España se ofrece a pagar los costes de hacer oficial en la UE el catalán, el euskera y el gallego

España está dispuesta a asumir los costes que implicaría que la Unión Europea reconozca el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales del bloque comunitario, un asunto que se discutirá el martes próximo, a instancias de Madrid, en el Consejo de Asuntos Generales que se celebrará en Bruselas, según ha adelantado El Español y ha confirmado este diario. Aun así, muchos países, más de la mitad, según fuentes europeas, han manifestado sus dudas este viernes en una reunión preparatoria en Bruselas y piden más tiempo para analizar una decisión que implicaría pasar de 24 a 27 lenguas oficiales y podría acabar provocando demandas o incluso conflictos regionales en otros Estados miembros.

Fuentes conocedoras de las discusiones han confirmado a EL PAÍS que, en la reunión de embajadores de los Veintisiete celebrada este viernes, España ha ofrecido encargarse de los costes que genere hacer lenguas oficiales europeas los tres idiomas cooficiales españoles, pese a que normalmente es un gasto que asume el presupuesto comunitario. Aun así, España no ha logrado superar las numerosas dudas de sus socios europeos que, si bien no se han opuesto de forma “rotunda” a la propuesta, sí han pedido más tiempo para tomar una decisión, señalan fuentes coincidentes.

En los últimos días, varios países han manifestado abiertamente sus dudas ante la petición española, presentada formalmente a mediados de agosto, después de que Junts la pusiera como condición indispensable para votar a favor de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso. El independentismo también considera que la reunión del martes en Bruselas, donde ha sido incluido el asunto —pero no necesariamente su voto— es una prueba de confianza de cara a facilitar una eventual investidura de Pedro Sánchez si fracasa el intento de Alberto Núñez Feijóo a finales de este mes.

Suecia anunció el miércoles en un comunicado que era “reacia” a dar oficialidad al catalán, euskera y gallego y señaló que necesitaba más tiempo para decidir algo así. “El Gobierno cree que para poder adoptar una posición definitiva, es necesario un análisis de las consecuencias de la propuesta sobre la eficacia del trabajo de la UE, así como sobre los efectos presupuestarios y prácticos”, dijo en un comunicado. También Irlanda dijo esta semana públicamente que era “demasiado pronto para tomar una posición definitiva”. A ellos se ha unido Finlandia, que este viernes ha manifestado en un comunicado sus “reservas” ante una decisión que, señala, “aumentaría la carga financiera y administrativa” y “probablemente también ralentizaría las decisiones y entradas en vigor de regulaciones europeas”, informa Efe.

Lo que estos gobiernos han dicho abiertamente en los pasados días lo han venido formulando más veladamente también otros socios europeos, incluso países políticamente afines al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez y que no verían con malos ojos que logre ser investido de nuevo.

En la reunión de este viernes, alrededor de 14 embajadores intervinieron para indicar que “quedan muchas preguntas sin respuesta en relación a las implicaciones políticas, legales, financieras y prácticas” de una decisión de este tipo, aseguran fuentes diplomáticas. Por ello, agregan, “la mayoría” de los Estados miembros consideran que el martes es “demasiado pronto” para tomar una decisión. Lo más probable es que, en la cita de la semana que viene, tras presentar España la propuesta —por parte del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares—, se discuta y se decida, señalan las fuentes, crear algún tipo de grupo de trabajo que analice todas las dudas planteadas o consultar la opinión de los servicios legales de la UE, antes siquiera de aceptar una votación que requiere unanimidad.

La UE tiene actualmente 24 lenguas oficiales. Cada vez que ha habido una ampliación del bloque, se añade el idioma del país —siempre que sea uno nuevo— en el momento de la adhesión, algo que requiere modificar el Reglamento 1 de 1958, que fija el régimen lingüístico del bloque. Este tipo de decisiones se toman siempre por unanimidad.

La única vez que un país logró que la UE admitiera con posterioridad una lengua como oficial fue Irlanda con el irlandés (o gaélico), que en su Constitución está fijado como “primer idioma oficial”, por delante del inglés. Sucedió en 2005, en el mismo Consejo Europeo en el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que también había solicitado un mayor reconocimiento de las lenguas cooficiales españolas, consiguió que la UE se abriera, si no a un reconocimiento total del catalán, euskera y gallego, sí a permitir que España cerrara “acuerdos administrativos” con las diferentes instituciones europeas —negociadas una a una— que permiten un “uso limitado a nivel UE de idiomas reconocidos por los Estados miembros”.

Desde entonces, entre otros, los ciudadanos pueden dirigirse a estas en uno de los idiomas cooficiales y recibir respuesta en la misma lengua, en una traducción que costea el Estado español. También, siempre que se avise con tiempo y España pague el servicio de traducción, un representante español, cuando interviene en una reunión de instituciones comunitarias (salvo en el Parlamento Europeo, que rechazó este extremo) podrá hacerlo en una de las lenguas cooficiales españolas. De hecho, el primero en hacer uso de esta posibilidad fue el entonces ministro de Industria, José Montilla, quien en noviembre de ese mismo año, 2005, habló en catalán en un consejo de ministros del ramo.