El Congreso habilita plenos en fin de semana y festivos hasta el 27-N para facilitar la investidura de Sánchez

El pacto político entre el PSOE y Junts aún no está cerrado, pero mientras se retoman las negociaciones sobre sus flecos en Bruselas, el Congreso ha declarado como hábiles para el posible debate de investidura del socialista Pedro Sánchez todos los días que quedan hasta el 27 de noviembre, fecha tope para evitar la repetición de elecciones el 14 de enero. La Mesa del Congreso, que decide la organización de los debates en la Cámara baja, abre así todas las opciones, incluidos festivos, sábados y domingos. La posibilidad de celebrar el debate la semana que viene, como querría el PSOE, se aleja, aunque todavía no se descarta y, de alcanzarse el acuerdo con Junts, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, podría fijar la fecha en cuestión de horas sin necesidad de convocar de nuevo a la Mesa. En la reunión de este viernes, el PP ha votado contra el nombramiento del nuevo secretario general y letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo. Es un rechazo inédito, pero en este caso le consideran próximo al Gobierno y proclive a aceptar la tramitación y el debate de una posible proposición de ley de amnistía.

La Mesa del Congreso tenía sobre su agenda este viernes “una panoplia” de asuntos a abordar, como señaló uno de sus componentes, pero la máxima expectación estaba en si el órgano de gobierno de la Cámara decidía ya una fecha para el debate de investidura de Sánchez. No ocurrió así. El PSOE, que con Sumar dispone de cinco de los nueve componentes de esa Mesa, no quiere determinar la fecha de ese crucial debate hasta no conocer si se fragua un pacto de investidura con Junts.

Lo que sí acordó la Mesa, con la abstención del PP, fue habilitar y dejar ya como fechas posibles para organizar esos debates cualquier día natural desde este fin de semana hasta el lunes 27 de noviembre, incluido el jueves 9 de noviembre, festividad de La Almudena en Madrid, que se baraja también como fecha para esa investidura. Esa sesión podría así, en teoría, prepararse incluso en sábados, domingos y festivos, aunque ese no es en principio el plan. El PSOE mantiene su intención de que el debate sea la semana que viene. La fecha la resolverá ahora Armengol, porque está dentro de sus potestades como presidenta del Congreso. Armengol podría, si quisiera, informar y hasta convocar una Mesa y una Junta de Portavoces específica sobre la sesión de investidura, aunque no es obligatorio. La única Mesa prevista por ahora es la habitual de todos los martes, la única que está fijada para la semana que viene.

La discusión en el Congreso sobre la fecha para la investidura está totalmente trufada con la polémica sobre la tramitación de ley de amnistía a los delitos del procés, que el PSOE ya ha cerrado con ERC, como fue presentado en el acuerdo firmado el jueves en Barcelona entre el líder republicano, Oriol Junqueras, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El objetivo del PSOE era registrar ese texto como una proposición de ley firmada por varios de los grupos parlamentarios aliados para la investidura ese mismo jueves para que la Mesa de este viernes lo hubiera calificado y aceptado para su futuro debate. Las objeciones de última hora de Puigdemont sobre los beneficiarios de la medida de gracia impidieron ese trámite, que se espera para cualquier momento.

La proposición sobre la amnistía podría abordarse y la Mesa podría dar el visto bueno a su tramitación el martes, incluso si se registra al final el lunes por la tarde. Lo que el PSOE no piensa hacer es llevar un asunto de esa trascendencia sobre la marcha, in voce, a la reunión de ese órgano del martes. Aunque no está prohibido, normalmente los presidentes de la Cámara lo evitan, entre otras razones para que los letrados del Congreso puedan estudiar con tiempo los asuntos y velar por su legalidad. Se trata de un paso no menor y que en este caso no se ha librado tampoco de la lucha entre el PSOE y sus futuribles socios y la derecha de la Cámara, es decir, el PP, y la ultraderecha de Vox.

El PP votó este viernes en contra, algo que no había sucedido nunca hasta ahora, del nombramiento del nuevo secretario general y letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, que sustituye en ese puesto clave a Carlos Gutiérrez, que llevaba ya 10 años y había pedido a Armengol su sustitución porque consideraba que ya llevaba mucho tiempo en ese cargo de gran desgaste. Armengol buscó en ese cuerpo de élite del Estado a una persona idónea, que debía además de llevar al menos 13 años en la carrera, y optó por Galindo, que cumplía todos los requisitos formales, pero que en los últimos meses ha formado parte del actual Gobierno como subsecretario en el Ministerio de Administraciones Públicas que dirige la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.

El PP, que en el pasado respaldó a Galindo para hasta tres puestos de director de departamento en el Congreso y que contó con la confianza expresa del expresidente popular Jesús Posada, ahora plantea que el nuevo secretario general es demasiado próximo al Ejecutivo de Sánchez. Los populares temen que Galindo sea proclive a aceptar y considerar viable el debate en el Congreso sobre la futura ley de amnistía al procés, en contra de lo que hizo su predecesor en junio de 2021 con una propuesta en teoría similar registrada por ERC y que aquel secretario general no vio constitucional. El nombramiento de Galindo prosperó con el voto de los cinco miembros del PSOE y Sumar y será efectivo desde este viernes. Las “notas” o informes de los letrados no son vinculantes para la Mesa del Congreso, que es un órgano político, y se solicitan para asegurarse de que sus decisiones son legales. En el PSOE defienden que el preámbulo de la proposición de ley de amnistía que quieren registrar ahora sí quedará bien claro que el proyecto no se saldrá de los límites de la Constitución.

La Mesa aprobó por unanimidad una resolución para permitir la corrección del voto erróneo presencial de los diputados, como sucedió en la reciente sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, si se produce por el propio afectado antes de que emita su voto el siguiente y sin que lo alerte ningún otro parlamentario o dirigente de su partido. A los secretarios de la Mesa se les permitirá pedir aclaraciones si no lo han escuchado bien. La Mesa también ratificó por unanimidad el reparto de diputados en las comisiones, según el criterio proporcional fijado para la Diputación Permanente y que salió del resultado de las urnas el 23-J.