El chollo, crecer sin repartir

Hace unos días, presentando su último libro (La España en la que creo) en una radio, Alfonso Guerra dijo que, en comparación con Venezuela, hay dictaduras que son eficaces desde el punto de vista económico. Le cayeron chuzos de punta en las redes sociales, como si tal afirmación (muchas veces corroborada empíricamente) supusiese una reivindicación de las sociedades totalitarias por parte del antiguo secretario de organización socialista. Nada más lejos de su intención. Ser eficaz en el terreno de la economía significaba tener un alto crecimiento, nada más, sin contemplar el bienestar ciudadano. China crece ahora casi al 7%, como lo hizo algunos años el Chile de Pinochet o la España tardofranquista. Se puede crecer mucho y dar lugar a sociedades extraordinariamente desiguales y, por tanto, descohesionadas, conflictivas, en las que los beneficios de esa eficacia no son aprovechados por todos los ciudadanos.

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Entre las sociedades más desiguales del mundo hay dictaduras y democracias. Ello ocurre, entre otras razones, porque en aquellas dictaduras no existen los sindicatos y en estas democracias no hay sindicatos fuertes. A medida que el porcentaje de trabajadores sindicados disminuye, empeora la suerte de los componentes de las clases bajas o medias. ¿Por qué debería preocupar a cualquier ciudadano, sobre todo a los que no están apuntados a un sindicato, que la afiliación sindical se sitúe en un nivel bajo, y que es posible que disminuya aún más debido a las nuevas características del mercado de trabajo? Si a uno le interesan los asalariados, los autónomos o los parados, necesita interesarse por los sindicatos, la única institución específicamente nacida para protegerlos.

Ya se puede hacer un balance bastante profundo de lo que ha significado la Gran Recesión durante la última década. La crisis no sólo ha producido un drástico debilitamiento en términos políticos y económicos (enormes transferencias de renta, riqueza y poder a favor de las capas más favorecidas), sino también en términos sociales: condiciones de vida, derechos adquiridos, calidad del empleo, movilidad social, lo que se ha denominado “ciudadanía social”. Ello ha sido facilitado por el constante debilitamiento de los sindicatos. Al menos por tres razones: por las nuevas circunstancias relacionadas con la economía de las plataformas (economía digital); por la propia inoperancia de los sindicatos para adaptarse a las condiciones del mercado laboral del siglo XXI, y por el contenido de las continuas reformas laborales desde la década de los ochenta del siglo pasado, siempre en la misma dirección. En la de 2011, más allá de la intención de promover una devaluación salarial generalizada (una especie de plan de estabilización sin reconocer), se activó el desequilibrio en las sociedades, a favor de los intereses empresariales y en contra de las posiciones sindicales.

Estos cambios han provocado una progresiva sustitución del Derecho del Trabajo por el Derecho Mercantil como base para la regulación de las nuevas relaciones laborales, así como una individualización creciente de las mismas. Los sindicatos están para proteger a los asalariados al garantizar una voz fuerte que los represente tanto en el mercado de trabajo como en la democracia (el sistema político). Cuando son fuertes pueden garantizar que a los trabajadores se les paguen salarios justos, una cierta seguridad en el empleo, que reciban la formación para ascender de clase social, que se les tenga en cuenta en los procesos de toma de decisiones de la empresa… También fomentan la participación política y ayudan a sus afiliados a conseguir políticas públicas como la Seguridad Social, el seguro de desempleo para los parados o el salario mínimo. Por ello, los sindicatos modernos han vuelto a adquirir algunas características olvidadas, como volver a ser al mismo tiempo —y desde la independencia— movimientos sociopolíticos.

Su reto en esta época es ayudar a revertir la segunda fase de la desafección de la vida pública. La primera se plasmó en la sustitución del bipartidismo imperfecto por una amalgama de partidos políticos, y la segunda, en la ruptura de la legitimidad de muchas instituciones en vigor. Entre ellas, los propios sindicatos.