Derecho a la alimentación, ¿solo es teoría?

El hambre y la desnutrición están aumentando en el mundo tal y como se desprende del último informe publicado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El número de personas aquejadas de subalimentación crónica aumentó a 815 millones en 2016, en comparación con los 777 millones de 2015. Y todavía hay 155 millones de niños menores de cinco años con desnutrición infantil crónica y 52 millones con desnutrición infantil aguda.

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En el caso de España, la situación de la pobreza y malnutrición también se mantiene a niveles indignantes, especialmente desde el inicio de la crisis económica, que trajo consigo recortes intensos en partidas sociales. El Estado y los gobiernos autonómicos han llevado a cabo medidas regresivas para los derechos sociales sin ponderar adecuadamente los intereses en juego ni justificar la necesidad de las medidas. Además de la eliminación o disminución de ayudas como la Renta Mínima de Inserción o las becas comedor, en los últimos años también se ha suprimido o restringido el acceso a la renta básica de emancipación, las ayudas a la dependencia, se han congelado las pensiones y se ha reformado el sistema. Todas estas medidas agudizaron la precarización de las condiciones de vida de una parte creciente de la población cada vez más vulnerable, sin haberse aportado información ni hecho rendición de cuentas sobre el impacto en los derechos humanos de la población. En abril de este año Unicef lanzaba un informe en el que denunciaba que España mantiene una de las tasas más altas de pobreza infantil de la UE y es el tercer país, por detrás de Rumanía y Grecia.

En resumen, en España las personas que no tienen garantizado el derecho a la alimentación suponen un número inasumible que, en gran parte, depende de bancos de alimentos y de otras ayudas que nunca podrán suponer un verdadero ejercicio del derecho a la alimentación. De hecho, algunas campañas de estas navidades, ofreciendo regalos al que aporte ayudas, suponen una trivialización del problema, y lejos de solucionarlo, podrían estar cronificándolo.

155 millones de niños menores de cinco años sufren desnutrición infantil crónica y 52 millones desnutrición infantil aguda

El contexto internacional contrasta poderosamente con la realidad descrita. La erradicación del hambre es prioritaria en la Agenda 2030, las directrices voluntarias para el derecho Humano a la alimentación y en la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), así como en el Decenio de las Naciones Unidas. La Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a pesar de no contener explícitamente el derecho a la alimentación, establece el objetivo de eliminar el hambre. Si seguimos avanzando a este ritmo, ni siquiera daremos cumplimento a estos objetivos, estando por supuesto descartada toda posibilidad de realizar el derecho a la alimentación.

Por otro lado, la Carta Social Europea recoge en su artículo 14 que “a fin de asegurar el ejercicio efectivo del derecho a beneficiarse de los servicios sociales, las partes se comprometen a impulsar u organizar servicios que, utilizando métodos de trabajo social, contribuyan al bienestar y al desarrollo de las personas y de los grupos en la comunidad, y a su adaptación al entorno social”.

España es parte de cada uno de los documentos descritos y ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, donde se recoge el derecho a la alimentación como elemento esencial para una vida digna. Por este motivo, tiene responsabilidad directa sobre este derecho, estando obligada por el derecho internacional de los derechos humanos a asegurarlo, tanto nacionalmente como en países terceros, a los que dirige su cooperación internacional.

Es muy oportuno recordar la necesidad y la urgencia de que el nuevo Plan Director de la Cooperación Española se alinee con el impulso al derecho a la alimentación y que se apoyen investigaciones y otras intervenciones que favorezcan la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los derechos humanos, en especial en el ámbito alimentario.

En este contexto, desde el ámbito académico se ha conformado la Red para la creación del Observatorio del Derecho a la Alimentación en España, con el objetivo de aportar, impulsar e incidir en este derecho. Todos los medios disponibles quedan al servicio de esta finalidad, priorizando el trabajo por la exigibilidad social, política y jurídica de este derecho. Esta iniciativa, de la mano de FAO y con el apoyo de todas las universidades adheridas, tiende la mano a todos los actores con obligaciones respecto a este derecho a la alimentación: sociedad civil, autoridades municipales, autonómicas y estatales. Un llamamiento a académicos y universidades de todo el país a unirse a este compromiso.

Celia Fernández Aller (Universidad Politécnica de Madrid y ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano), Amparo Novo Vázquez (Cátedra de Gobernanza Alimentaria de la Universidad de Oviedo) y Héctor Silveira Gorski (Universidad de Barcelona) son los impulsores de la Red para la creación del Observatorio del Derecho a la Alimentación.