Puigdemont bunqueriza a Junts para evitar críticas a su estrategia de negociación

El artículo 6 de los estatutos de Junts per Catalunya establece que todos los afiliados tienen derecho a “ser parte activa en la toma de decisiones del partido, como es el caso de la política de pactos, la estrategia y la línea política”. Pero en el actual escenario político, en el que la formación independentista se ha hecho inesperadamente con la llave de la gobernabilidad en España, el entorno de su líder, Carles Puigdemont, ha optado por replegarse y fulminar el debate interno. El expresident, huido en Bélgica desde 2017, se ha arrogado la dirección de las negociaciones y ha impuesto un voto de silencio a los suyos, alegando que hay que dejarse querer por el PSOE y aprovechar el protagonismo recobrado. Así, Puigdemont dosifica la información sobre sus intenciones a un reducido círculo de confianza y ha advertido de que cualquier filtración puede alterar el rol capital de Junts en las negociaciones de la investidura, según admiten fuentes del partido.

Las elecciones generales del 23 de julio concedieron a Junts el poder de condicionar la investidura del presidente del Gobierno: sus siete diputados en el Congreso tienen la llave para abrir la puerta a una alianza de PP y Vox o facilitar la reelección de la coalición progresista que comanda Pedro Sánchez. Junts se encuentra así ante una encrucijada que pone en vilo la gobernabilidad de España y que plantea, también, un desafío a la propia marca política, que en los últimos años había perdido espacios de poder, alejándose de la posición de dominio que tuvo su antecesora, Convergència. “No hablamos de poner un parche. Si hay acuerdo, tiene que ser un acuerdo histórico”, dijo Puigdemont el 5 de septiembre, cuando compareció en Bruselas para anunciar sus “condiciones previas” para iniciar una negociación con el PSOE.

Junts fue fundado hace apenas tres años como un partido “transversal” donde conviven voces diversas, incluso ideológicamente enfrentadas, pero con el objetivo común de trabajar por la independencia de Cataluña. La refriega ha sido habitual en Junts, con visibles pugnas entre los partidarios de una estrategia más pragmática y los defensores de priorizar la ruptura con el Estado implantando el resultado del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017. Hace un año, el partido incluso convocó una consulta entre sus bases para determinar si debía romper la coalición de gobierno con ERC en la Generalitat. Pesos pesados como la presidenta Laura Borràs o el portavoz Josep Rius hicieron campaña pública por el sí (también Turull, aunque él evitando la notoriedad), y se enfrentaron a los seis consejeros de Junts que formaban parte del Ejecutivo de Aragonès y abogaban por seguir. Los partidarios de abandonar el Govern ganaron con un 55% de los votos, y así se hizo.

Pero ahora el ruido interno ha cesado. Ante el relevante papel que tiene Junts en la investidura, la estrategia de puertas afuera ha dado un vuelco. “No vamos a comentar nada de las negociaciones, aun a riesgo de que se publiquen auténticas falsedades”, proclama Jordi Turull, secretario general de Junts. “Nos hemos conjurado en el hermetismo y no vamos a salir de aquí”, avisa un alto cargo del partido.

Acaparar la atención mediática otorga un doble rédito para Puigdemont: lo pone en una situación privilegiada para exigir contrapartidas al PSOE y multiplica su proyección pública a menos de un año de las próximas elecciones europeas, donde está en juego su escaño de eurodiputado. La negociación por la Mesa del Congreso, que terminó en agosto con el apoyo de Junts a la socialista Francina Armengol, zarandeó la dinámica interna del partido. Turull convocó a la ejecutiva de la formación para una reunión telemática, apenas dos horas antes de que se iniciara la votación en el Congreso. “El president ha querido participar activamente en la negociación”, anunció Turull, según cuenta uno de los asistentes a aquella reunión. El secretario general informó de que Puigdemont validaba un acuerdo con el PSOE para nombrar a Armengol, un primer paso para seguir hablando de la negociación de fondo, la de la investidura de Pedro Sánchez. Nadie chistó.

La votación de la Mesa se produjo el 17 de agosto, y varias fuentes de Junts coinciden en que el letargo veraniego contribuyó a que hubiera entonces pocas filtraciones. “Luego se ha visto que esta dinámica no funciona mal, y el respeto que infunde Puigdemont es total”, detalla una persona cercana a la dirección. El acuerdo por la Mesa arrancó un compromiso para el uso del catalán en el Congreso y dos comisiones de investigación parlamentarias que reclamaban los partidos independentistas. Quedó lejos, en aquel momento, cualquier acuerdo sobre la amnistía a los encausados del procés o la autodeterminación. “A algunos les parecerá mucho y a otros les parecerá poco”, analizó el expresident. Apenas un par de semanas antes, tras el escrutinio del 23-J, la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, había advertido: “Cualquier negociación tiene que empezar por el referéndum y la amnistía”.

Puigdemont no ejerce ningún cargo en el organigrama de Junts, pero su autoridad dentro del partido es incuestionable. Tras su entrevista en Bruselas con la vicepresidenta del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, el 4 de septiembre, Puigdemont apuntó que “dialogar y mantener relaciones políticas entre formaciones de diferentes ideologías no tendría que ser ninguna sorpresa ni ninguna excepcionalidad”. Durante la pasada legislatura, sin embargo, Junts había criticado reiteradamente a ERC por su diálogo con el Gobierno de coalición. “Mientras ERC se venda barata no podremos tener más expectativas”, llegó a decir Nogueras.

El expresident traza desde su residencia belga de Waterloo los términos de la negociación sobre la investidura, y ha antepuesto la ley de amnistía —que planteó como “condición previa”— a las reivindicaciones sobre la autodeterminación de Cataluña. Ese orden de prioridades ha causado cierta turbación entre los sectores más radicales del independentismo que, en la Diada del 11 de septiembre, salieron a la calle con la consigna de criticar la tibieza patriótica de los partidos políticos: “Independencia o dimisión”, se podía leer en varios carteles.

Laura Borràs, presidenta de Junts, siempre fue muy cercana al independentismo radical, pero en las últimas semanas ha contenido el tono. Durante la Diada, Borràs se limitó a afirmar que Junts no tiene “ninguna nueva estrategia”, aunque también recordó que los manifestantes coreaban “independencia” y no “investidura”. Borràs está condenada a cuatro años y medio de cárcel por trocear contratos públicos para beneficiar a un conocido suyo en un organismo de la Generalitat, aunque ella alega ser víctima de una persecución judicial por sus ideas políticas. Sus incondicionales confían en que su condena pueda ser revertida si prospera una ley de amnistía para los encausados por el procés. “Ella es una figura con capacidad para replicar algunas decisiones internas del partido, pero su situación actual es la que es”, manifiesta un cargo de Junts.

A la par que impulsaba el giro estratégico en Junts, Puigdemont también ha forzado cambios en el Consell de la República, la asociación privada que dirige desde Bélgica para mantener viva la llama del proceso independentista y que pretende ser una suerte de Generalitat paralela. Ha disuelto la asamblea del Consell —lo que pretendía ser un Parlament en la sombra—, que está copado por simpatizantes del ala más dura de Junts y del entorno del expresident. Otro movimiento que ha causado recelo y desconcierto en un sector del independentismo.

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