250 cargos y más de 20 millones en sueldos: lo que pierde Junts si sale del Govern
El cese de Jordi Puigneró descabeza una consejería que domina puestos claves de poder y que nombra a cargos de confianza con salarios de hasta 151.000 euros
La decisión de Pere Aragonès de expulsar del gobierno a su vicepresidente Jordi Puigneró activó la medianoche del miércoles una explosión dentro del Ejecutivo y desencadenó un torrente de efectos en cadena. Junts ha dejado escapar en apenas sesenta días las dos máximas posiciones de poder que logró en el pacto de gobierno con ERC. La pérdida de la presidencia del Parlament, por la suspensión de Laura Borràs, y el cese del vicepresidente del Govern suponen un golpe para el partido que fundó Carles Puigdemont. Implican una merma de la proyección pública para una marca aún endeble y acarrean un menoscabo de ingresos económicos para las arcas del partido. Más aún, cuando la formación necesita tener la maquinaria plenamente operativa ante la inminencia de las elecciones municipales previstas para la próxima primavera.
La Generalitat de Cataluña carga la fama de ser la administración autonómica más cara de España. Del Govern dependen unos 500 cargos y directivos de entes públicos, que suman en salarios 45 millones de euros anuales. Los socios en la Generalitat se reparten el contingente, con lo que una salida del Ejecutivo entraña para Junts el riesgo de perder 250 empleos y no menos de 20 millones en sueldos. Más de la mitad de los puestos de alta responsabilidad de la intendencia autonómica, 283, perciben unos ingresos anuales superiores a los 85.000 euros brutos. El presidente Pedro Sánchez tiene asignado un sueldo de 86.542 euros, y las tres vicepresidentas —Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera— cobran 81.341 euros.
Puigneró tenía un sueldo de 117.000 euros anuales, lo mismo que corresponde a los demás consejeros de Junts: Jaume Giró (Economía), Victòria Alsina (Acción Exterior), Gemma Geis (Universidades), Josep Maria Argimon (Salud), Lourdes Ciuró (Justicia) y Violant Cervera (Derechos Sociales). Abandonar las sillas del Consejo Ejecutivo implica, también, renunciar a la corte de asesores y de cargos subalternos que dan apoyo a los consellers y, en la práctica, supone cortar en seco el manguerazo de dinero público que entra mensualmente en las cuentas de Junts. El partido, como todos, recibe un porcentaje del salario de aquellos cargos y asesores que ganaron plaza tras ser elegidos por la cúpula de la formación.
Apenas unas horas después de la expulsión anunciada por el president, alegando haber perdido la “confianza política” en su número 2, el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) ya publicó un decreto de artículo único y contenido sucinto: “El señor Jordi Puigneró i Ferrer cesa como titular del Departamento de Políticas Digitales y Territorio y vicepresidente del gobierno, y se le agradecen los servicios prestados”. La destitución de Puigneró implicó un chorreo de despidos en el área de vicepresidencia y en la consejería que controlaba. Los cargos eventuales y asesores nombrados por Puigneró perdieron automáticamente el puesto de trabajo arrastrados por la partida de su jefe.
En el limbo, a la espera de lo que decida el nuevo inquilino de la consejería, quedan los cargos del segundo escalafón del departamento. Se trata del secretario general de la vicepresidencia y de tres secretarios, encargados de Políticas Digitales, Movilidad y Logística. Tienen asignada una remuneración de 93.900 euros, y el mismo organigrama se repite en cada consejería.
En la Generalitat catalana, controlar la cartera de Territorio abre la puerta a poder situar a cargos de confianza en despachos que permiten tocar poder y dinero. Destaca la dirección de los Ferrocarriles catalanes (FGC), en manos de Pere Calvet, por su salario de 151.000 euros. Marta Subirà, la presidenta del mismo ente recibe 117.000 euros. Al director de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), Pere Torres, le corresponden otros 117.000 euros, mientras que el director de Aeroports Públics de Catalunya, Jordi Candela, tiene una remuneración de 107.000 euros.
Otro destino que controla el Departamento de Territorio es la presidencia del Puerto de Barcelona. Está en manos de Damià Calvet, exconsejero de Territorio, y conlleva una asignación de 115.000 euros.
Si Junts pierde el control de las siete consejerías que alcanzó con el pacto de investidura, se arriesga a un efecto dominó que desplace a más de 250 cargos y a personal de apoyo que en su día fueron escogidos por la confianza que generan a los mandos del partido.
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