Trabajo forzado uigur para llevar el pescado a la mesa de Occidente

En una mañana nublada del pasado mes de abril, más de 80 hombres y mujeres vestidos con la misma chaqueta cortavientos roja, formaban filas ordenadas frente a la estación de tren de Kashgar, una ciudad de la provincia china de Xinjiang. Eran uigures, una de las minorías étnicas más numerosas de China, y permanecían de pie, con las maletas junto a ellos y expresiones adustas en los rostros, asistiendo a una ceremonia de despedida organizada en su honor por el Gobierno local. Un vídeo del acto publicado en Douyin, la versión china de TikTok, muestra a una mujer con el traje vestido tradicional rojo y amarillo y el típico sombrero doppa uigur haciendo piruetas en un escenario. En una pancarta se puede leer: “Fomentar el empleo masivo y construir la armonía social”. Al final del vídeo, un dron muestra los trenes que esperan para llevárselos. El acto formaba parte de un vasto programa de traslado de mano de obra dirigido por el Estado chino, que envía a la fuerza a los uigures a trabajar en industrias de todo el país, incluidas las fábricas de procesado de marisco y pescado. “Es una estrategia de control y asimilación”, explica Adrian Zenz, antropólogo que estudia el internamiento en Xinjiang. “Y está diseñada para eliminar la cultura uigur”.

El programa laboral forma parte de una agenda más amplia pensada para subyugar a un pueblo históricamente inquieto. China está dominada por la etnia han, pero más de la mitad de la población de Xinjiang, una región del noroeste del país sin salida al mar, está constituida por minorías (la mayoría uigures, pero también algunos kirguises, tayikos, kazajos, hui o mongoles). Los insurgentes uigures se rebelaron durante toda la década de 1990 y bombardearon comisarías en 2008 y 2014. En respuesta, China intensificó un amplio programa de persecución, en virtud del cual las minorías predominantemente musulmanas de China podían ser detenidas durante meses o años por actos como recitar un versículo del Corán en un funeral o dejarse crecer la barba. A principios de la década de 2000, China comenzó a crear una base de datos nacional de ADN; en 2017, el Gobierno recopilaba ya muestras de ADN, huellas dactilares, escáneres de iris y grupos sanguíneos de todos los residentes de Xinjiang con edades comprendidas entre los 12 y los 65 años, y en los últimos años ha combinado esta información con datos de vigilancia masiva obtenidos mediante rastreadores de Wi-Fi, CCTV y visitas en persona. El Gobierno ha recluido a millones de uigures en campos de “reeducación” y centros de detención, donde han sido sometidos a torturas, palizas y esterilización forzosa, según han puesto de manifiesto, según han puesto de manifiesto distintas investigaciones internacionales y han denunciado organismos como la ONU. El Gobierno estadounidense ha descrito las acciones del país en Xinjiang como una forma de genocidio.

A principios de la década de 2000, China comenzó además a trasladar a uigures a trabajar fuera de la región, como parte de una iniciativa que más tarde se conocería como Ayuda a Xinjiang. El entonces secretario del Partido Comunista en la región señaló que el programa fomentaría el “pleno empleo” y la “interacción, el intercambio y la mezcla étnica”. Pero distintas publicaciones académicas chinas lo han descrito como una forma de “resolver” el “problema consolidado” de la sociedad uigur, donde el Estado ve el “gran número de jóvenes uigures desempleados” como una “amenaza latente.” En 2019, investigadores de la Universidad de Nankai en China, a quienes se dio acceso privilegiado a la información sobre el programa, escribieron un informe, que se publicó accidentalmente en Internet, en el que describían las transferencias como “un método importante para reformar, fusionar y asimilar” a la comunidad uigur. El programa proporciona mano de obra barata a las principales industrias chinas, una necesidad que se vio acentuada en el sector marisquero de Shandong tras el inicio de la pandemia de covid-19, cuando los cierres provocaron escasez de mano de obra. Julie Millsap, del Proyecto Uigur de Derechos Humanos (UHRP por sus siglas en inglés), señalaba que, a través del programa, el Estado puede “orquestar y restringir todos los aspectos de la vida de los uigures”. (Los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores chino declinaron responder a las preguntas sobre el programa). Entre 2014 y 2019, según las estadísticas oficiales recogidas por la ONU, las autoridades chinas reubicaron anualmente a más del 10% de la población de Xinjiang —o dos millones y medio de personas— mediante transferencias de mano de obra; cerca de 25.000 uigures al año fueron enviadas fuera de la región. El impacto ha sido enorme: entre 2017 y 2019, según la ONU, las tasas de natalidad en Xinjiang se redujeron casi a la mitad.

