¿Gobierno electo o Gobierno de los jueces?

Se llegaba a las puertas de la investidura al rojo vivo. Si en un primer momento la fuente de tensión fundamental fue el pacto entre PSOE y ERC, cuyos detalles tardaron en hacerse públicos, las decisiones de la Junta Electoral Central en la víspera del pleno acabaron de construir un escenario de enfrentamiento —y de perplejidad— extremo. Una vez más, la cuestión catalana estaba en el centro del huracán y su impacto sobre la política española era y es total. Y, como es lógico, ha fagocitado prácticamente todo el debate. La inhabilitación provisional de Torra había insuflado a la derecha de energía positiva, compensando la depresión provocada por la decisión del TJUE, como si estas victorias o derrotas jurídicas o administrativas fueran a alterar en lo más mínimo la fuente del conflicto o la distribución de escaños.

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Conclusión: a la política lo que es de la política, al derecho lo que es del derecho. Ya sea en lo relativo a la situación de los políticos presos o al posible resultado de la polémica comisión de negociación PSOE-ERC, que en sí misma solo puede decidir dentro de la ley. Pero esto no invalida la persecución de vías políticas. Es más, muchas de las reticencias sobre dicha comisión pierden fuerza después de haber escuchado al propio presidente del Gobierno en funciones confirmar que operarán con total lealtad institucional. Negar la posibilidad de la política para empujar cambios en el statu quo jurídico significaría anular su autonomía para ajustar la ley al cambio social. ¿Alguien piensa que la situación catalana encontrará una vía de solución sin hacer el esfuerzo político por cambiar el acomodo de Cataluña en el Estado? Otra cosa ya son las ambigüedades de Sánchez, sus idas y venidas, o que su mano tendida a ERC responda o no a intereses por mantenerse en el poder. La cuestión de fondo trasciende al personaje.

El problema es que la posible solución política solo puede prosperar si la derecha, algún sector de ella al menos, se implica en la solución. En el horizonte de este diálogo que propugna el Gobierno, si es que prospera, se atisba un cambio constitucional para cuya consecución resulta imprescindible. Y si digo que es un problema es porque, como hemos visto en el durísimo discurso de Casado, la cuestión territorial la imaginan cristalizada ad aeternis. Los conflictos políticos de esa naturaleza solo encontrarían, por tanto, una respuesta jurídica. Gobierno de los jueces por inhibición de los políticos, que es distinto de la sujeción de lo político al Estado de derecho, algo que va de suyo. Pero esto afecta también al mismo independentismo catalán, que mientras siga por la vía unilateral cancela la fuerza de la política y en última instancia erige implícitamente a los intérpretes del derecho en el decisor supremo. Lo contrario de aquello a lo que dice aspirar.

El presidente del Gobierno en funciones ha calificado esta legislatura como la del diálogo territorial. Ojalá sirva para algo, aunque visto lo visto, y aunque por fin tengamos Gobierno, se acabará imponiendo el cainismo. Lo que estará ausente es lo que de verdad necesitamos si deseamos avanzar, más diálogo Gobierno-oposición. Justo lo que no tendremos.