China culpa a separatistas de Xinjiang del ataque mortal en el sur del país
Los asaltantes mataron con cuchillos a 29 personas, mientras cuatro “terroristas” murieron por disparos de la policía El incidente supone una grave escalada de las tensiones étnicas en el país asiático
Las autoridades chinas han culpado a separatistas de la región autónoma de Xinjiang –hogar de la minoría étnica musulmana uigur- del ataque perpetrado el sábado por la noche en la estación ferroviaria de Kunming (capital de la provincia de Yunnan), en el que murieron 29 personas. Más de 10 asaltantes entraron armados con grandes cuchillos en la plaza y la estación –una de las más grandes del suroeste de China-, atacaron a quienes pillaron a su paso y dejaron 29 víctimas mortales, según la agencia oficial Xinhua. 143 personas resultaron heridas. Cuatro de los “terroristas”, como les ha denominado la prensa oficial, murieron por disparos de la policía, y un quinto -una mujer- fue detenido. Las fuerzas de seguridad están buscando a los demás implicados.
Algunas de las víctimas han asegurado que los atacantes iban vestidos de negro, y se abalanzaron dando cuchilladas de forma indiscriminada contra la gente que estaba haciendo cola para comprar billetes. Qiao Yunao, una estudiante de 16 años, estaba esperando para coger el tren cuando la gente empezó a gritar y correr. Vio cómo un hombre acuchillaba a otro en el cuello. “Me quedé helada, y corrí hacia un local de comida rápida. Mucha gente corría hacia allí también para refugiarse”, ha contado a la agencia Associated Press. “Vi a dos atacantes, ambos hombres, uno con un cuchillo para abrir melones y el otro con un cuchillo para la fruta. Corrían y daban tajos a todo el que podían”.
Fotografías difundidas en Weibo -un servicio de mensajes cortos en Internet similar a Twitter- han mostrado cuerpos cubiertos de sangre en el suelo de la estación. La televisión pública CCTV ha difundido imágenes en la que se veía una gran presencia policial en la estación y cómo policías de paisano guardaban un cuchillo de grandes dimensiones en una bolsa de plástico.
Las autoridades no han facilitado la identidad de los asaltantes, pero evidencias recogidas en el lugar del crimen muestran que se trató de “un ataque terrorista llevado a cabo por fuerzas separatistas de Xinjiang”, según Xinhua, que cita al Gobierno municipal. Este afirma que fue “un ataque terrorista violento premeditado y organizado”. Según CCTV, dos de los asaltantes eran mujeres; una falleció y la otra está detenida.
El presidente chino, Xi Jinping, ha pedido “el máximo esfuerzo” en la investigación y castigar a los responsables “de acuerdo con la ley”. La gravedad de lo ocurrido ha provocado la condena “en los términos más duros” del secretario general del ONU, Ban Ki-moon, según ha dicho su portavoz en un comunicado, en el que afirma que “no hay justificación para el asesinato de civiles inocentes y espera que los responsables sean llevados ante la justicia”.
El ataque supone una nueva escalada del conflicto étnico que vive esta región del oeste de China, en la que existe un fuerte resentimiento contra el Gobierno de Pekín por lo que muchos uigures consideran represión de su cultura y su religión y discriminación por parte de los han, la etnia mayoritaria en China, que controla la vida política y económica de esta zona el país rica en recursos energéticos y minerales.
En octubre pasado, tres miembros de una misma familia de Xinjiang estrellaron el coche en el que iban contra una multitud de turistas bajo el retrato de Mao Zedong en la plaza Tiananmen, en Pekín, y lo incendiaron, según aseguró la policía. Mataron a dos personas. Los tres atacantes suicidas –que Pekín calificó de militantes de Xinjiang- fallecieron. Desde entonces, el Gobierno ha incrementado las medidas de seguridad en la región autónoma.
El incidente en Tiananmen provocó la alarma entre los dirigentes chinos, ya que se trató de la primera vez que la violencia que sacude regularmente Xinjiang alcanza la plaza pequinesa, corazón y símbolo del Estado. Lo ocurrido ahora en Yunnan, una de las provincias más bonitas y turísticas de China, eleva un grado más la crisis étnica. Es la primera vez que supuestos habitantes de Xinjiang han llevado a cabo un atentado de tal escala tan lejos de su región.
