El largo viaje de 18 años de las lenguas cooficiales en las Cortes

La nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha comprometido a que las lenguas cooficiales puedan utilizarse “lo más rápido posible” en el Congreso. Pero la tercera institución del Estado se muestra “consciente” de las “complejidades” que entraña aplicar un sistema técnico adecuado en la Cámara baja para convertir su promesa en realidad, como así lo reconoció el viernes en una entrevista en la Cadena SER, en la que avanzó que consultará con los grupos parlamentarios y el equipo técnico cómo desarrollar en la práctica la promesa anunciada tras tomar posesión de su cargo el jueves. De momento no está claro si las lenguas cooficiales podrán utilizarse en todos los contextos de la Cámara baja (comisiones, sesiones de control, interpelaciones...), ni tampoco cómo se desarrollará normativamente o el coste que supondrá. Todo dependerá de las conversaciones con los grupos y el asesoramiento técnico, según informan fuentes parlamentarias. En el Senado, sin embargo, cuentan con una experiencia de 18 años que puede dar pistas sobre su futura implantación en el Congreso. Aunque su uso está muy limitado.

En 2005, el Senado modificó su reglamento para permitir las lenguas cooficiales, pero solo en las sesiones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, mediante traducción simultánea de catalán, valenciano, euskera y gallego. A tal efecto, la Cámara alta impulsó una convocatoria pública para quienes quisieran optar al puesto de traductor intérprete y seleccionó a 25 profesionales que pasaron a engrosar una bolsa de empleo —en lugar de como personal fijo adscrito a la institución—, y a la que se recurre desde entonces.

Pero ese reducido uso se amplió un poco en 2010 con una nueva reforma del reglamento, extendiendo en su artículo 84 la posibilidad de utilizarlas también durante el debate de las mociones en el pleno, que suelen celebrarse los martes por la tarde-noche y los miércoles. Además se amplió el marco para que, junto a los textos en castellano, las iniciativas legislativas se publiquen a su vez en la lengua cooficial correspondiente. Los escritos presentados por los senadores en el registro y los dirigidos por los ciudadanos y otras instituciones al Senado pueden redactarse asimismo en castellano y en lengua cooficial. Por último, se amparó su uso en la primera intervención del presidente del Senado ante el pleno. Como ejemplo, el nuevo presidente de la Cámara alta, el popular Pedro Rollán, dio las “gracias” en catalán, euskera y gallego en su primer discurso del jueves. La reforma del reglamento de 2010 fue apoyada por todos los grupos menos por el PP.

En las mociones debatidas en pleno trabajan siete traductores intérpretes de la citada bolsa de empleo. Pero no se construyeron unas cabinas concretas, sino que durante dichas sesiones se ubican en la sala Europa, antes conocida como sala Internacional. Respecto al coste, el Senado destinó 280.000 euros en su último presupuesto anual para garantizar el uso de las lenguas cooficiales conforme a las pautas anteriores. En 2021, hubo un último intento de incrementar el margen de actuación que finalmente decayó. Y fue a través de una iniciativa presentada por Junts para universalizar las lenguas cooficiales. La toma en consideración de la propuesta salió adelante con el apoyo del PSOE y con 258 votos a favor, pero se quedó en agua de borrajas porque nunca pasó a comisión tras abrirse el plazo de enmiendas. Junts estimó entonces que sería necesario un presupuesto anual de 980.000 euros para llevarlo a la práctica.

El intento en el Congreso de 2022

En el caso del Congreso, el PSOE votó junto a PP, Vox y Ciudadanos en junio del año pasado en contra de la propuesta presentada por Unidas Podemos y sus principales socios parlamentarios en la que se permitía intervenciones en lenguas cooficiales en la Cámara baja con la correspondiente traducción simultánea. Los socialistas alegaban entonces que el castellano era la lengua de entendimiento común y se remitían al Senado como Cámara de representación territorial, donde ya se podía hacer uso de ellas, aunque fuera limitado. En el Congreso sí pueden utilizarse para determinadas citas o frases concretas desde tiempos del socialista Manuel Marín, presidente de la Cámara baja de 2004 a 2008, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Durante la pasada legislatura, han sido constantes las ocasiones en las que la anterior presidenta, Meritxell Batet, apercibía a los diputados que hablaban en lengua cooficial desde la tribuna.

Su sucesora, Armengol, pretende ahora un cambio total de paradigma, tras ser elegida como la tercera institución del Estado con los votos de las fuerzas nacionalistas de ERC, EH Bildu, Junts, PNV y BNG, al comprometerse durante su primera intervención a permitir “la utilización” del catalán, el gallego y el euskera desde ya. Aunque no está definido cómo se articulará normativamente, sí está claro que en cualquier caso no será necesario reformar el reglamento del Congreso, porque en ningún precepto se impide el uso de las lenguas cooficiales o se imponen el del castellano. Al tener el control de la Mesa de la Cámara, Armengol está en disposición de impulsar reglas relacionadas con el procedimiento parlamentario.

El PP, por su parte, se mostró el viernes en contra de la iniciativa presentada por la dirigente socialista. El vicesecretario del Partido Popular y vicepresidente del Senado, Javier Maroto, señaló en Onda Cero que para su formación el respeto a las lenguas oficiales es “máximo”, pero que “poner traducción simultánea en una sala donde todos” comparten una lengua, el castellano, “no es de sentido común”, además de advertir de que supondrá un coste “enorme” y una “gran ralentización del proceso”. Sin embargo, el Gobierno de la Comunidad Valenciana, liderado por el popular Carlos Mazón, censuró el viernes a Armengol por no incluir el valenciano entre las lenguas cooficiales y pide que, en el supuesto de que estas se utilicen en el Congreso, se introduzca también el nombre del valenciano, aunque no especifica si está a favor o no de su uso, informa María Fabra.

El Tribunal Constitucional ha llevado a cabo una importante tarea de definición y delimitación del marco jurídico de las lenguas cooficiales en España, establecido en el artículo 3 de la Constitución y en los respectivos Estatutos de Autonomía, y cuya jurisprudencia se incluye en el Informe de diagnóstico sobre el grado de cumplimiento del uso de las lenguas cooficiales en la Administración General del Estado, elaborado por el Ministerio de Política Territorial en 2019 y actualizado en 2020. En dicho estudio se recogen como lenguas cooficiales en las respectivas comunidades autónomas el euskera, el gallego, el valenciano, el catalán y la lengua occitana, denominada aranés en Arán (Cataluña). De su examen se desprende además que las instituciones públicas han de velar siempre por el uso de las lenguas cooficiales respecto a trámites o servicios que no excedan la comunidad autónoma —con la salvedad de la justicia, de particularidades concretas—, así como en los debates parlamentarios que se dan en las mismas. Para el resto, no es un requisito obligatorio, aunque buena parte de las páginas web oficiales permiten la traducción.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) incluidos en dicho informe —por comunidades autónomas—, el catalán puede ser hablado casi por el 85% de la población de Cataluña y por el 63,1% de la de Baleares. El gallego, por el 89% de la población gallega, el valenciano por el 51,8% de los residentes en Comunitat Valenciana y el euskera por el 55,1% de la población vasca y por el 21,7% de la Navarra.