Acuerdos porcinos: ¿la historia de España se repetirá en Argentina?

Era julio de 2020 y Argentina atravesaba una quietud generalizada debido a la “cuarentena eterna” que Alberto Fernández, su presidente, había establecido para contener el coronavirus. Pero una noticia sacudía a la población. La Cancillería argentina hacía público el aumento de su producción de porcino a nueve millones de toneladas. El motivo era dar a China “absoluta seguridad de abastecimiento durante muchos años”.

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Anteriormente, la única información oficial había sido un comunicado que anunciaba la posibilidad de “pasar de una producción de seis a cien millones de cerdos en un período de cinco a ocho años”. Ni productores porcinos ni entidades ecologistas tenían detalles del acuerdo que proponía aumentar 16 veces la producción porcina. La falta de información generó gran revuelo en la sociedad argentina y, días después, la Cancillería se retractaba y corregía la información difundida, reduciendo la cantidad de carne porcina a producir. Más adelante, se filtraba un documento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre el acuerdo en el cual se mencionaba que cada establecimiento ocuparía “al menos 100 hectáreas”, ubicadas en regiones con al menos “12.000 hectáreas de plantación de maíz y 5.000 de soja” para alimentar a los animales y “1.500.000 litros de agua por día”.

Con estas cifras en la mesa, entre la población argentina se generó una preocupación sin precedentes que llevó a recabar más de 550.000 firmas de rechazo al proyecto. Su inquietud estaba totalmente justificada. Solo tenían que mirar al otro lado del charco, a España, para ver las nefastas consecuencias de la exportación masiva de porcino a China.

En 2020, España fue el primer exportador de carne a China. Las exportaciones al gigante asiático aumentaron debido al brote de peste porcina africana, que provocó el sacrificio de millones de cerdos en el país. Estas ventas fueron posibles gracias al acuerdo que firmaron los gobiernos chino y español en 2018, que permitía la exportación de carne fresca y embutidos, entre ellos el jamón curado con hueso, y ampliaba a un total de 57 el número de compañías españolas autorizadas a vender a China.

Como consecuencia, España es el país de la Unión Europea que tiene la mayor cabaña porcina. Según los datos del MAPA de mayo de 2020, España cuenta con más 31,37 millones de cerdos, una cifra que ha aumentado casi un 20 % en los últimos siete  años. El año pasado, se sacrificaron 54 millones de cerdos, más de un millón de individuos cada semana.

España ha priorizado la economía a corto plazo, sin pensar en el medio ambiente, en la salud de sus ciudadanos

Para dar cabida a esta ingente cantidad de cerdos, ha sido necesaria la proliferación de macro granjas, instalaciones con más de 2.000 cerdos y 750 cerdas reproductoras. Se estima que en España existen más de 86.000 explotaciones porcinas, de las que más del 80 % son explotaciones intensivas. Según el MAPA, desde 2007 las explotaciones más pequeñas se han reducido cerca de un 48 %, mientras que las explotaciones de mayor tamaño se han incrementado un 60%.

Una de las consecuencias más visibles de estas “explotaciones de mayor tamaño” es la contaminación de las aguas debido a los purines. En Aragón, la comunidad con una mayor cabaña de porcino, cerca del 18 % de los municipios están contaminados por los purines. En Cataluña, que posee la segunda mayor cabaña de porcino de España, el 41 % de los acuíferos están contaminados y 142 municipios sufren problemas de abastecimiento de agua. La situación es tan grave que, en julio de 2020, la Comisión Europea dio un ultimátum a España para que gestionara mejor sus purines y redujera los niveles de nitratos de las aguas subterráneas.

Otro de los impactos negativos de estas macro granjas porcinas es la desrruralización. Al contrario de lo que afirman los defensores de las explotaciones intensivas, estas destruyen más empleo del que generan. Es el caso de Balsa de Ves (Albacete), cuyo número de habitantes se redujo de 222 a 136 desde que se instaló allí una macro granja. En esa granja, con cabida para 100.0000 lechones al año, solo trabajan cinco personas.