El año pasado, la Unión Europea propuso una legislación que prohíba los productos fabricados con mano de obra forzada, aunque no mencionó expresamente el caso uiguir. Sin embargo, un año antes, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, que estipula que debe presumirse que todos los bienes producidos “total o parcialmente” en Xinjiang o por trabajadores de minorías étnicas de la región han implicado trabajo forzoso impuesto por el Estado y, por lo tanto, tienen prohibida la entrada en el país norteamericano. Desde el pasado mes de junio, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos ha retenido mercancías relacionadas con Xinjiang por valor de más de 1.000 millones de dólares, entre ellas aparatos electrónicos, prendas de vestir y productos farmacéuticos. Sin embargo, el sector del marisco había pasado prácticamente desapercibido hasta ahora. Estados Unidos importa aproximadamente el 80% del marisco que consume, y China le suministra más que ningún otro país. La mitad de los palitos de pescado que se sirven en las escuelas públicas estadounidenses han sido procesados en China, según la organización de Productores de Auténtico Abadejo de Alaska. En Europa, el caso de España merece mención aparte, ya que tiene la mayor industria de transformación de pescado del continente y un elevado consumo y gasto per cápita en pescado y productos del mar. Sin embargo, como la acuicultura y la industria pesquera nacional no son suficientes para satisfacer esas necesidades, depende cada vez más de las importaciones para compensar el déficit. Y China se ha convertido en una de sus principales proveedores, con más de 477 millones de euros importados del país asiático en 2022, según los datos del Departamento de Agricultura de EE UU.

Pero los numerosos traspasos que ha documentado esta investigación entre barcos pesqueros, plantas de procesado y exportadores dificultan enormemente la trazabilidad del marisco. La provincia de Shandong, un importante centro de procesamiento de mariscos situado en la costa oriental de China, se encuentra a más de 1.500 km de Xinjiang, lo que posiblemente haya ayudado a evadir el escrutinio. Pero el hecho es que, desde 2018, al menos 1.000 uigures han sido enviados a trabajar en fábricas de procesamiento de mariscos en Shandong, según nuestros cálculos. “Van de puerta a puerta”, asegura Zenz. “Literalmente, los llevan desde los puntos de recogida en Xinjiang hasta la fábrica”.

Por lo general, los periodistas extranjeros tienen prohibido informar libremente en Xinjiang. Los censores también limpian Internet de contenidos críticos y no oficiales sobre la mano de obra uigur. Junto a mi equipo de investigación, hemos revisado cientos de páginas de boletines internos de empresas, noticias locales, datos comerciales e imágenes por satélite. Visionamos miles de vídeos subidos a Internet, la mayoría en Douyin, que muestran a trabajadores uigures de Xinjiang; verificamos que muchos de los usuarios se habían registrado inicialmente en Xinjiang, y encargamos a especialistas que analizaran los idiomas utilizados en los vídeos. También contratamos a investigadores para que visitaran algunas de las instalaciones. Estas fuentes nos permitieron hacernos una idea del sistema de trabajo forzado uigur que hay detrás del pescado que consume gran parte del mundo.

Los traslados suelen comenzar con una llamada a la puerta. Un “equipo de trabajo de la aldea”, compuesto por funcionarios locales del partido, entra en una casa y realiza un “trabajo de reflexión”, que consiste en instar a los uigures a unirse a los programas de traslado del Gobierno. Los funcionarios suelen tener cuotas de incorporación, y a veces se unen a ellos representantes de empresas estatales, como el Grupo Xinjiang Zhongtai, un conglomerado presente en el ranking Fortune 500, que participa en la coordinación de traslados laborales y en ocasiones se une en las vistas a las casas. Wang Hongxin, expresidente de Zhongtai, empresa que en los últimos años ha facilitado “empleo” a más de 100.000 trabajadores del sur de Xinjiang, describía los esfuerzos de contratación de su empresa en estos términos: “Los campesinos de Siyak tienen un fuerte deseo de salir de sus casas y encontrar trabajo”. (La empresa declinó hacer comentarios para este artículo).

