Las lenguas cooficiales podrán hablarse en el Congreso de los Diputados desde el próximo martes
La propuesta de Francina Armengol ha salido adelante con la oposición del PP y comenzará con intérpretes provisionales
La Mesa del Congreso ha aprobado en su reunión de este miércoles una resolución de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, para que las lenguas que son cooficiales en varias comunidades autónomas —el catalán, el euskera y el gallego— puedan ser usadas en la sede de la soberanía nacional desde el pleno del 19 de septiembre, es decir, desde el próximo martes. La iniciativa pretende cumplir el compromiso que Armengol realizó nada más tomar posesión el pasado 17 de agosto. Para arrancar, se organizará de forma provisional el uso de intérpretes. Los sistemas de traducción serán similares a los que funcionan en el Senado desde hace años. El PP, que dispone de cuatro de los nueve miembros que componen la Mesa frente a los cinco de la mayoría progresista formada por el PSOE y Sumar, se ha opuesto.
En paralelo a esa resolución de Armengol, la Mesa del Congreso ha calificado y aceptado, con un informe previo que se había encargado a los servicios jurídicos de la Cámara baja, la propuesta de modificación del Reglamento que recoge como novedad ese uso de las lenguas cooficiales. La reforma, presentada por el PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu y BNG —Junts no firma el texto, aunque tiene previsto respaldarlo—, necesita el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso, en principio garantizada con los 178 que auparon a Armengol como presidenta el 17 de agosto. La idea es tramitarla por la vía exprés de lectura única, por lo que solo necesitaría un pleno para ser aprobada.
Los partidos pretenden que la reforma entre en vigor ya en el pleno de la semana que viene, que abordará esa reforma con intérpretes (alrededor de cinco) y auriculares (como los que se usaron para la intervención del presidente ucranio, Volodímir Zelenski, el 5 de abril de 2022) contratados de manera temporal para la ocasión. Pero, sobre todo, y de manera especialmente simbólica, quieren que el uso de las lenguas cooficiales esté implantado para el debate de investidura del candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, fijado para los días 26 y 27 de septiembre. El PP ha votado en contra de esta novedad, que tiene un componente de gesto político de Gobierno en funciones que preside Pedro Sánchez hacia los partidos nacionalistas e independentistas, claves para su futura investidura. Los representantes del PP han alegado que la modificación propuesta es “precipitada” y que no es aceptable jurídicamente, y han insistido en la necesidad de más informes de los letrados. PSOE y Sumar han esgrimido las conclusiones del informe ya encargado a los servicios de la Cámara, que en la sesión de hoy ha refrendado con una exposición verbal específica sobre la constitucionalidad de la medida el secretario general y letrado mayor del Congreso. Los populares no descartan y aún están estudiando algún tipo de recurso contra esa actuación.
Si la reforma del Reglamento sale adelante, como es previsible, en el primer pleno que se celebre ya se podrá hablar en esas lenguas y habrá interpretación simultánea, aunque, por el momento, con recursos excepcionales. La norma prevé luego un plazo de seis meses para tener listos todos los medios que permitan presentar cualquier escrito parlamentario o cualquier intervención también en las diversas comisiones en todas las lenguas cooficiales.
Los letrados de las Cortes han dado su visto bueno, pero han pedido algo más de tiempo para que se pueda implantar un sistema permanente, según añaden otras fuentes parlamentarias. Su informe técnico explicita que el Gobierno debe ahora publicar la propuesta de reforma del Reglamento del Congreso en el Boletín Oficial del Estado (BOE), someter el asunto al pleno, escuchar a la Junta de Portavoces de la Cámara también sobre la decisión de que se pueda tramitar por la vía directa de la lectura única (artículo 150 del citado Reglamento) y “adaptar el plazo previsto en el artículo 69 del Reglamento en los términos que resulten necesarios para la celebración de los debates correspondientes”.
