La explotación de los uigures arranca un nuevo capítulo en la guerra comercial entre EE UU y China

¿Cómo entra un jugador de la NBA en la lista de nominados al premio Nobel de la Paz? El historial de activismo de Enes Kanter Freedom, exjugador de los Boston Celtics, lo deja muy claro. Kanter, figura incómoda en la NBA durante toda su trayectoria profesional, ha condenado públicamente diversas violaciones de derechos humanos en China, señalando incluso a algunas marcas patrocinadoras de la NBA como cómplices de esos abusos. Durante los partidos eran habituales los mensajes de protesta pintados en sus zapatillas, denunciando la represión que el Gobierno chino ejerce sobre ciertas regiones y etnias.

Una de las causas que más fervientemente ha defendido Kanter es la de la minoría uigur, víctima de trabajo forzado en el gigante asiático. En EE UU acaba de entrar en vigor la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur, que prohíbe la importación de productos manufacturados en Xinjiang, hogar de los uigures, por considerarlos susceptibles de contener trabajo forzado de esta minoría. La guerra del algodón ha comenzado.

¿Quiénes son los uigures?

Los uigures son una minoría étnica musulmana originaria de la región de Turquestán Oriental. La mayor parte habita en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, al noroeste de China, pero también están asentados en Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán.

Xinjiang ha sido tradicionalmente un foco de tensión étnica. Las desigualdades entre los uigures y la etnia han (que constituye el 92% de la población china y aproximadamente el 20% de la población mundial), los intentos de asimilación cultural del Gobierno chino y las históricas reivindicaciones de autonomía del Turquestán Oriental han sido algunos de los detonantes de esta confrontación.

Estas tensiones se recrudecieron tras la ola de atentados en China entre 2013 y 2014. A pesar de que ningún grupo los reivindicó, el Gobierno los atribuyó a separatistas uigures y prometió acabar con el radicalismo islámico. Este es el argumento que esgrimen las autoridades chinas para justificar los programas de reeducación y asimilación cultural.

El investigador Darren Byler, de la Universidad Simon Frasier (Canadá), define este fenómeno como capitalismo del terror. Según Byler, China alega riesgo de terrorismo en Xinjiang para justificar el hostigamiento hacia la población musulmana. El pretexto de la desradicalización sirve para obtener mano de obra semiesclava al servicio de la economía china y para justificar una vigilancia intensiva y una pérdida de libertades a todos los niveles.

Represión y reeducación

Los uigures están sometidos a una fuerte represión por parte de las autoridades. La región de Xinjiang está altamente militarizada y la población, sometida a uno de los niveles de vigilancia más restrictivos del planeta. La toma de datos biométricos y el uso de programas de reconocimiento facial son solo algunas de las medidas de control utilizadas en la zona por las autoridades chinas. Ante cualquier signo “sospechoso” (llevar barba, comunicarse con parientes en el extranjero o realizar actividades online no autorizadas como usar WhatsApp), los uigures son sometidos a un proceso de reeducación orquestado por el Estado.

Se estima que entre uno y tres millones de uigures han sido recluidos en campos de internamiento en los que se intenta borrar sus señas identitarias y someter a esta etnia al dominio de la mayoría han. Pese a que el Gobierno anunció en 2019 el cierre de estos centros, Amnistía internacional ha denunciado adoctrinamiento político, detención masiva arbitraria, tortura y asimilación cultural forzada en las instalaciones.

De Xinjiang a Occidente

La dramática situación de los uigures ha trascendido a la opinión internacional por el supuesto empleo de trabajo forzado uigur en las cadenas de producción de bienes que se consumen en Occidente, particularmente productos textiles.

Tras una queja presentada en 2021 por colectivos de derechos humanos, cuatro multinacionales del sector de la moda están siendo investigadas por la justicia francesa por la presunta presencia de trabajo forzado chino en sus cadenas de producción.

