Cascos azules: en tierra de nadie

Hace un día de perros en Marjayoun. La lluvia cae con fuerza en este valle rodeado de montañas moteadas por la nieve. El viento azota las ramas de pinos y olivos que rodean la base militar Miguel de Cervantes. A media mañana, el capitán Sanchís se prepara para salir a patrullar por el sureste de Líbano, un avispero en calma en el corazón de Oriente Próximo. Se ajusta las botas, se pone el chaleco antibalas y se coloca el casco desconchado de color azul, uno de los símbolos más visibles de la ONU. El que indica que Sanchís no es un militar cualquiera: no ha sido enviado desde Badajoz hasta aquí para hacer la guerra, sino para evitarla. El capitán, de 31 años, pertenece a un ejército multinacional desplegado en los conflictos de medio mundo para garantizar la paz y la seguridad. Muchas veces lo consiguen. Otras no.

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Los compañeros de patrulla de Sanchís esperan en dos vehículos blindados que utilizarán para llegar hasta las estribaciones de los Altos del Golán, en la frontera con Israel. Su misión será comprobar que se respeta el alto el fuego entre dos ejércitos enemigos separados por una fina línea de barriles y alambradas de poco más de 100 kilómetros. La Blue Line. Los israelíes vigilan desde sus posiciones. Las fuerzas libanesas, desde este lado, hacen lo mismo. Cualquier incidente puede provocar que salte por los aires la frágil tregua que mantienen los 10.500 cascos azules de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para Líbano (UNIFIL, por sus siglas en inglés). “Todo está tranquilo, pero no hay que fiarse”, dice Sanchís antes de trepar sobre uno de los carros y ocupar su posición en la torreta. El pelotón se abre paso por este territorio minado, herido por guerras e invasiones. 

Naciones Unidas sostiene 14 misiones de mantenimiento de paz repartidas por los puntos más calientes del planeta. El brazo armado de la ONU está formado por casi 90.000 militares y policías, a los que se suman unos 15.000 civiles. La mitad están en África. El resto se reparten por Europa (Kosovo y Chipre), América (Haití), Asia (India y Pakistán) y Oriente Próximo: Israel, Siria y Líbano. La más antigua es la de Jerusalén. El 29 de mayo de 1948, dos semanas después de la creación del nuevo Estado de Israel, el Consejo de Seguridad aprobaba el envío de observadores militares desarmados para mediar entre palestinos y judíos. La misión todavía permanece activa. Lo mismo sucede con la de Líbano, que lleva ya cuatro décadas pese a llamarse Fuerza Provisional. Algo no funciona cuando estos despliegues se convierten en parte del paisaje.

La ONU celebra en mayo el 70 aniversario de las misiones de mantenimiento de paz. Los cascos azules están desplazados en algunos de los puntos más calientes del planeta

La ONU conmemora este mes el 70º aniversario de la creación de los cascos azules y el debate sobre su utilidad y su eficacia sigue abierto. “Continúan vigilando el alto el fuego, previenen el estallido de conflictos armados, protegen a los civiles y sostienen como pueden algunos procesos democráticos”, explica Ramesh Thakur, asistente de la Secretaría General de la ONU entre 1998 y 2007. Durante estas siete décadas, los cascos azules han contribuido a salvar a millones de personas, pero no pudieron evitar que otros tantos miles perdieran la vida, como sucedió en los genocidios de Srebrenica (Bosnia-Herzegovina) y Ruanda. Su trayectoria está salpicada por varios escándalos de abuso sexual. Y su capacidad de intervención sigue siendo muy limitada. “Nunca han podido mantener realmente la paz en el mundo por el poco margen de actuación que tienen”, añade Thakur. Ese es su talón de Aquiles. Los cascos azules dependen del mandato que les otorgue el Consejo de Seguridad de la ONU, el único organismo legitimado para crear una misión de paz. Un foro en el que se sientan las cinco potencias mundiales con derecho a veto (China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido). El choque de intereses y la falta de voluntad política desdibujan con frecuencia el objetivo y la estrategia de las operaciones. Al final, los soldados de la paz se encuentran desplegados en tierra de nadie.

El territorio en el que operan los cascos azules en Líbano es una olla a presión en la que viven unas 450.000 personas: cristianos maronitas, chiíes, suníes, drusos, refugiados palestinos, sirios. Los primeros soldados llegaron a este rincón del Mediterráneo oriental en 1978 para mediar entre libaneses e israelíes. Con su presencia han ayudado a estabilizar la región. También han conseguido que militares israelíes y libaneses se sienten de vez en cuando con ellos en la misma mesa de negociaciones. “La mediación del Tripartito es un éxito. Pero lo que tenemos que intentar es que el país asuma de una vez por todas el control de la frontera. Para ello hay que seguir ayudando al Ejército libanés, como señala nuestro mandato”, dice el general Francisco J. Romero Marí en uno de los pabellones de hormigón y conglomerado de la base Miguel de Cervantes. Aquí residen los 600 militares que España envía semestralmente desde 2006. Comparten cuartel con militares nepalíes, indios, serbios e indonesios. España lidera el sector este de la misión mientras Italia dirige la brigada occidental, pegada a la costa. En el pueblo de Marjayoun, cercano a los Altos del Golán, en el interior, confluyen tres fronteras sin definir: la de Israel, Siria y Líbano. La actual escalada bélica entre Israel y las fuerzas iraníes desplegadas en Siria recrudece el conflicto. "Si la situación empeora, la misión de la ONU peligra", asegura Félix Arteaga, experto en Seguridad del Real Instituto Elcano. 

