Afines a Laura Borràs maniobran para expulsar de Junts a la abogada que puede decidir el futuro de la presidenta

Laura Borràs aplica la teoría que propone un buen ataque como mejor arma de defensa. La presidenta de Junts per Catalunya está condenada a 4 años y medio de cárcel y a 13 de inhabilitación por trocear contratos públicos, pero en su cruzada por presentarse como víctima de una persecución ha tratado de restar legitimidad a los jueces que la condenaron, al reglamento del Parlament y a los diputados que la relegaron del escaño, e incluso a la Comisión de Garantías de Junts, la instancia que tiene la potestad de apartarla del partido por ser una condenada por corrupción. Borràs no pelea sola. Incondicionales suyos han mandado al partido decenas de alegaciones para inhabilitar a la abogada Magda Oranich, presidenta del órgano disciplinario y que ha mantenido choques públicos con Borràs. La maniobra, de tener éxito, lograría alterar la composición de la Comisión de Garantías e incorporar nombres más afectos a Borràs. Algunos de los escritos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, piden hasta 5 años de expulsión para la letrada. “Si no se sanciona debidamente a Oranich, el partido está en una situación de riesgo continuo”, manifiesta una de las demandas.

En las denuncias remitidas al buzón de Junts se recoge que Oranich ha difundido “injurias” sobre Borràs, se la acusa de tener una “animadversión” contra la líder de la formación y de persistir en “descalificaciones implícitas y explícitas, tanto de manera pública como privada”. Magda Oranich, de 78 años, es abogada y cuenta con una dilatada experiencia en el ejercicio del derecho. Fue una destacada activista antifranquista y formó parte del equipo legal que representó a Salvador Puig Antich. Militante de Junts, el verano pasado fue la más votada para liderar la Comisión de Garantías del partido, el órgano que vela por el cumplimiento del código ético de la formación, donde se reseña que el afiliado que se vea afectado por unos “indicios de ilícito penal o administrativo” que puedan poner en cuestión la buena imagen del partido “tendrá que poner el cargo a disposición de la ejecutiva”. También se prevé la “expulsión del partido” de quien haya sido condenado por un delito de corrupción.

El papel de la Comisión de Garantías puede ser determinante para decidir si la presidenta de Junts debe ser expulsada. A parte de Oranich, la Comisión la integran Josep Pagès, Maria Antònia Batlle, Mercè Alegre, Joaquim Jubert y Hèctor López Bofill. Fuentes del partido reseñan que este último es el único abiertamente cercano al borrasismo. Para alterar la composición del órgano disciplinario, un sector de militantes fieles a Borràs ha emprendido una campaña de alegaciones. Se pide la apertura de un expediente disciplinario para Oranich en base a “faltas muy graves” por “reiterados perjuicios ocasionados a los máximos representantes del partido”. La petición de sanciones conlleva su expulsión de Junts por un período de hasta 5 años y la inhabilitación accesoria de acceder a cargos de elección interna por 5 años.

Borràs, que cobra de Junts un sueldo que ronda los 90.000 euros anuales, mantiene que su sentencia no es firme porque cabe recurso y, además, ha reiterado que su causa judicial obedece a motivos ajenos a la ley y al código penal: “si hubiese justicia, la única sentencia posible sería la absolución”. Oranich ha manifestado públicamente que la condena de Borràs por los delitos de prevaricación y falsedad documental puede “equipararse a corrupción” y ha señalado que no se trata de “delitos políticos”, sino de “delitos comunes”. Borràs no tiene buena relación con la abogada. “No acostumbro a descolgarle el teléfono para no escuchar sus gritos”, manifestó el año pasado Oranich.

Han pasado tres semanas desde que Junts per Catalunya escogió a Anna Erra para reemplazar formalmente a Laura Borràs en la presidencia del Parlament. El relevo parecía una decisión lógica para poner fin a la situación de interinidad que había al frente de la cámara catalana, Borràs llevaba casi un año suspendida debido a su causa judicial por trocear contratos públicos, y le aseguraba al partido poder conservar una silla que da prestigio, influencia y dinero. Sin embargo, Borràs trató de condicionar su sustitución, alegando ante sus compañeros de formación que quitarla a ella de en medio era validar el “lawfare”, uso torticero de la justicia, que dice sufrir por su condición de independentista.

Cuando a finales de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sentenció que Laura Borràs era culpable de prevaricación y falsedad porque troceó contratos para beneficiar un informático conocido suyo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes , la presidenta de Junts elevó el tono de su contraofensiva. Abogó porque el independentismo escenificara una protesta contra su castigo y se declaró partidaria de dejar vacía su silla parlamentaria. La táctica contó con escaso apoyo, incluso su propio partido recelaba de renunciar a la cuota de poder que conlleva el mando del Parlament. Entonces, la presidenta saliente promocionó a Toni Castellà como nombre alternativo a Anna Erra. Borràs debatió el relevo directamente con Jordi Turull, secretario general del partido, y varios cargos de la dirección de Junts interpretaron que la presidenta trataba de asegurarse una serie de contrapartidas. Finalmente, acató con el nombre de Erra, pero a cambio se aseguró no ser desplazada de momento de la presidencia de Junts, un cargo que le procura una retribución económica y cierta capacidad de influencia a la hora de escoger cargos y candidatos.

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