El escándalo salpicó en 2021 a numerosas empresas textiles. La presión de ONG, organismos supranacionales y consumidores, llevó a algunas compañías a emitir comunicados condenando las prácticas de trabajo forzado.

Las multinacionales se han visto obligadas a posicionarse y elegir mercados. Esto puede contribuir al proceso de desglobalización al que apuntan algunos analistas

Los consumidores chinos reaccionaron a esta acción llamando al boicot. Las televisiones llegaron a pixelar los logos de las marcas y, ante el temor a perder ese importante mercado, algunas empresas retiraron sus comunicados de condena.

Las multinacionales se han visto obligadas a posicionarse y elegir mercados. Esto puede contribuir al proceso de desglobalización al que apuntan algunos analistas. El tema es controvertido, pues involucra a muchos agentes.

Esclavitud y pobreza

El Gobierno chino asegura que la integración de uigures en fábricas forma parte de un plan de erradicación de la pobreza que ofrece empleos remunerados a habitantes de zonas rurales y a las minorías étnicas, con el fin de mejorar su calidad de vida a la vez que cubre la demanda de mano de obra en ciertas regiones y sectores.

Sin embargo, distintas ONG denuncian que esta reasignación laboral no es una opción para los trabajadores uigures: tras su paso forzoso por los centros vocacionales y de formación (nombre oficial de los campos de reeducación y adoctrinamiento) se ven obligados a realizar trabajos asignados por el Gobierno con unas condiciones dadas. Los activistas creen que predomina la explotación en los sectores de cultivo y manufactura de tomate, producción de polisilicio, fabricación de componentes electrónicos y, principalmente, cultivo del algodón y producción textil.

Un informe del laboratorio de ideas australiano ASPI señala que más de 80 firmas internacionales de electrónica, automoción y moda se benefician directa o indirectamente. Debido a la opacidad y las dificultades de monitorización, hay una gran incertidumbre sobre la cifra exacta de personas en estas condiciones. Según estimaciones del investigador Adrian Zenz, solo en el cultivo de algodón en Xinjiang hay al menos 570.000 uigures trabajando en condiciones no voluntarias.

Guerra blanca

La región de Xinjiang produce el 84% del algodón chino y el 20% del algodón mundial, por lo que es difícil que los productos textiles producidos en China y consumidos en Occidente no contengan trabajo forzado uigur.

De hecho, el algodón se ha convertido en símbolo de la opresión de los uigures. Se habla de una guerra del algodón entre China y Estados Unidos. Hemos hecho estimaciones que apuntan a que, de los 570.000 uigures explotados en el sector del algodón, más de 30.000 forman parte de las cadenas de valor de productos textiles y de moda consumidos en la UE, mientras que más de 49.000 están vinculados a EE UU.

¿Cómo detener estos abusos?

La reacción de los gobiernos occidentales no se ha hecho esperar. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia participaron en el boicot diplomático a las Olimpiadas de Invierno de Pekín (2022), promovido por distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos para denunciar la situación de los uigures y otras minorías.

En 2021, la cámara británica calificó de genocidio la situación y, en enero de 2022, la Asamblea Nacional francesa siguió sus pasos. Quizás la acción más contundente ha sido la llevada a cabo por EE UU a través de la aprobación, en 2021, de la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur que entró en vigor este 21 de junio. La norma prohíbe todas las importaciones manufacturadas total o parcialmente en la región de Xinjiang por considerarse susceptibles de contener trabajo forzado, salvo que el proveedor demuestre lo contrario. También bloquea importaciones procedentes de otras regiones chinas, o incluso de terceros países, sospechosas de contener trabajo forzado de Xinjiang a lo largo de su cadena productiva.

El carácter rupturista de esta medida ha generado mucha expectación. En un contexto en el que la escasez de materias primas y los cuellos de botella han generado grandes dificultades al comercio mundial, se especula acerca de la magnitud de los efectos que esta ley pueda tener en las cadenas globales de producción, complicando aún más las ya tensas relaciones entre Estados Unidos y China.