La versión oficial da a entender que los trabajadores uigures se sienten agradecidos por las oportunidades de empleo y es probable que algunos lo estén. En una entrevista con los medios de comunicación estatales, una trabajadora uigur señalaba que ella y su marido ganaban ahora 22.000 dólares al año en una fábrica de marisco, y que la empresa les proporcionaba “alojamiento y comida gratis”. Pero una directiva interna reservada del Mando de Mantenimiento de la Estabilidad de la prefectura de Kashgar, fechada en 2017, indicaba que las personas que se resisten a los traslados laborales pueden ser castigadas, incluso, con penas de prisión. Una mujer de Kashgar que rechazó ser trasladada a una fábrica porque tenía que cuidar de dos niños pequeños fue detenida. Otra mujer que se negó a aceptar un traslado fue encerrada en una celda por “no cooperar”, según ha podido averiguar Zenz. Además, el Estado dispone de otros métodos de presión. Los niños y los mayores suelen ser enviados a centros estatales; las tierras familiares pueden ser confiscadas. Según un informe de Amnistía Internacional de 2021 citado en un trabajo de la Universidad de Sheffield, una exdetenida en un campo de internamiento afirmaba: “Aprendí que si un [miembro] de la familia estaba en un campo, tenías que trabajar para que el padre o el marido pudieran salir rápidamente”.

Una vez que se recluta a las personas, se las acorrala. En febrero de 2022, por ejemplo, miles de uigures fueron llevados a una “feria del trabajo” en un antiguo campo de internamiento del suroeste de Xinjiang. Varios vídeos de acontecimientos similares en otros puntos de la provincia muestra a la gente en filas ordenadas, firmando contratos bajo la vigilancia de personas que parecen ser funcionarios vestidos con uniformes del Ejército. Muchos traslados se realizan en tren o en avión. Imágenes publicadas en distintos medios muestran a uigures con flores rojas prendidas en la chaqueta —símbolo habitual de celebración— embarcando en vuelos de China Southern Airlines fletados por las autoridades de Xinjiang. (La aerolínea declinó hacer comentarios). A veces, los traslados están motivados por demandas laborales. En marzo de 2020, el Grupo Chishan, una de las principales empresas de captura y procesamiento de marisco y pescado de China, publicó un boletín interno en el que describía lo que denominaba la “enorme presión sobre la producción” que había causado la pandemia. En octubre, funcionarios del Partido Comunista pertenecientes al destacamento antiterrorista de la oficina de seguridad pública y de la oficina de recursos humanos y seguridad social, que se encarga de los traslados, se reunieron en dos ocasiones con varios ejecutivos para hablar sobre el modo de encontrar mano de obra adicional para la empresa. Al cabo de unos meses, Chishan accedió a acelerar los traslados a sus plantas. Wang Shanqiang, subdirector general del grupo, declaraba en un boletín corporativo que “la empresa espera que los trabajadores inmigrantes de Xinjiang lleguen pronto”. (El Grupo Chishan declinó hacer comentarios).

Un anuncio publicado en un foro chino en Internet y dirigido a los propietarios de fábricas promete que, cuando lleguen los trabajadores, el Estado los someterá a una “gestión de estilo militar”. Algunos vídeos de grabados en las fábricas de productos del mar muestran que muchos viven en dormitorios, vigilados por personal de seguridad. Un trabajador de la provincia de Fujian declaró a Bitter Winter, una revista digital, que a menudo se realizaban registros en los dormitorios uigures; si se encontraba un Corán, aseguraba, su propietario podía ser enviado a un campo de reeducación. En un boletín de Chishan de diciembre de 2021, la empresa describía a los trabajadores de otras provincias como un riesgo “importante” para la seguridad; otro subrayaba la importancia de vigilarlos por la noche y durante las vacaciones para evitar “peleas, disturbios por borracheras e incidentes masivos”.

