¿Quién cuida a las que cuidan?

Facebook se ha convertido en los últimos días en un espacio para ayudar a visibilizar la situación de precariedad y desamparo que viven miles de empleadas del hogar frente a la crisis de la Covid-19: “Esta pandemia además de traer muerte pone en manifiesto la gran crisis de cuidados. Queda claro que la carga de responsabilidad y trabajo en los hogares quedará en nuestras espaldas. Debe haber un plan de ayudas para nosotras que en muchos casos no podremos ir a trabajar o nos quedaremos sin trabajo y en la calle. Por cierto, estoy cuidando de tus padres y tengo a mis hijas solas en casa”.

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“Trabajo de interna y cuido a dos niños, tengo miedo a quedarme sin trabajo (...) El Gobierno habló de ayudas, pero a nosotras no nos han mencionado”. Estos son algunos de los mensajes que muchas trabajadoras de hogar y cuidados en régimen de interna y externa han dejado en el Facebook de Sedoac (Servicio Doméstico Activo) desde que se anunciase el estado de alarma el 13 de marzo. Sabían que —como en todas las crisis— quienes iban a tener la peor parte serían ellas. Sedoac y otras asociaciones (como la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia o Sindihogar Sindillar de Barcelona) han estado denunciando estos días la situación de abandono en la que se encuentran, con jornadas maratonianas y dificultades para disfrutar sus días libres por el miedo de sus empleadores al contagio.

El Gobierno anunció un paquete económico con medidas para afrontar la situación económica de la población afectada por el coronavirus. Sin embargo, no hay medidas directas que consideren las necesidades de las más de 630.000 empleadas de hogar que trabajan en nuestro país. Muchas de ellas ya fueron despedidas sin poder acceder a las ayudas estipuladas por el Gobierno, el cual no ha tenido en cuenta la situación histórica de desigualdad en sus condiciones laborales con el resto de los trabajadores.

También hay casos de mujeres que siguen teniendo que ir a trabajar y a quienes la Policía ha empezado a exigir el certificado de desplazamiento. Si no cuentan con dicho documento, están expuestas a una multa si están a más de 300 metros de su domicilio. Sin embargo, no se ha tenido presente que cerca de un 30% de ellas trabajan en la economía sumergida, sin contrato laboral o sin documentación en regla, por lo que los empleadores se niegan a facilitar este documento.

“Las medidas salieron para algunos, pero no para nosotras, no sabemos a quién recurrir. Hay que tener en cuenta que somos más de 600.000 quienes trabajamos en este sector. Si calculamos que nosotras sostenemos a nuestras familias estamos hablando de millones de personas a las que les afectan la inexistencia de medidas para nuestro colectivo. Muchas de las compañeras que están de externas en situación administrativa irregular tienen miedo a que les pidan los papeles en los controles policiales, les pongan una multa o abran un expediente que impida más adelante regularizar su situación”, comenta Edith Espinola, secretaria de Sedoac.

“Las medidas salieron para algunos, pero no para nosotras, no sabemos a quién recurrir", Edith Espinola, secretaria de SEDOAC.

El Gobierno repitió ayer en muchas ocasiones que “no vamos a dejar a nadie atrás”, pero claramente han dejado a muchas atrás: aquellas que estando en una situación de vulnerabilidad son quienes sostienen los cuidados y la vida en condiciones precarias, de explotación y racismo.

El pasado febrero, el relator especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston, visitó el Centro de Empoderamiento de Trabajadoras de Hogar y de Cuidados (CETHYC) gestionado por Sedoac. La visita se produjo tras la presentación de un informe de Alianza por la Solidaridad y Action Aid ante las Naciones Unidas sobre la situación de las personas migrantes en el estado español, concretamente sobre las trabajadoras del hogar. El relator manifestó su preocupación por el colectivo, considerándolo como “uno de los pocos grupos que están exentos de protección legal”. También señaló el apoyo al reclamo para que se ratifique el Convenio 189 de la OIT, lo que supondría ampliar sus derechos.

Hoy las trabajadoras de hogar y cuidados se encuentran en una situación extrema en la que la demanda del Convenio 189 de la OIT ha pasado a un segundo plano. Lo urgente en estos momentos es atender sus dudas, proteger sus derechos, estar atentas a sus necesidades básicas como con quién dejar a sus hijas. También, necesitan saber cuáles son los protocolos de protección adecuados para el desarrollo de su trabajo de cuidados y el cómo organizarse para apoyar a tantas compañeras a las que le han reducido sus jornadas laborales o despedido.

Todas las crisis siempre han recaído sobre unos determinados cuerpos y esta vez lo ha hecho con especial foco en los cuerpos y vidas de las trabajadoras de hogar, la mayoría de ellas migrantes. Que en este periodo al menos podamos reflexionar sobre el (no) valor que le damos a los cuidados ¿teletrabajo para quién, medidas sociales para quién? ¿Quién cuida a la que cuida?