Los cascos azules dependen del Consejo de Seguridad de la ONU, donde se sientan las cinco potencias mundiales con derecho a veto

Los primeros soldados de la ONU llegaron al pueblo de Nicolas Ibrahim cuando tenía siete años. Ahora ha cumplido 47 y es director de un colegio en Kleya, una localidad cercana a Marjayoun. “Desde pequeño sabía que estaban aquí para ayudarme”, cuenta este hombre de religión maronita que chapurrea español gracias a las clases de castellano que los soldados imparten a los niños. “Vamos a estrenar un laboratorio enviado por España”, dice. Mientras los cristianos se sienten a salvo con las tropas extranjeras, a otros libaneses no les hace tanta gracia su presencia. El sur del país ha sido históricamente el feudo de la milicia política chií de Hezbolá. Hay carteles con fotografías de sus mártires y líderes por todos lados.

En 2007, seis militares españoles murieron en un atentado. Hace tres años falleció el cabo Francisco Javier Soria, alcanzado por un proyectil israelí lanzado en represalia a un ataque de Hezbolá. “La comunidad internacional y la ONU tendrán que ejercer una mayor presión sobre las partes para conseguir un alto el fuego permanente. También para que se terminen las violaciones sistemáticas del mandato, como la ocupación por las fuerzas de Israel de la parte norte del pueblo de ­Gadhjar (es territorio libanés). Por su parte, Líbano permite la presencia de Hezbolá como grupo armado, lo que da pie a Israel para sobrevolar casi a diario el espacio aéreo libanés”, dice el general Alberto Asarta, que durante dos años fue jefe de esta misión.

En los últimos cinco años han muerto más cascos azules que nunca. "Debemos mejorar nuestra capacidad para afrontar los ataques", dice Jack Christofides, jefe de la división africana desde Nueva York 

Pero esta operación no es la más peligrosa. Peor suerte corren los cascos azules desplegados en Malí, un país azotado por el yihadismo. O los efectivos presentes en la República Democrática del Congo, donde en diciembre fallecieron 15 soldados tanzanos de la ONU y otro medio centenar resultaron heridos tras el ataque de un grupo rebelde. El secretario general, António Guterres, calificó el atentado como “el peor contra las fuerzas de paz” en su historia reciente. Más de 3.700 soldados han fallecido en estos 70 años. Pero en el último lustro han muerto más que nunca. Los militares de la ONU están acostumbrados a ser una fuerza de interposición entre dos bandos claros, pero no están bien preparados para actuar en conflictos asimétricos. “El casco azul opera hoy en contextos más complejos, caracterizados por la criminalidad, la corrupción, la inestabilidad política y las batallas entre grupos armados. Puede convertirse en un objetivo”, explica Ramesh Thakur, antiguo vicerrector de la Universidad de Naciones Unidas en Tokio. Tampoco tienen servicios de inteligencia. “Una vez fuimos símbolo de imparcialidad, un cuerpo que no debía tocarse. Pero eso acabó”, dice Jack Christofides, jefe de la división africana de los cascos azules en Nueva York.

Las 14 misiones de paz se coordinan desde la sede de la ONU en Nueva York, un conjunto de cinco edificios enclavados entre el río Este y la Primera Avenida de Manhattan 

El despacho de este funcionario sudafricano está en el Secretariado de Naciones Unidas, el famoso rascacielos acristalado enclavado entre la ribera del río Este y la Primera Avenida de Manhattan. Este es uno de los cinco edificios que conforman la sede de la ONU, que ocupa seis grandes manzanas de suelo neoyorquino. Todas las misiones se coordinan desde aquí. Cada día miles de hombres y mujeres de todas las nacionalidades acuden a­ estas oficinas para poner en marcha la maquinaria burocrática de la organización. En el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (conocido como el DPKO) trabajan más de 800 funcionarios. Christofides, de 54 años, está en la planta 22ª. Tiene decorado su despacho con un mapamundi y una alfombra roja siria en el suelo. Un par de botellas de whisky reposan al lado de la ventana. “Los civiles buscan nuestra protección. Lo que debemos mejorar es nuestra capacidad para afrontar los ataques”, dice.