La transición de la vida rural al trabajo en la fábrica es brusca. A los nuevos trabajadores, se explica sin embargo en otro boletín de Chishan, no se les exigen al principio cuotas de producción, para ayudarles a adaptarse. Aunque al cabo de un mes, los responsables de la fábrica empiezan a controlar su producción diaria para aumentar su “entusiasmo”. En una de las fábricas hay equipos especiales encargados de aquellos que “no se adaptan a la vida”. A veces, los operarios uigures son emparejados a su llegada con otros más veteranos a los que se les pide “estar al tanto de las ideas de los nuevos trabajadores extranjeros.” Muchos obreros de Xinjiang son sometidos a “educación patriótica”. Unas imágenes publicadas por un organismo municipal muestran a empleados pertenecientes a minorías étnicas procedentes de Xinjiang en la fábrica de Yantai Sanko estudiando un discurso de Xi Jinping y leyendo “la política étnica del partido”. (Yantai Sanko declinó hacer comentarios). En un esfuerzo por elevar la moral, algunas fábricas de gran tamaño ofrecen comedores separados y comida uigur a los desplazados. De vez en cuando, las fábricas celebran festejos que incluyen trajes tradicionales, bailes y música. Imágenes del interior de una de ellas muestran a uigures bailando en la cafetería, rodeados de guardias de seguridad uniformados. “Esta clase de celebración se utiliza para suscitar el apoyo local a las políticas gubernamentales y dar a entender que el Gobierno apoya la cultura uigur”, explica Rachel Harris, profesora de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres. “Cuando en realidad, por supuesto, el trabajo en las fábricas es obligado, respaldado por la amenaza de los campos, y los uigures no tienen ningún derecho a practicar su propia cultura”.

Algunos trabajadores de otras industrias que ha conseguido escapar de estos programas son a veces más explícitos sobre el trato recibido. Un hombre uigur liberado de un campo de reeducación para ser trasladado a una fábrica de ropa declaraba a Amnistía Internacional en 2021: “No tuvimos elección”. Una mujer de Xinjiang llamada Gulzira Auelhan fue obligada a trabajar en una fábrica de guantes. La castigaban por llorar o por pasar demasiado tiempo en el baño colocándola en la “silla tigre”, con los brazos y las piernas inmovilizados, en una especie de tortura. “La primera vez pasé entre seis y ocho horas en la silla tigre porque no seguía las normas”, cuenta. “La policía alegó que tenía problemas mentales y que no tenía la actitud adecuada”.

Pero los uigures que siguen en las fábricas son vigilados de cerca, así que una de las pocas formas de asomarse a sus vidas es a través de sus publicaciones en las redes sociales. Cuando llegan por primera vez a Shandong, muchos de ellos se hacen selfies junto al agua; Xinjiang es el lugar del planeta más alejado del océano. Algunos publican canciones uigures con letras tristes. Por supuesto, podría tratarse simplemente de música sentimental, pero los investigadores sostienen que también podrían servir para transmitir mensajes crípticos sobre el sufrimiento y eludir a los censores chinos. Como concluía un análisis de 2015 sobre el uso de Internet en Xinjiang, “el comentario social y la crítica se disimulan mediante el uso de metáforas, sarcasmo y referencias a dichos tradicionales uigures y aspectos culturales que solo reconocería un iniciado o alguien muy familiarizado con la cultura y la comunidad uigures”.

Un hombre uigur de mediana edad, de camino a su trabajo en una fábrica de marisco de Shandong, se grabó a sí mismo sentado en la sala de embarque de un aeropuerto en marzo de 2022, y acompasó las imágenes con la canción Ketarmenghu (Me marcharé). Corta justo antes de una frase que dice: “Ahora tenemos un enemigo, debes tener cuidado”. Otro trabajador uigur, que había hablado maravillas de los programas en entrevistas oficiales en las que aparecía un selfie suyo junto al mar, colgó la misma imagen en Douyin junto a una canción que dice: “¿Qué necesidad hay de sufrir más?”. Una joven colgó un selfie tomado en frente de una fábrica de marisco de Shandong y añadió un fragmento de una canción pop uigur: “Estamos acostumbrados a tanto sufrimiento. Ten paciencia, corazón mío. Estos días pasarán”. Una presentación fotográfica muestra a unos trabajadores empaquetando marisco en cajas de cartón mientras una voz en off afirma: “La mayor alegría de la vida es derrotar a un enemigo que es mucho más fuerte que tú, y que te ha oprimido, discriminado y humillado”.

En algunos vídeos, los trabajadores uigures expresan su infelicidad en términos algo menos velados. Uno de ellos publicó un vídeo en el que aparecía destripando pescado en Yantai Longwin Food. “¿Crees que hay amor en Shandong?”, pregunta la voz en off. “Hay que levantarse a las 05.30 todas las mañanas, trabajar sin descanso y no parar de afilar cuchillos y destripar pescado”. (Yantai Longwin Food declinó hacer comentarios). Otro vídeo muestra una cadena de empaquetado de abadejo.

