido reafirma lo que hace tiempo que estamos denunciando: estamos ante una causa general contra el independentismo”, ha añadido la consejera.

La duda es el impacto que pueda tener ahora la petición de la Fiscalía en las relaciones entre ERC y el PSC, que acaban de cerrar el acuerdo de los Presupuestos de la Generalitat sellando así un primer gran pacto en Cataluña después de años de política de bloques. “No sabemos el impacto, pero esperamos que no tenga ninguno. Acabamos de acordar los Presupuestos. Son buenos para Cataluña y nos gustaría separar las cosas y que no se mezclara con otras cosas”, ha señalado Alícia Romero, la portavoz socialista en el Parlament.

El PSC se ha remitido a su postura tradicional de ser siempre respetuoso con las decisiones judiciales, pero la portavoz ha apuntado este matiz: “Queda mucho camino y veremos las sentencias y penas. Apoyo a los acusados porque hay que respetar la presunción de inocencia. Hace muchos años que nos conocemos como diputados”. Además, Romero ha defendido la reforma del Código Penal que ha impulsado el Gobierno —”hizo lo que tenía que hacer”— y ha recordado que ERC le dio apoyo y que ya sabía que los jueces podían interpretar la reforma según su propio criterio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su “total respeto a las decisiones judiciales” al ser preguntado por la petición fiscal sobre esta causa del 1-O en una rueda de prensa celebrada en Liubliana (Eslovenia), durante su gira europea previa a la presidencia española del Consejo de la UE. A continuación, ha reivindicado la política del Ejecutivo con Cataluña. “Está causando mucho bien a España (...). Hoy nadie duda de que la situación en Cataluña en 2023 nada tiene que ver con la que sufrimos en 2017″, ha manifestado. “El Gobierno va a estar en apostar por la convivencia y el diálogo en Cataluña”, ha zanjado.

Desde la isla canaria de La Palma, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado la decisión de la Fiscalía. “El Gobierno intentó eliminar el delito de sedición, y lo consiguió”, ha incidido. “Se pueden repetir las actuaciones ilegales de Cataluña sin reproche penal, lo acaba de decir el Tribunal Supremo. Y cuando coinciden la Fiscalía y el Tribunal Supremo, me alegro de que el Gobierno se haya equivocado, y que no pueda darles a los independentistas lo que querían. Me alegro mucho. Se acredita que el Gobierno ni siquiera acierta en los compromisos con los independentistas. Es una buena noticia”.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lo interpreta de manera diametralmente opuesta: “Este nuevo escrito es una nueva prueba de lo que desde el Gobierno siempre dijimos: que los hechos que ocurrieron en 2017 en Cataluña eran delito en 2017 y siguen siendo delito en 2023″. El ministro ha señalado que habría que preguntarles a quienes aseguraron que “con la reforma del Código Penal se despenalizaban” aquellos sucesos, cuando la petición de la Fiscalía demuestra, en su opinión, lo contrario.