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opinión

El hambre vuelve a aumentar… ¡también en España!

En 2017, había en España 600.000 personas en situación de inseguridad alimentaria grave, un incremento del 20 % en un solo año

 Unas manos sujetan un puñado de arroz.
Unas manos sujetan un puñado de arroz.

Según los últimos datos ofrecidos por la reciente actualización del informe 'El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo', realizado de forma conjunta por FAO, FIDA, PMA, OMS y UNICEF, los logros conseguidos durante años en la reducción del hambre comienzan a revertirse. En el año 2005, la cifra de personas subalimentadas alcanzaba los 945 millones, en 2014 esa cifra logró reducirse a 783 millones, pero a partir del 2015 volvió a aumentar. En 2017 eran 821 millones el número de personas con subalimentación crónica en el mundo. Los datos aportados sobre la incidencia del hambre en la infancia son escalofriantes: 151 millones de menores de 5 años con retraso del crecimiento o 51 millones con emaciación.

Pero este retroceso no es solo un problema de países en desarrollo. Los datos del informe sobre España son también preocupantes: en 2017 había 600.000 personas en situación de inseguridad alimentaria grave, lo que supone que se ha producido un incremento del 20 % en un solo año. Habrá que analizar por qué está creciendo el hambre de esta manera en España, cuáles son los factores específicos que están operando en nuestro contexto nacional. Ya habíamos comentado al hilo de otros informes que el problema de la pobreza y el hambre en España parece tener un carácter estructural, con un tercio de la población que tiene dificultades para llegar a fin de mes y medio millón de hogares que no pueden garantizar una alimentación adecuada.

Junto a ello, el informe sobre la seguridad alimentaria mundial llama la atención sobre otras formas de malnutrición que también están creciendo de forma preocupante, en concreto el sobrepeso y la obesidad. Una de cada ocho personas adultas del mundo es obesa. Las consecuencias que esto tiene para la salud son terribles, con una pléyade de enfermedades no transmisibles asociadas al sobrepeso. Y también en este aspecto España ha empeorado. La cifra de personas adultas obesas pasó de 9,6 millones en 2012 a 10,5 millones en 2016, es decir, un incremento casi del 10 % en cuatro años.

El pasado día 18, en el acto institucional de creación de la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación en el Congreso de los Diputados, en los discursos de los diferentes grupos parlamentarios se señaló, entre otras cosas, la preocupación por el hecho de que en España, al mismo tiempo que hay un millón de familias en situación de inseguridad alimentaria, tenemos a un 58 % de la población con sobrepeso.

¿Qué impacto tiene esta situación sobre la salud de la población española? ¿Qué características tiene nuestro sistema alimentario para ser obesogénico? ¿Qué políticas públicas podrían y deberían desarrollarse para hacerle frente?

Seguro que, además de la preocupación enorme que nos debe despertar el agravamiento del problema del hambre en el mundo, se nos pueden ocurrir muchas preguntas sobre la situación alimentaria de la población española, en la que encontramos un incremento de la inseguridad alimentaria grave y también de la obesidad. Preguntas complejas, difíciles, que necesitan investigación seria para encontrar respuestas y construir propuestas bien fundamentadas.

Por ello, es una buena noticia que este 25 de septiembre se vaya a presentar públicamente el Observatorio del Derecho a la Alimentación de España, un espacio de colaboración entre universidades, investigadores y organizaciones sociales que se viene construyendo desde hace más de un año y que va a salir a la luz pública con un interesante libro y con algunos documentos de propuestas.

Es alentador ver la cantidad de personas dedicadas a la investigación en nuestras universidades que tienen este tema entre sus prioridades, que están abordando las diversas problemáticas alimentarias en España y en el mundo desde un enfoque de derechos humanos. Y es también muy positivo el espíritu de colaboración con el que este observatorio se ha gestado y con el que está dando sus primeros pasos.

A final del próximo mes de octubre se celebrará en Madrid una Cumbre Parlamentaria Mundial contra Hambre y Malnutrición. Representantes de los poderes legislativos de muchos países se reunirán aquí durante dos días para abordar este problema. Las propuestas que va a lanzar el Observatorio del Derecho a la Alimentación de España, en colaboración con su homólogo de América Latina y el Caribe, apuntan a abordar el problema desde el enfoque de derechos humanos: no se trata de un tema de caridad o de beneficencia, se trata de que cada persona en situación de hambre o malnutrición es un caso de violación de los derechos humanos. La respuesta de los poderes públicos debería ser consecuente con ello.

José María Medina Rey es director de Prosalus y profesor de la Universidad Loyola Andalucía.

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