El poco empleo que generan estas explotaciones es precario. Los ganaderos son la mano de obra, falsos autónomos que trabajan a disposición de la integradora, la empresa matriz, que proporciona atención veterinaria, pienso, transporte… Y fija el precio de comercialización. Además, estos trabajadores tienen riesgo de padecer serios problemas de salud, como enfermedades respiratorias (bronquitis, asma, fibrosis pulmonar…), pérdida auditiva, enfermedades de la piel e incluso zoonosis como Hepatitis E cisticercosis.

 Más allá del impacto de las macro granjas porcinas en el medio ambiente, el empleo y la salud, estas instalaciones tienen un gran impacto en la vida de los cerdos. Debido a las condiciones en las que malviven los animales en estas explotaciones, con menos de un metro cuadrado de espacio por individuo, es fácil que se den situaciones de maltrato e insalubridad. Uno de los ejemplos más sangrantes es la “granja de los horrores” que la Fundación Igualdad Animal destapó en el programa Salvados. En ella, se muestran cerdos con hernias y úlceras infectadas, así como canibalismo y animales muertos en estado de putrefacción. Por desgracia, esa granja no es una excepción.

En lugares como estos, en los que viven hacinados tantos animales genéticamente similares, es fácil que aparezcan y se propaguen multitud de enfermedades. Para intentar evitar que esto ocurra, se administran antibióticos de manera abusiva. Por eso, no es de extrañar que España sea el país de la Unión Europea que mayor cantidad de antibióticos usa para el ganado. Un tema muy preocupante, ya que la ONU estima que la resistencia antibiótica será la primera causa de defunción en 2050, provocando la muerte de más de 10 millones de personas al año.

Se quedan en el tintero multitud de problemas asociados con las macro granjas porcinas en España, como la cantidad de agua que usan estas instalaciones, su impacto en otros sectores como el turismo, la contaminación del aire debido a los purines, los malos olores, la falta de transparencia en su gestión, las irregularidades en las licencias para su construcción o ampliación o las subvenciones que se llevan estas grandes empresas.

España ha priorizado la economía a corto plazo, favoreciendo a uno de los sectores más poderosos del país, sin pensar en el impacto en el medio ambiente, en la salud de sus ciudadanos, en el bienestar animal o en la desruralización de sus pueblos. Ni siquiera ha pensado en lo que pasará cuando estalle la “burbuja” de producción que vive el porcino en España gracias a China.

Argentina conoce el impacto que ha tenido en España la producción de porcino para China. Y sabe que es necesario “aprender de sus fallos”. Así lo afirmó Silvia Vázquez, directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería Argentina, en el debate público realizado por la ONG Eco House. Meses después, Vázquez dimitió de su cargo “para ser leal a sus convicciones”.

Aunque la Cancillería Argentina niega que se esté avanzando con el acuerdo, las organizaciones ambientalistas alertan de que el proyecto avanza en privado para evitar un nuevo revuelo social. La información disponible parece indicar que están en lo cierto, ya que en noviembre de 2020, la provincia del Chaco anunció la instalación de tres macro granjas de cerdos, con una inversión de capitales del país asiático de 129 millones de dólares. Y en enero de 2021, La Rioja anunció una inversión local para desarrollar estos recintos y dejó trascender que la empresa Cerdo de Los Llanos Sapem apunta a llegar a las 20.000 cabezas.

Argentina aún tiene la oportunidad de aprender de España y no pagar el elevado precio que tiene convertirse en el “patio trasero” de China. Aún puede decir que no a un modelo productivo que es el reflejo del consumismo más despiadado, que está acabando con nuestro planeta, sus habitantes y nuestras conciencias. Ojalá no se repita la historia.

Cristina Rodrigo es directora de Proveg España. El artículo ha sido escrito en colaboración con Lucía Lopreiato, periodista, y la ONG argentina Eco House