El juez Llarena aplaza la decisión sobre la orden de detención europea de Puigdemont

Pablo Llarena, juez instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, no decidirá si lanza una nueva orden europea de detención contra Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña fugado en Bélgica desde 2017, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie provisionalmente sobre su inmunidad parlamentaria. El magistrado responde así a la petición de la Fiscalía del Supremo, que el pasado lunes —al día siguiente de las elecciones generales, cuyo resultado ha dado un papel clave al partido de Puigdemont para sacar adelante una eventual investidura de Pedro Sánchez— pidió que se cursase una orden de arresto europea e internacional contra el expresident y contra su exconsejero Toni Comín, también prófugo. La Fiscalía solicitó esa nueva orden de detención tras conocerse la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que el 5 de julio retiró la inmunidad de ambos europarlamentarios. Pero Puigdemont y Comín aún pueden recurrir en casación este fallo: tienen de plazo para hacerlo hasta el 15 de septiembre, y el TJUE podría dictar al respecto medidas cautelares devolviéndoles temporalmente la inmunidad. Por eso, Llarena ha decidido esperar.

El magistrado ha dictado una resolución (providencia) en la que avanza que resolverá “cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las eventuales medidas cautelares que ambos [Puigdemont y Comín] pueden presentar para ver restablecida provisionalmente su inmunidad parlamentaria”, según ha informado el Consejo General del Poder Judicial a través de una nota.

Llarena entiende que, si ahora cursase una euroorden, esta quedaría inmediatamente paralizada “si el TJUE admitiese la eventual medida cautelar que se pida al tiempo del recurso; obligando a interrumpir su tramitación internacional y haciendo intrascendente el adelanto de la orden de detención a este momento”. El escrito precisa que la sentencia del pasado 5 de julio, que desestimó los recursos de los procesados contra la decisión del Parlamento Europeo de conceder el suplicatorio contra ambos pedido por el juez, puede ser recurrida en casación, con solicitud de medidas cautelares (recuperación de la inmunidad hasta la decisión final), hasta el 15 de septiembre. Y fuentes del entorno de Puigdemont confirman que este pretende apurar ese plazo.

El juez dice que, si nadie recurre ni se solicitan medidas provisionales, entonces sí cursará la euroorden, ya que cree que “no existirá ninguna dificultad” para que esta se resuelva antes de que sea disuelto el actual Parlamento Europeo. Las elecciones europeas son en junio de 2024; si Puigdemont concurriera a ellas y fuese elegido de nuevo eurodiputado, Llarena tendría que volver a iniciar todo el proceso para pedir a la Eurocámara que le retirase la inmunidad parlamentaria y permitiera su juicio en España. El expresidente catalán está procesado en rebeldía por malversación agravada y desobediencia, por su papel protagonista en la declaración ilegal de independencia de octubre de 2017. El delito de malversación implica penas de hasta 12 años de cárcel. El delito de sedición decayó cuando el Gobierno de Pedro Sánchez lo eliminó del Código Penal en diciembre de 2022, en una reforma pactada con ERC para rebajar el castigo a los líderes del procés independentista.

El escrito de contestación de Llarena llega en un momento clave, en el que los resultados de las elecciones del domingo pasado dan al partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, un papel muy relevante en la futura gobernabilidad de España: el socialista Pedro Sánchez necesita, para ser investido presidente, que Junts al menos se abstenga en la votación.