El fiscal se querella por rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont y Forcadell

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, presentó este lunes en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo sendas querellas por rebelión, sedición y malversación de fondos, entre otros delitos, contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los 13 exconsejeros del Govern catalán y contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y otros cinco miembros de la Mesa de la Cámara. Maza considera que todos ellos alentaron un “movimiento de insurrección activa entre la población” para la secesión de Cataluña.

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Las querellas por rebelión contra los principales líderes independentistas catalanes se centran principalmente en el periodo comprendido entre el 6 y 7 de septiembre, cuando el Parlament aprobó, despreciando los derechos de la minoría, las llamadas leyes de desconexión de Cataluña, y el pasado sábado, cuando Puigdemont, ya cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución, se presentó, en un discurso grabado en Girona y retransmitido por TV3, como presidente de la Generalitat.

Los escritos hacen especial hincapié en la jornada del 1 de octubre, cuando se celebró, entre cargas policiales, el referéndum de autodeterminación suspendido por el Tribunal Constitucional y prohibido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Sin embargo, las denuncias, firmadas ambas por el fiscal general Maza, enmarcan los episodios de levantamiento “intimidatorio y violento” contra la Constitución y para “romper la organización territorial del Estado” en el plan independentista que arrancó el 9 de noviembre de 2015. Ese día, los diputados de Junts pel Sí y la CUP aprobaron en el Parlament la resolución independentista.

“Con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años [los querellados] han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada, con total desprecio a nuestra Constitución, el pasado 27 de octubre”, recordó Maza en una comparecencia sin preguntas.

Los 20 querellados, sostiene la Fiscalía, alentaron, con su desobediencia “sistemática” a las resoluciones del Constitucional, “un movimiento de insurrección activa entre la población frente a la autoridad legítima de las instituciones del Estado con el fin de conseguir su objetivo secesionista”.

Según la querella, el pretendido carácter de “resistencia pacífica” de las movilizaciones, “no era sino un eufemismo de lo que en realidad consistía (...) en una incitación para que [los sectores independentistas de la población] se opusieran e hicieran frente a la actuación de los agentes de la autoridad”.

El fiscal Maza, tras consultar hasta el mismo domingo a los fiscales del Supremo, optó por incluir en las querellas el delito de rebelión. Este tipo penal castiga con un máximo de 30 años de cárcel a quienes se alcen “pública y violentamente” para, entre otros objetivos, “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

Levantamiento violento

La fiscalía concluye que el 1-O y los días previos y posteriores “constituyeron una insurrección, un levantamiento violento alentado por los querellados, en el que el sector de la población partidario de la secesión, enardecida por sus dirigentes, desobedeció públicamente y mostró su resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado”.

El escrito dedica numerosas páginas a relatar, colegio por colegio, los principales incidentes registrados durante la jornada de la consulta ilegal. Maza responsabiliza a Puigdemont, Forcadell y el resto de querellados de estos altercados: “Los momentos de violencia vividos en gran parte de los centros destinados a llevar a cabo la ilícita votación fueron el resultado de la pertinaz actitud de los querellados de celebrar a toda costa el inconstitucional referéndum imponiéndolo por la fuerza de los hechos consumados y de la multitud movilizada”.

Este supuesto levantamiento trataba de “impedir por la fuerza el cumplimiento de las resoluciones judiciales mediante una actuación propiciada e impulsada por los querellados para la preparación y celebración del referéndum y la consiguiente consagración de Cataluña como una república independiente".

Los episodios de “ocupación masiva de las calles”, según Maza, formaban parte de la estrategia secesionista y se extendieron a la jornada del “paro de país” del 3 de octubre. Esa convocatoria, realizada al amparo de un preaviso de huelga realizado el 28 de septiembre, se transformó en una protesta contra las cargas policiales del domingo del referéndum, que causaron dos heridos graves y centenares de atendidos por los servicios sanitarios por contusiones y crisis de ansiedad. “La huelga no fue convocada en defensa de los derechos de los trabajadores, sino como un acto más de fuerza secundado y favorecido por el Govern de la Generalitat”, señala el fiscal general en su escrito.

El texto de Maza sitúa a los Mossos como clave para los planes de los supuestos rebeldes: “La declaración de independencia impulsada por los querellados” requiere “la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos d’Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto intimidatorio que los mismos representan para quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución”.

Para el ministerio público, el delito de rebelión incluye “las invitaciones que hayan podido realizarse a determinados mandos de los Mossos d’Esquadra para facilitar la realización del referéndum, con independencia de que los mismos hayan o no aceptado la proposición”.

La querella basa parte de su argumentación en declaraciones públicas de los denunciados. Así, para apuntalar la idea de que los independentistas contaban con los Mossos en sus planes el fiscal recoge declaraciones de prensa del cesado conseller de Interior, Joaquim Forn, en las que este supuestamente daba por bueno de forma implícita el uso de la fuerza armada de los Mossos contra quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución en Cataluña. El pasado 11 de octubre en el portal independentista Vilaweb, Forn manifestó: “Si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad política no habrá ninguna colisión entre policías”.

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La querella contra los miembros del Parlament, que siguen aforados, se ha presentado en el Tribunal Supremo, y no en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque parte de los hechos que se pretenden investigar ocurrieron fuera de España. El fiscal recuerda que el bloque secesionista se apoyó en una consultora de Estados Unidos para, previo pago de 60.000 euros, facilitar a los líderes secesionistas “encuentros con medios de comunicación, cámaras de comercio, organizaciones y funcionarios de los poderes legislativo y ejecutivo para impulsar la imagen del Govern”.

Según la Fiscalía, “la adhesión de personajes más o menos conocidos del panorama internacional, que van desde Julian Assange hasta Yoko Ono” a la causa independentista, “no ha sido tampoco espontánea”.

El escrito también hace mención a la actividad de Diplocat, la red de embajadas catalanas suprimida por la aplicación del artículo 155. “Fruto de los trabajos y contactos previos llevados a cabo por Diplocat, el Govern pudo contar con algunos expertos internacionales que se erigieron en observadores del referéndum”.

La querella menciona también cómo, tras celebrarse el referéndum ilegal, “Puigdemont ha iniciado una nueva etapa de presión a las autoridades españolas, en las que insiste en un teórico diálogo con la mediación de la comunidad internacional”. También señala que en este tiempo “la presión a la prensa internacional ha continuado y se ha intensificado”. La colocación de un relato único ha cristalizado en informaciones en medios de comunicación de distintos países que incorporan sistemáticamente la perspectiva de la Generalitat.