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La batalla por el algodón de Xinjiang

La guerra tecnológica entre EE UU y China se traslada a la industria textil bajo el paraguas de la defensa de los derechos humanos

Comercio China
Trabajadores de la minoría étnica uigur trabajando en una procesadora de algodón en la fábrica de Aksu Huafu, en la región de Xinjiang (China). Fotografía facilitada por las autoridades chinas, durante una visita de la prensa extranjera realizada el pasado 20 de abril.WU HONG (EPA-EFE)
Alicia González

El enfrentamiento entre EE UU y sus aliados occidentales y China se ha trasladado desde la tecnología a la industria agrotextil. Los derechos humanos y el uso de mano de obra forzosa entre la minoría uigur de la región de Xinjiang son la nueva bandera que impulsa la última ronda de sanciones contra Pekín por parte de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea. Las compañías se ven obligadas a replantearse, e incluso duplicar, su cadena de suministro en medio de sucesivos llamamientos al boicoteo de sus productos desde China. Un paso más en el desacople de la economía global.

China presume de que su industria textil es la mayor del mundo y de que es el principal exportador mundial de prendas de vestir. Según recoge la página de la Asociación china de textil del algodón, la industria textil representó en 2018 el 14% del PIB chino y fue el segundo sector en importancia para la economía, solo superado por la industria de la tecnología de la información. Dentro de China, Xinjiang es la región que más algodón produce en todo el país, hasta representar por si sola una quinta parte de toda la producción mundial. Con estos datos, es fácil entender que China no vaya a dejar pasar así como así los ataques contra el algodón de Xinjiang.

A lo largo del último año, informes de diversas instituciones y organizaciones en defensa de los derechos humanos ―desde el Australian Strategic Policy Institute, Human Rights Watch o la Universidad de Stanford, entre otros― han venido denunciado el traslado de ciudadanos de etnia uigur y otras minorías, algunos directamente desde los mal llamados campos de reeducación, a fábricas y plantas tecnológicas, textiles y de automoción repartidas por todo el país en condiciones que los expertos no dudan en calificar de trabajo forzoso. El eco de estos informes en destacados medios de comunicación globales puso presión sobre las grandes cadenas textiles y algunas, como H&M, Nike o Burberry, decidieron vetar el uso en la fabricación de sus prendas de algodón procedente de Xinjiang.

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Mario Esteban, investigador del Real Instituto Elcano y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, ha viajado varias veces a Xinjiang, ha visitado algunas de sus fábricas y las tiendas que algunas de esas mismas cadenas tienen en la región. No resta veracidad a los informes, pero pide poner en contexto las denuncias. “Con un territorio de tres veces la superficie de España y una potente estructura empresarial e industrial por toda la región, hay que tener cuidado en no generalizar y considerar que toda la industria algodonera y textil de Xinjiang utiliza trabajadores forzosos, porque claramente no es así”, asegura.

Justo antes de dejar la Casa Blanca, el todavía presidente de Estados Unidos Donald Trump aprobó a mediados de enero una norma que prohibía la importación de algodón procedente de esa región. No es una medida tan simple. Los últimos datos globales, correspondientes a la campaña 2019-2020, sitúan a la India a la cabeza de la producción global de algodón con 6,4 millones de toneladas métricas, seguida por China (5,9 millones) y Estados Unidos (4,3 millones) y, a mucha distancia, Brasil, Pakistán y Turquía. Pese a su elevada producción, China no solo no exporta algodón como materia prima, sino que, dada la potencia de su industria textil, es el principal importador mundial de algodón, con 1,55 millones de toneladas métricas, por encima de Bangladés (1,52 millones) y Vietnam (1,41 millones).

A 5.688 kilómetros de Xinjiang, en la ciudad alemana de Bremen, se sigue con extremada atención la polémica en torno al algodón producido en el noroeste chino. La capital del Estado del mismo nombre es la sede, desde 1872, de la Bolsa de Algodón de Bremen, un órgano internacional de arbitraje para resolver las disputas sobre contratos y calidades en el sector del algodón. La Bolsa de Bremen es también una defensora de los intereses de la industria del textil y advierte de que frente a un país, China, que es importador neto de algodón y dada la compleja estructura de las cadenas globales de suministro no resulta tan fácil la prohibición de todo algodón procedente de Xinjiang. “Por un lado, el algodón procedente de esa región puede ser absorbido sin dificultades por los consumidores chinos, por lo que la prohibición de EE UU no les afectaría. Pero es que el algodón de Xinjiang una vez procesado puede ser exportado, bien en forma de hilo o como tejido a terceros países para transformarlo de las más diversas maneras antes de entrar en el mercado estadounidense. De esa forma, es muy difícil rastrear el algodón de los productos acabados hasta Xinjiang”, explica Elke Hortmeyer, directiva del organismo.

A las restricciones de EE UU se sumaron las sanciones, aprobadas junto a Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea, contra altos cargos y organismos chinos por su implicación en las violaciones de derechos humanos contra la minoría uigur en Xinjiang. Pekín acusó a las potencias occidentales de “perjudicar gravemente los intereses y la soberanía china, y difundir con malicia mentiras y desinformación” y lanzó, a través de las redes sociales, una llamada de boicoteo a las marcas occidentales que habían puesto en duda el uso del algodón de Xinjiang. “El boicot ha sido desde siempre una herramienta fundamental de China, sus 1.400 millones de consumidores y su ascendente sobre muchos países de la región hacen difícil ignorar ese llamamiento para las empresas”, explica Esteban. Como curiosidad, Bank of America analizaba en un reciente informe de perspectivas sobre el sector del lujo las veces que el nombre de Burberry ―una de las empresas afectadas por la campaña― se citaba en las redes sociales chinas, pero rehusaba compartir sus estimaciones sobre los daños reales al sector.

Países como Alemania van más allá y se plantean exigir a las empresas textiles una auditoría (due dilligence en el argot) de sus cadenas de suministro. “La patronal ya ha presentado una protesta contra el proyecto de ley, precisamente ahora que la pandemia ha debilitado la situación de las empresas y que la ley ya les está exigiendo cambios para cumplir con estrictos criterios medioambientales y sociales”, apunta Hortmeyer. “Desde el punto de vista estricto del algodón esperamos y deseamos que haya más discusiones y que se incluya en las negociaciones a un amplio número de países productores”, remata.

“Las empresas se ven afectadas una vez más por la tensión geoestratégica. Difícilmente pueden renunciar al mercado chino y van a tener que invertir allí en una doble cadena de suministro, una para el mercado interno y otra para la exportación. Eso solo va a agudizar el proceso de desacoplamiento y bipolarización hacia el que avanza la economía global”, subraya Mario Esteban.

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Sobre la firma

Alicia González
Editorialista de EL PAÍS. Especialista en relaciones internacionales, geopolítica y economía, ha cubierto reuniones del FMI, de la OMC o el Foro de Davos. Ha trabajado en Gaceta de los Negocios, en comunicación del Ministerio de Economía (donde participó en la introducción del euro), Cinco Días, CNN+ y Cuatro.

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