La Fiscalía pide al juez del Supremo Pablo Llarena que ordene la detención de Puigdemont

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado este lunes al juez Pablo Llarena que dicte una orden de busca y captura e ingreso en prisión del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, incluyendo una orden de arresto europea e internacional contra él y contra su exconsejero Toni Comín. Ambos cabecillas del procés independentista catalán llevan cinco años y medio prófugos en Bélgica. Esta petición se produce tras la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que el 5 de julio retiró la inmunidad de ambos europarlamentarios.

Aunque esa sentencia del TGUE aún puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión, la Fiscalía subraya que el recurso no tendría efecto suspensivo, “por lo que, teniendo en cuenta la situación personal de ambos [políticos] —huidos de la justicia y en rebeldía—, resulta procedente emitir nuevamente órdenes de detención internacionales y europeas”, reza el escrito. Los delitos imputables a ambos serían los recogidos en el auto de Llarena del 12 de enero de 2023: desobediencia y malversación agravada. El ministerio público subraya que este segundo delito conlleva penas de prisión de entre seis y 12 años.

El escrito llega un día después de las elecciones generales del 23-J, cuyo resultado ha dado precisamente al partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, un papel relevante en la futura gobernabilidad de España: el socialista Pedro Sánchez, si intenta armar una mayoría parlamentaria para revalidar el cargo de presidente, necesitaría al menos la abstención de Junts para ser investido. La dirección del partido independentista, que sigue reivindicando a Puigdemont como “presidente legítimo de Cataluña” y decide sus estrategias en visitas periódicas al dirigente prófugo en su residencia belga de Waterloo, ha reiterado este lunes que el precio que Sánchez tendría que pagar por ese apoyo es “la amnistía y el derecho de autodeterminación”.

El 5 de julio, el Gobierno de Sánchez se mostró “muy satisfecho” por la sentencia del TGUE que retiraba la inmunidad a Puigdemont. La ministra de Justicia, Pilar Llop, opinó que la resolución era “un espaldarazo y un respaldo indudable a las instituciones y la Justicia española y también al Parlamento Europeo”. “Dejémonos de paños calientes. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia. Esa es su obligación como ciudadano”, aseveró. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, abundó en esa idea, celebrando que la sentencia implicaba que el expresident estaba “más cerca” de rendir cuentas ante la justicia española.

Tras conocer este lunes la petición fiscal, Puigdemont ha tuiteado en inglés: “Un día eres decisivo para la formación de un Gobierno español, al día siguiente España ordena tu arresto”.

Puigdemont y Comín, junto a otros seis miembros de la Generalitat, huyeron a Bélgica en los últimos días de octubre de 2017, después de que el Parlamento catalán declarase la independencia el 27 de ese mes y el Ejecutivo de Mariano Rajoy interviniera automáticamente la autonomía aplicando el artículo 155 de la Constitución y destituyera a todo el Govern. El 30 de octubre de aquel año, la Fiscalía formalizó la querella por rebelión, sedición y malversación contra todos los prófugos y también contra los dirigentes del procés que no habían huido; entre ellos, el líder de ERC Oriol Junqueras. Al día siguiente, 31 de octubre, Puigdemont y sus seis consejeros comparecieron en rueda de prensa desde Bruselas. En los días o años posteriores todos fueron regresando, salvo el expresident, Comín y Lluís Puig, que permanecen huidos desde entonces. En 2019, Puigdemont y Comín —y Clara Ponsatí, en ese momento aún fugada— fueron elegidos diputados del Parlamento Europeo.