―¿Cuánto te pagan al mes?―, pregunta un hombre.

―Tresmil―, responde otro.

―Entonces, ¿por qué sigues sin estar contento?

―Porque no tengo elección.

Resulta muy difícil infiltrarse en las cadenas de suministro de marisco. Las ONG y los periodistas están fuertemente controlados en China. Para detectar el trabajo forzoso, las empresas occidentales suelen confiar en compañías que llevan a cabo “auditorías sociales”, en las que los inspectores visitan una fábrica para asegurarse de que cumple unos mínimos estándares laborales. La preparación de las auditorías suele exigir que las fábricas rellenen cuestionarios en los que deben revelar la presencia de trabajadores inmigrantes de otras provincias y los idiomas que se hablan en el lugar de trabajo, y que faciliten a los auditores listas de empleados, algunos de los cuales son seleccionados para ser entrevistados posteriormente. Pero las fábricas que intentan ocultar la presencia de trabajadores de Xinjiang a menudo se limitan a no incluirlos en los denominados “cuestionarios de autoevaluación”. Además, las auditorías suelen anunciarse con antelación, lo que permite a los directivos ocultar a los trabajadores de las minorías durante las inspecciones. El principal problema, según expertos como Scott Nova, director ejecutivo del Consorcio de Derechos de los Trabajadores, una organización de control de las normas laborales, es que los propios auditores y los reglamentos que siguen no están preparados ni siquiera para detectar el trabajo forzoso impuesto por el Estado. Además, cuando se entrevista a los obreros, se suelen mostrar reacios a ser sinceros, por miedo a las represalias. Sarosh Kuruvilla, profesor de relaciones laborales en la Universidad de Cornell, analizó más de 40.000 auditorías y concluyó que casi la mitad no eran fiables. “La herramienta está totalmente averiada”, afirma. “Es un ejercicio para cubrir el expediente por parte del auditor, pero también es un ejercicio para cubrir el expediente por parte de la marca”.

Este año, contraté a un detective privado en China para que visitara dos grandes fábricas de marisco en la provincia de Shandong, una llamada Shandong Haidu Ocean Product y la otra Rongcheng Haibo. En el interior de las instalaciones, decenas de trabajadores, con delantales y guantes azules hasta los codos, permanecían de pie, hombro con hombro, con la cabeza inclinada sobre unas largas mesas metálicas, cortando calamares. Otros clasificaban el producto en cestas de plástico azules bajo las brillantes luces fluorescentes. Al detective le dijeron que, por motivos de “confidencialidad”, no podía hablar con ninguno de los trabajadores ni entrar en la zona de procesamiento. La mayoría de ellos llevaban uniformes blancos que les cubrían todo el cuerpo, como la ropa desechable que llevan los cirujanos en el quirófano; sus facciones estaban ocultas por mascarillas. Sin poder hablar con ellos, era imposible saber si alguno era uigur.

Estas insustanciales auditorías permiten sin embargo a las empresas afirmar que cumplen las normas corporativas. Lund’s Fisheries, uno de los principales proveedores de calamares de Estados Unidos que trabaja con Haibo, exige a todos sus proveedores que realicen auditorías diseñadas por Sedex, el autor del reglamento para auditorías más utilizado. “Nuestros proveedores cumplen las normas de proveedores de nuestra empresa, que superan la normativa estadounidense sobre importaciones”, asegura Wayne Reichle, presidente de Lund’s. En mayo de 2022, auditores sociales de SGS, una de las principales empresas de auditoría, inspeccionaron Haibo y no encontraron pruebas de trabajo forzoso en la planta. Pero cuando investigamos el asunto, descubrimos que más de 170 personas de Xinjiang trabajaron en Haibo y Haidu, su fábrica hermana, en 2021, y que media docena de trabajadores uigures habían sido destinados con frecuencia a Douyin, en Haibo, a lo largo de 2022. El mismo día de la visita de los auditores, una joven trabajadora uigur publicó fotos suyas cerca de los dormitorios y muelles de carga de la planta. Cuando se le cuestionó sobre el asunto, un representante de SGS dijo que los auditores habían hecho lo que les exigía la metodología de Sedex. (Un representante de la planta de Haibo afirma en un correo electrónico: “Somos una empresa dirigida conforme a la ley y la normativa”, y pide al equipo de periodistas que no difunda “rumores falsos”. Los representantes de la planta de Haidu declinaron hacer comentarios).

