Puigdemont, un actor político clave en un momento procesal complicado

Carles Puigdemont se ha convertido en un actor clave para la gobernabilidad de España —los siete diputados de Junts en el Congreso son determinantes para que Pedro Sánchez sea investido presidente— en un momento en que su situación procesal es especialmente complicada. A punto de cumplir seis años de su huida a Bélgica, el expresidente de la Generalitat está cada vez más cerca de tener que afrontar su supuesta responsabilidad penal por el procés: a un paso de perder la inmunidad y con la petición de la Fiscalía de reactivar la orden de detención internacional.

Apenas tres semanas antes de las elecciones del 23-J, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), con sede en Luxemburgo, retiró a Puigdemont la inmunidad como diputado del Parlamento europeo. La decisión afecta también a dos de los consejeros del Gobierno catalán que organizó el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017: Toni Comín y Clara Ponsatí. La resolución no es firme y Puigdemont y sus compañeros de filas ya la han recurrido, pero sus probabilidades de mantener la inmunidad son escasas. Tras conocer el fallo, el Gobierno de Sánchez se mostró “muy satisfecho” por una sentencia que supone “un respaldo indudable a las instituciones españolas”, señaló la ministra de Justicia, Pilar Llop.

Las elecciones generales han dado un protagonismo inesperado a Junts, formación que desde su sede en la residencia de Waterloo (Bélgica) sigue bajo la tutela de Puigdemont. El partido independentista ya ha asegurado que no hará presidente gratis a Sánchez. El mismo lunes, tras el 23-J, la Fiscalía del Tribunal Supremo pidió al magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, que emita una orden de busca y captura internacional contra el expresidente catalán, y que curse una nueva euroorden. La petición del ministerio público se produce como consecuencia de la decisión de la justicia europea (no firme aún) de retirarle la inmunidad.

El indulto a los políticos del procés, la derogación del delito de sedición y la modificación de la malversación hicieron que, en algún momento, el entorno de Puigdemont acariciase la idea de volver a España como algo no muy lejano. Pronto comprobaron que no será tan sencillo. El exmandatario está procesado por Llarena por los delitos de desobediencia (que implica únicamente penas de inhabilitación) y de malversación. El magistrado ya ha dejado claro que atribuye al expresidente catalán ese delito en su modalidad agravada, lo que supone una pena de hasta 12 años de prisión.

En caso de regresar a España, Puigdemont sería detenido por las órdenes nacionales de busca y captura dictadas por Llarena y que continúan en vigor. Su futuro inmediato pasaría, probablemente, por el ingreso en prisión preventiva a la espera de un juicio que podría suponerle una condena. El Gobierno tiene la posibilidad, una vez sea firme, de concederle el indulto, una posibilidad que, pese a la recién adquirida influencia de Junts en el panorama político, aparece como muy lejana.

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