Las consecuencias de la ley

La compañía tecnológica Altana AI estima que aproximadamente un 10% de las empresas mundiales podrían verse afectadas por la aplicación íntegra de esta ley. Según The New York Times, Xinjiang produce el 23% de la pasta de tomate, el 15% del lúpulo y el 9% de berilio (utilizado para la fabricación de componentes electrónicos) a nivel mundial.

Además, la región es uno de los epicentros de la industria textil, la segunda en importancia en la economía asiática, con un peso del 14% en su PIB en 2018, según la asociación china de textil del algodón.

Un bloqueo del algodón chino por parte de las multinacionales occidentales podría suponer la pérdida de más de 15 millones de empleos en China, según algunas estimaciones

Nuestras estimaciones apuntan a que un bloqueo del algodón chino por parte de las multinacionales textiles occidentales podría suponer la pérdida de más de 15 millones de empleos directos e indirectos en China.

Bloqueo al cambio climático

Sin embargo, uno de las cuestiones que más preocupan a los analistas es el bloqueo estadounidense a las importaciones de ciertos materiales básicos para la producción de paneles solares. Según un informe reciente, el 95% de los paneles solares requieren polisilicio para su fabricación. En 2020, China produjo cerca del 75% de este material en el mundo, pero también otros iguales de esenciales para la industria solar como los metales no ferrosos y los semiconductores. El 13% de las turbinas eólicas a nivel global se producen en Xinjiang.

Un bloqueo de estas industrias choca con la apuesta por la descarbonización de las economías desarrolladas, que necesitan de estas materias primas para expandir el parque de energías renovables, y puede resultar crítico en la lucha contra el cambio climático.

Las guerras comerciales y la proliferación de shocks económicos han provocado que se planteen nuevas estrategias de reestructuración de las cadenas productivas globales. Por ejemplo, la UE ha formulado un nuevo paradigma comercial, la autonomía estratégica abierta, que busca reducir la dependencia exterior en productos estratégicos y conseguir relaciones económicas más justas y sostenibles.

Con el esfuerzo de todos

Acciones políticas como la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur son, sin duda, un paso decisivo en la lucha contra el trabajo forzado y la violación de los derechos humanos. Sin embargo, resulta imprescindible que las instituciones de los países en los que tienen lugar estas prácticas ilegítimas se vean obligadas a erradicarlas.

También es fundamental que las multinacionales auditen y limpien sus cadenas de producción de forma eficaz. Para ello, la presión de los consumidores puede ser decisiva. Sin embargo, esto implica varios problemas:

Primero, la complejidad de rastrear y localizar un fenómeno tan abyecto y oculto como el trabajo forzado. El que se produce en las primeras fases de cadenas productivas largas e intrincadas, con multitud de proveedores, subcontratas y procesos externalizados, suele quedar enmascarado y escapar del control de las empresas. En el caso particular del trabajo forzado uigur en el cultivo de algodón, nuestros resultados apuntan a que su rastreo es verdaderamente complejo. Esto se debe no solo a obstáculos interpuestos por las autoridades chinas, sino también por estar aún más alejado del consumidor final que el trabajo de baja cualificación convencional empleado en la fabricación de productos textiles.

Segundo, la utilización de los consumidores como elemento de presión puede ser un arma de doble filo para las empresas. En el caso del consumidor concienciado, su influencia será positiva para motivar a las empresas a acabar con estas praxis. Sin embargo, en países como China, los consumidores pueden utilizar su enorme poder para presionar a las multinacionales en sentido opuesto y forzar que la producción permanezca en su país pese a las prácticas poco éticas llevadas a cabo.

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La existencia de trabajo indigno a nivel global es una realidad de la que son partícipes, directa e indirectamente, infinidad de agentes económicos. Es necesaria una conciencia global sobre la necesidad de velar por los derechos humanos por encima de cualquier motivación económica.

Si 2018 fue el año del despertar feminista y 2019 del ecológico, debe ser pronto el año de la toma de conciencia sobre los derechos humanos y laborales.

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