Los fallos en las auditorías no son incidentes aislados. En el transcurso de nuestra investigación, encontramos otros ejemplos de uigures que publicaron vídeos en fábricas de marisco pocos días después de que esas instalaciones recibieran el visto bueno de las auditorías. La mitad de los exportadores chinos que identificamos como vinculados a la mano de obra uigur habían superado las auditorías de las principales empresas mundiales de inspección. Incluso muchas de las empresas certificadas como sostenibles están implicadas. Descubrimos que todas las fábricas de marisco que utilizaban mano de obra forzada de Xinjiang estaban certificadas por el Marine Stewardship Council (Jo Miller, responsable de relaciones públicas del MSC, reconoció que la organización depende de auditorías sociales que tienen “importantes limitaciones”). Cuando insistimos a funcionarios de Sedex, nos dijeron que es “difícil y arriesgado para los propios auditores reconocer explícitamente el trabajo forzoso impuesto por el Estado” que “puede haber sido ocultado”. La organización asegura que actualizaría sus orientaciones al respecto. Los grupos de defensa de los derechos humanos y laborales han sostenido durante mucho tiempo que las auditorías son ineficaces. En 2019, Human Rights Watch informó de que las auditorías sociales no estaban detectando el aumento de casos de abuso sexual en el sector de la confección en Bangladesh, India y Pakistán. Aun así, su uso está aumentando. SGS ahora comercializa también un servicio para auditar buques pesqueros, que operan en alta mar, donde los controles resultan extremadamente difíciles. Johnny Hansen, de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, plantea: “Si las auditorías y certificaciones no han descubierto el trabajo forzoso en los lugares de procesamiento de marisco en tierra, ¿cómo es posible que se les dé mejor identificar el trabajo forzoso en el mar?”.

La consecuencia de estos fallos es que miles de toneladas de pescado y marisco procesado con trabajo forzoso siguen entrando en Estados Unidos y en Europa. Importadores relacionados con la mano de obra uigur abastecen a la mayor fábrica de procesamiento de pescado del mundo, propiedad del gigante británico-estadounidense Nomad Foods, en Bremerhaven (Alemania). Esta empresa suministra marcas líderes de pescado congelado —Findus, Iglo y Birds Eye— a supermercados de toda Europa, incluida España (Un portavoz de Nomad Foods asegura: “Estamos comprometidos con la mejora continua de nuestras políticas y medidas estándar de diligencia debida”. Añade que pondrán en marcha una investigación). Desde 2018, más de 47.000 toneladas de pescado y marisco —bacalao, abadejo, gambas, salmón y cangrejo— se han importado a Estados Unidos desde 10 empresas chinas que han utilizado a más de 1.000 trabajadores uigures en ese periodo. Los mariscos de estas plantas fueron comprados por importantes importadores estadounidenses y canadienses, entre ellos High Liner Foods. (Un portavoz de High Liner Foods afirmaba que la planta con la que trabajaba se había sometido a una auditoría de terceros en septiembre de 2022). Esta importadora, a su vez suministra a algunos de los principales supermercados presentan en Estados Unidos. En los últimos cinco años, el Gobierno estadounidense ha gastado más de 200 millones de dólares en comprar marisco a importadores vinculados a la mano de obra uigur, para su uso en escuelas públicas, bases militares y prisiones federales. (Un portavoz del Departamento de Agricultura señala que los organismos se abastecen de marisco procedente de Estados Unidos siempre que es posible).

Esta investigación ha identificado importaciones de marisco vinculadas a la mano de obra de Xinjiang en más de 20 países.

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The Outlaw Ocean Project ha documentado durante cuatro años los abusos de la flota china de pesca de altura, un gigante opaco envuelto en sospechas de prácticas ilegales

Sobre el autor

Ian Urbina es el director de The Outlaw Ocean Project, una organización sin ánimo de lucro de periodismo con sede en Washington D.C. que se dedica a investigar los crímenes contra los derechos humanos, el medio ambiente y violaciones contra los derechos laborales en el mar. Antes de fundar The Outlaw Ocean Project, Urbina trabajó durante casi 17 años como reportero de The New York Times. Ha recibido varios premios de periodismo, entre ellos un premio Pulitzer, dos premios George Polk y un Emmy.