El artículo 69 señala literalmente: “Ningún debate podrá comenzar sin la previa distribución, a todos los Diputados con derecho a participar en el Pleno o en la Comisión, en su caso, al menos con cuarenta y ocho horas de antelación, del informe, dictamen o documentación que haya de servir de base en el mismo, salvo acuerdo en contrario de la Mesa del Congreso o de la Comisión, debidamente justificado”.
Los detalles técnicos del proceso de implantación de esta reforma se conocerán este jueves, día en el que se reúne la Junta de Portavoces. Los representantes de los grupos serán informados de las modificaciones que se quieren poner en marcha ya en los plenos de los próximos 19 y 21 de septiembre, en los que se debatirá la modificación del Reglamento.
Esta reforma era una de las condiciones de los independentistas catalanes de Junts y ERC para apoyar a la dirigente socialista balear, Francina Armengol, como presidenta de la Cámara. El Senado ya permite el uso —aunque limitado— de las lenguas cooficiales, con traducción simultánea y un presupuesto de 280.000 euros anuales.
El 19 de septiembre también se debatirá en Bruselas, en un Consejo de Asuntos Generales, la solicitud presentada por el Gobierno de España el 17 de agosto para que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidos como idiomas oficiales de la UE. La propuesta —de difícil recorrido, puesto que requiere la unanimidad de los Veintisiete para salir adelante— fue otra de las condiciones que puso Junts para apoyar el nombramiento de Armengol. También se considera un elemento clave en las negociaciones con el partido de Carles Puigdemont para una eventual investidura de Pedro Sánchez. Uno de los argumentos esgrimidos por los reticentes, ahora y en el pasado, a aceptar estos idiomas como oficiales en Europa era, precisamente, que no tenía sentido reclamar que en las instituciones europeas se pudieran usar esas lenguas cuando no se permitía lo mismo en el Congreso de los Diputados o el Senado, informa Silvia Ayuso. En todo caso, hay otro obstáculo que permanece: las 24 lenguas que en la actualidad son reconocidas como oficiales en las instituciones de la UE son todas oficiales en el conjunto de sus respectivos Estados, a diferencia del catalán, el euskera y el gallego, que solo son oficiales en determinadas comunidades autónomas españolas, no en el conjunto del Estado.
Traductores, pantallas y pinganillos
En el pleno de la semana que viene, que debatirá y aprobará más que probablemente el contenido de esta reforma, ya se verán pinganillos y traductores en el hemiciclo del Congreso. Serán objeto de una primera contratación especial para la ocasión con dinero remanente del presupuesto de la Cámara baja. Ese operativo no se considera complicado, por los responsables de la mayoría política que controla de la Mesa, porque supondrá de entrada la contratación a una empresa privada de apenas cinco intérpretes y la utilización de aparatos para facilitar la traducción como los que usa el Congreso cuando recibe una visita institucional de un mandatario extranjero que no habla castellano, o como sucedió durante el discurso telemático del presidente Ucranio, Volodímir Zelenski, en abril de 2022, ante la Camara baja. Esa solución temporal podría tener que utilizarse más veces hasta que se ponga en marcha el sistema más permanente, estructurado y fijo, que la Mesa pondrá en marcha al mismo tiempo y ya pensando en el futuro, y que tiene que abordar no solo la traducción inmediata de las intervenciones en diferentes sesiones de trabajo sino también el registro escrito de todo tipo de iniciativas, que luego muchas pueden transformarse en leyes, y deben tener una validación formal y oficial. El Congreso, además, tenía programado cambiar antes del próximo mes de enero su sistema de pantallas de votación y micrófonos por unas tabletas nuevas más modernas, a las que ahora se incorporará un método de traducción y escucha para todas las lenguas cooficiales. La previsión, según fuentes de la Mesa, es que las taquígrafas de la Cámara escucharán las alocuciones en el idioma en el que se produzcan, las reproduzcan con la traducción correspondiente si así lo requieren y luego esas palabras sean trasladadas al diario de sesiones en castellano.
Lea la propuesta registrada en el Congreso. Si no puede verlo, pinche aquí.
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