El acuerdo sobre las lenguas en el Congreso apuntala la nueva mayoría mientras Junts reclama que la ley de amnistía esté aprobada antes de la investidura

Poco a poco, las piezas para construir una nueva mayoría de 178 escaños que dé paso a la investidura de Pedro Sánchez van encajando, aunque aún queda mucho camino por recorrer y hasta el último minuto todo puede descarrilar. Después del primer gran paso, el 17 de agosto, cuando Junts se sumó a la mayoría de la pasada legislatura —PSOE, Sumar (antes Unidas Podemos), ERC, PNV, Bildu y BNG— para hacer presidenta del Congreso a Francina Armengol, el miércoles llegó un segundo muy relevante: todos estos grupos, salvo el que dirige Carles Puigdemont, estamparon su firma en una proposición de ley para reformar el reglamento y permitir por primera vez en la democracia española que se puedan usar en el Congreso de forma generalizada las tres lenguas cooficiales que conviven en España con el castellano: el catalán, el gallego y el euskera.

Junts no puso su firma en una cuestión que habían exigido ellos mismos, con ERC, como forma de mostrar que aún no está en esa mayoría de 178 porque tiene que negociar con el PSOE sobre la base de las líneas que marcó el expresidente catalán fugado en Bruselas Carles Puigdemont el martes, pero sí apoyará la iniciativa y la ha negociado. El PSOE y Sumar logran así, de nuevo, un acuerdo con ERC y Junts dentro, algo muy complicado dada la rivalidad de los dos grupos independentistas, que vienen de romper su coalición de gobierno en Cataluña.

La reforma, que cuenta con la oposición del PP y Vox —el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, fue muy claro y dijo que está en contra de “un Congreso con pinganillos”— se aprobará a toda velocidad con esos 178 escaños —necesita mayoría absoluta, 176— en menos de dos semanas en un pleno extraordinario por lectura única, con el objetivo de que se pueda estrenar este nuevo sistema en el pleno de investidura de Feijóo el día 26. Allí se podrá hablar en las lenguas cooficiales, y habrá traducción, pero para la siguiente fase, que incluirá que todas las iniciativas puedan también registrarse por escrito en esas lenguas, habrá que esperar seis meses para que el Congreso busque los traductores y engrase el sistema.

El Senado ya permite el uso de lenguas cooficiales durante el debate de las mociones en pleno, que se celebran los martes y los miércoles, y que las iniciativas se publiquen también en estos idiomas, pero el Congreso va aún más allá y con la reforma lo ampliará a todas las sesiones y todas las iniciativas. El PSOE, que durante años rechazó esta posibilidad para el Congreso, asegura que esta medida trae a la Cámara baja la pluralidad lingüística y responde al mandato constitucional de proteger las lenguas cooficiales. “España se enriquece en su diversidad. Tenemos la obligación de defender el patrimonio cultural que nos aportan las lenguas de nuestro país y así lo vamos a hacer”, aseguró el portavoz socialista, Patxi López, mientras que la popular Cuca Gamarra aseguraba que es “una imposición” y que “no cuenten con el PP para crear distancia y diferencias entre iguales”.

Desde el punto de vista político, este nuevo pacto, negociado de forma discreta y alcanzado mucho más rápido de lo esperado, muestra el nivel de contactos que está habiendo dentro de la nueva mayoría, incluido Junts, y la voluntad de acuerdo que están mostrando todos. Este tipo de signos alientan la idea, cada vez más instalada en la coalición de PSOE y Sumar, de que la investidura es posible, aunque aún queda mucho por negociar.

El epicentro de esa negociación será la ley de amnistía que exige Puigdemont. Pese a que el líder de Junts había dejado abierto si exigía que la norma estuviera simplemente presentada o ya definitivamente aprobada antes de la investidura de Sánchez, fuentes de Junts aclaran que lo que están pidiendo es la aprobación total antes de que se vote al nuevo presidente, algo bastante más complejo por los plazos y porque el PP controla el Senado, que puede retrasar la aprobación.

El problema de fondo, visto desde Junts, es la desconfianza que ellos tienen hacia los socialistas. En el partido independentista se muestran confiados con que hay tiempo suficiente para aprobar un texto que sería una iniciativa de los grupos, una proposición de ley, como la reforma del reglamento, y en ningún caso la llevará el Gobierno porque está en funciones y no tiene esa posibilidad. Las últimas reformas del Código Penal para el delito de sedición y el de malversación también se hicieron así, vía proposición de ley de los grupos de la coalición, sin intervención del Gobierno.

Aún no se ha intercambiado ni un borrador de esa futura ley de amnistía, aunque Puigdemont, el martes desde Bruselas, se cuidó mucho de enmarcar su alcance desde los preparativos para el proceso participativo sobre la independencia que hizo el Gobierno de Artur Mas en 2014, y afirmó que el objetivo de la norma “no es olvidar ni poner punto final a nada ni para igualar a las víctimas y los victimarios”.

Es en esa falta de tiempo y de gestos donde se inscribe la otra condición de Puigdemont: la existencia de “un mecanismo de mediación y de verificación” de los acuerdos a los que se llegue y que podría paliar “la total falta de confianza entre las partes”. Se trata de un punto que fue explosivo en el intento de diálogo en 2019, y que acabó con los Presupuestos tumbados por los independentistas y un adelanto electoral, pues hace pensar automáticamente en la injerencia de un tercero en un asunto nacional. Sin embargo, Puigdemont no habla expresamente de un mediador, sino de mecanismos de verificación, algo mucho más amplio.

Pero la verdadera bomba de relojería es el momento en que Puigdemont decida plantear la carpeta de la autodeterminación. El eurodiputado fue claro el martes recordando que solo un referéndum pactado podría reemplazar lo que considera el mandato de la consulta del 1 de octubre de 2017, que la justicia declaró inconstitucional. “No hay una receta autonómica para resolver los problemas de Cataluña”, añadió. Hasta ahora, el Gobierno y ERC han ido evitando abordar el gran punto de disenso con frases cuidadosamente vaporosas para no hacer saltar todo por los aires. Los de Puigdemont parecen tener claro que un planteamiento maximalista haría volar todo, y el propio expresident habló en su discurso de “progreso” en esa carpeta en lugar de ubicarse en el escenario imposible de poner una fecha y una pregunta. En el Gobierno precisamente destacan que lo más relevante de la intervención del líder de Junts es que sacó el referéndum de autodeterminación de la ecuación de la investidura, porque sabe que eso la haría imposible. Queda pues muchísima negociación por delante, pero de momento las piezas van encajando y el tren está aún lejos de descarrilar.