Maquinistas de Ferrocarrils de la Generalitat a los Mossos tras el accidente de Sant Boi: “En la vía había un bache”
La empresa indica que en marzo tuvo aviso de un desperfecto en el mismo tramo donde se produjo el accidente mortal pero afirma que lo solventó “en 24 horas”
El maquinista que estaba al mando del convoy cargado de potasa que el lunes descarriló cerca de la estación de Sant Boi del Llobregat, y que provocó un accidente con un muerto y más de 80 heridos, fue sometido a dos test de detección de drogas por los Mossos d’Esquadra y a otro control de alcoholemia por parte del personal técnico de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). En todos ellos dio resultado negativo. El dato ayudó a centrar las pesquisas en circunstancias ajenas a la cabina del tren descarrilado y desplazó el foco hacia las condiciones de la vía. Más aún cuando, durante la toma de declaraciones, maquinistas de FGC que cubren la línea Llobregat-Anoia afirmaron ante los Mossos que “en la vía había un bache”.
El testimonio consta en las diligencias que tramita el Juzgado de Instrucción de Sant Boi, tras el accidente que el lunes 16 de mayo segó la vida de un maquinista que pilotaba un tren cargado con un centenar de pasajeros. Albert, de 29 años e hijo de un veterano trabajador de FGC, no pudo frenar cuando le salieron al paso los vagones descarrilados. Sus compañeros lo despidieron este jueves en un sepelio celebrado en Martorell, y la mayoría de locomotoras de FGC han lucido esta semana un crespón negro de recuerdo.
Este viernes, la dirección de FGC reunió al comité de empresa para poner de relieve que el accidente mortal sigue bajo investigación. En la reunión estuvieron presentes la presidenta de FGC, Marta Subirà, y el director general, Pere Calvet. Ofrecieron un relato distinto al que aportaron en una primera reunión los mismos responsables máximos de FGC el martes, apenas unas horas después del choque. En aquel primer encuentro con los representantes de los trabajadores, relacionaron el descarrilamiento del convoy de potasa con un posible exceso de velocidad. “No es conveniente aventurar hipótesis”, manifiesta Ricard Beumala, representante sindical de CCOO en FGC.
En la zona del accidente había una limitación temporal de velocidad (LTV) que obligaba a reducir la marcha hasta 30 kilómetros por hora, la mitad de lo que sería habitual en ese tramo. FGC resalta la existencia de la LTV, pero señala que respondía a unos “trabajos de mantenimiento” para retirar balasto, los pedruscos que hay entre los raíles y que tienen una misión primordial para amortiguar el paso de los trenes y evitar el hundimiento de la plataforma.
“Poner una limitación de 30 kilómetros por hora no exime de que no pueda pasar algo”, manifiestan fuentes del sindicato de maquinistas Semaf. “La propia empresa reconoce que hacía 15 días que estaba la LTV”. La organización es crítica con la gestión de la cúpula de FGC, en lo que supone un capítulo más del desapego que mantiene Semaf con la Generalitat por los planes del Govern para hacerse con las competencias plenas de la red de Rodalies de Renfe.
Ferrocarrils de la Generalitat niega que el tramo donde se produjo el accidente fuera un punto conflictivo. Un portavoz de la compañía informó este viernes de que el 24 de marzo FGC había recibido un aviso de sus maquinistas por “un socavón” en el punto del accidente, pero que el estropicio quedó debidamente resuelto. En concreto, FGC tiene constancia de que hace casi dos meses entró un aviso alertando de desperfectos en la vía 2, a la misma altura donde el lunes descarriló el mercancías, pero desde la empresa se asegura que la avería “quedó resuelta en 24 horas”. Fuentes de la compañía apuntan que es práctica común que los maquinistas reporten sobre incidencias en los raíles o que detecten problemas de conservación de algunos tramos, pero se descarta que hubiera una alerta activada sobre lugar del choque. “No había ninguna tarea pendiente por realizar”, asevera FGC.
La gestión de Ferrocarrils depende directamente de la Consejería de Territorio y Políticas Digitales, el área que gobierna el vicepresidente Jordi Puigneró. La empresa transporta a más de 90 millones de pasajeros al año y desplaza 280.000 toneladas de potasa por la línea que une las minas de ICL en Súria y Sallent con el puerto de Barcelona.
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