Ambos atentados hacen pensar que los militantes podrían estar cambiando de táctica para golpear a civiles en lugares alejados de su zona habitual. Hasta ahora, los ataques se habían producido normalmente en Xinjiang, y habían tenido como objetivo a las fuerzas de seguridad. Una prueba de la preocupación que este último incidente ha generado en el Gobierno es que el presidente chino, Xi Jinping, ha enviado a Kunming al máximo responsable de seguridad interna de China y miembro del Politburó, Meng Jianzhu, para que supervise la investigación y visite a los heridos y las familias de las víctimas. El atentado se ha producido en un momento muy sensible, días antes del comienzo, el próximo miércoles, de la sesión anual del Parlamento en Pekín.
El ataque en Kunming ha tenido un gran impacto en Weibo. Algunos usuarios han contado detalles de lo ocurrido, aunque muchos de los comentarios han sido borrados rápidamente por los censores, en particular aquellos que describían a los asaltantes. Otros internautas han criticado con dureza la violencia contra inocentes y algunos han pedido una reflexión sobre las razones que subyacen detrás de este tipo de atentados.
Xinjiang, una región dos veces el tamaño de Turquía, tiene una población de unos 22 millones de habitantes, de los cuales unos nueve millones son uigures. Regularmente se ve golpeada por estallidos de violencia y revueltas, que, según las autoridades, son impulsados por “terroristas”. El Gobierno dice que grupos armados de uigures tienen conexiones con militantes islamistas en Pakistán y Asia Central, y llevan a cabo los ataques para establecer un estado independiente llamado Turkestán Oriental. Expertos internacionales afirman, sin embargo, que Pekín ha dado pocas pruebas de que exista realmente un movimiento terrorista organizado, y que las tensiones son más bien fruto del resentimiento local. Las organizaciones de derechos humanos señalan que Pekín exagera la amenaza terrorista para justificar su política de fuerte control en Xinjiang.
En el último año, se ha producido una serie de incidentes violentos relacionados con Xinjiang, que, según la prensa china, provocaron más 100 muertos en 2013, incluidos varios policías. El anterior al de ahora, tuvo lugar el pasado 14 de febrero, cuando la policía mató a ocho “terroristas” y otros tres resultaron muertos debido a los dispositivos que pensaban utilizar como bombas suicidas durante un ataque en el condado de Wushi, en la prefectura de Aksu, en Xinjiang, según informó Xinhua. Dos civiles y dos policías resultaron heridos.
El incidente más grave de los últimos años ocurrió en 2009, cuando turbas de uigures se echaron a la calle en Urumqi (capital de Xinjiang) y acuchillaron a miembros de la etnia han de forma aleatoria, incluidos niños y mujeres. Días después, muchedumbres de han armados con palos y barras atacaron a uigures. Casi 200 personas murieron. Los disturbios condujeron al Gobierno a endurecer la vigilancia y, en paralelo, incrementar las inversiones en la región. Desde entonces, han continuado los episodios violentos con cierta frecuencia.
Los uigures representan actualmente el 46% de la población de Xinjiang y los han, el 40%. El resto pertenece a otras minorías. Pekín insiste que los uigures gozan de amplias libertades, que ha invertido mucho dinero en el desarrollo de la zona y que la vida de los locales ha mejorado radicalmente gracias a las inversiones públicas.
A finales del mes pasado, las autoridades de Xinjiang acusaron formalmente de secesión a Ilham Tohti, un prominente académico de la minoría musulmana uigur que daba clases en la Universidad de las Minorías de Pekín. Tohti es un arduo defensor de los derechos de los uigures y crítico con las políticas del Partido Comunista Chino en Xinjiang. Ha sido acusado de difundir ideas separatistas, incitar al odio étnico y participar en actividades secesionistas. Se enfrenta a un castigo potencial de 10 años de cárcel e incluso la pena de muerte.
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