Los fiscales del ‘procés’ piden al Supremo que dicte de nuevo una orden de detención internacional contra Lluís Puig

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado al juez Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, que dicte una nueva orden internacional de detención contra el exconsejero de Cultura de la Generalitat Lluís Puig, de Junts, que huyó a Bélgica junto a Carles Puigdemont en 2017. El escrito recuerda que, tras los cambios que introdujo la reforma penal pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC el pasado diciembre, Puig sigue procesado por los delitos de desobediencia y malversación, por lo que se debe reactivar su orden de detención. A diferencia de Puigdemont y del también exconsejero Toni Comín, Puig no es eurodiputado, por lo que su entrega a España no depende de ningún proceso judicial sobre la vigencia de su inmunidad parlamentaria, como sí sucede con los dos anteriores.

Firman el escrito los cuatro fiscales que intervinieron durante las fases de investigación y juicio del procés en el Supremo —Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena—, quienes subrayan que “los hechos constitutivos de malversación a los que es aplicable el artículo 432 del Código Penal llevan aparejadas penas privativas de libertad que, dada la elevada cuantía de los fondos malversados, oscilan entre 6 y 12 años de prisión”.

“El Ministerio Público —reza el escrito— interesa que nuevamente se emita orden de busca y captura internacional por si fuera necesario tramitar solicitud de extradición, así como orden europea de detención y entrega respecto del mismo procesado rebelde, Luis [sic] Puig i Gordi, por los hechos y delitos en que pueda encajar su participación” en actividades penalmente ilícitas durante el procés. La solicitud de los fiscales recuerda que en el caso de Puig el Supremo “consideró que era un acto de participación en el delito de malversación haber contribuido a la celebración del referéndum ilegalizado con actos en perjuicio del patrimonio público y concretamente asumiendo el pago de una parte específica de los gastos efectivamente generados”.

La Fiscalía del Supremo alude a que los cambios en la legislación penal aprobados en diciembre de 2022 condujeron a que el juez Llarena dictara un auto de 12 de enero pasado por el que “adaptaba nuevamente la imputación contra el referido procesado”. De esta modificación resultaba que seguían existiendo presuntas responsabilidades penales exigibles a Lluís Puig, “puesto que este, como consejero de Cultura, podía haber asumido una de las cinco partes en que se fraccionó el pago del encargo que se hizo a la empresa Unipost para que abordara el reparto de las notificaciones de los nombramientos de integrantes de mesas electorales (para el referéndum ilegal del 1-O), así como las notificaciones de la mesa en las que podía votar cada uno de los integrantes del censo”. En junio, el Tribunal Supremo confirmó el procesamiento de Puig —y del también exconsejero Antoni Comín, así como del expresident Carles Puigdemont— por los delitos de malversación agravada y desobediencia.

Puigdemont ha mostrado en su cuenta de X (antes Twitter) su apoyo a su exconsejero, sin ahorrar críticas a la Fiscalía. “Son tan previsibles que casi es una tradición. La derogación del ‘¡a por ellos!’ es una necesidad democrática, pero no parece que tengan el menor interés”.