"Las misiones de paz deben tener una estrategia clara, conocer bien el contexto político del país", dice Ewan Lawson, experto del 'think tank' Royal United Services Institute

La ONU ha publicado este año un informe elaborado por el general brasileño Carlos Alberto dos Santos Cruz sobre la seguridad de los cascos azules. En sus páginas, el comandante señala la falta de recursos y de preparación de estas fuerzas. La historia se repite: ya en el año 2000, el diplomático Lakhdar ­Brahimi redactó otro memorándum sobre la necesidad de rediseñar el concepto de las intervenciones de mantenimiento de la paz.“Las misiones deben tener una estrategia clara, conocer bien el contexto político del país”, explica Ewan Lawson, experto en defensa del think tank británico Royal United Services Institute. En su opinión, también hay que estar más con la población local y menos encerrados en los cuarteles. “Muchas veces los civiles ven a los cascos azules como una parte más del conflicto”, explica. Entre las recomendaciones de los dos informes encargados por la ONU destaca la necesidad de una mayor contundencia en el uso de la fuerza. Los soldados de la paz solo pueden apretar el gatillo en defensa propia, de la misión o de los civiles. Según los expertos, su tradicional neutralidad y su resistencia a enfrentarse abiertamente a quienes ponen en riesgo las operaciones deberían cambiar. 

Para el general Roméo Dallaire, jefe de la misión de Ruanda durante el genocidio de 1994, la comunidad internacional no ha aprendido de los errores del pasado. “Los países no se toman en serio las operaciones de paz. Falta voluntad y consenso”, dice desde Canadá. Tres meses antes de que comenzara la violencia en Ruanda, Dallaire advirtió a Nueva York del plan de exterminio de los tutsis por parte de la etnia hutu. Y pidió más tropas para prevenir la matanza. Pero no le hicieron caso. Cuando estalló el conflicto, el Consejo de Seguridad votó de forma unánime no intervenir. Retiró los 2.500 cascos azules del país africano. Dallaire desobedeció y se quedó allí con 270 soldados. “Me sentí absolutamente abandonado”, recuerda el militar, que llegó a ser senador en Canadá. “Pudimos salvar a unas 30.000 personas”. En tres meses murieron entre 800.000 y un millón de ruandeses. Ahora Dallaire tiene una organización para ayudar a los niños soldado africanos.

"Los países no se toman en serio las misiones de paz. Falta voluntad y consenso", dice Romeo Dallaire,  el general que lideró la misión de paz de Ruanda durante el genocidio de 1994

Un año después, otro genocidio hundió la imagen de la ONU. Fue en la localidad de Srebrenica, durante el conflicto de los Balcanes. Los cascos azules holandeses permanecieron impasibles ante la matanza por parte de las fuerzas serbobosnias de unos 8.500 bosnios musulmanes. Srebrenica era una de las “zonas seguras” protegidas por la ONU. En 2002, el Gobierno holandés dimitió en bloque después de que un informe lo acusara de haber aceptado una misión imposible.Si durante los noventa las misiones de paz fueron el producto estrella de la seguridad internacional, después de estos escándalos cayeron en desgracia. “Los cascos azules son el chivo expiatorio de los Estados. Se deposita en ellos unas expectativas muy altas. Cuando se despliegan, los vemos como si fueran héroes que van a solucionarlo todo. Luego se encuentran con la cruda realidad: les falta dinero, apoyo, estrategia”, sostiene Félix Arteaga, experto en defensa del Real Instituto Elcano.

A partir de entonces, otros actores han cobrado protagonismo. La OTAN acabó con la guerra en los Balcanes y las matanzas de albaneses en Kosovo. Tras los atentados del 11-S, con la irrupción de la guerra contra el terrorismo, Occidente dejó de engrosar las filas de los cascos azules. El Consejo de Seguridad creó entonces otro tipo de intervenciones, como la de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF, por sus siglas en inglés) en Afganistán, dirigida por la OTAN para la reconstrucción del país. La Unión Europea también se ha ido desligando de las clásicas misiones de paz. Actualmente tiene desplegada su propia operación en Malí, que entrena a las Fuerzas Armadas del país africano. “Si hay que disparar, estos actores internacionales no quieren pedirle autorización a la ONU”, explica Arteaga.

Los Estados que más tropas aportan a las misiones de paz son Etiopía (8.300 soldados), Bangladés, India y Ruanda. La ONU paga a los países que prestan a sus hombres aproximadamente 1.200 euros por soldado. Varios expertos consideran que el envío de cascos azules se ha convertido en un negocio para muchos Estados. Que muchos soldados no tienen ni la formación ni el compromiso necesario. ¿Y quién paga las operaciones? Principalmente, Estados Unidos, China y Japón, aunque todos los países miembros están obligados a contribuir al fondo de las operaciones de paz. El último presupuesto aprobado por la Asamblea General para los cascos azules ascendió a casi 6.000 millones de euros. Una cantidad que no llega ni al 0,5% de los gastos militares mundiales. “Con este modesto desem­bolso, los resultados son bastante buenos”, sostiene el experto en relaciones internacionales Ramesh Thakur.

Aun así, el fondo se ha recortado algo más del 7% con respecto al año anterior por expreso deseo de EE UU, el principal financiador de Naciones Unidas. Washington lleva años cuestionando la excesiva burocratización de la institución. Desde que llegó a la secretaría general, en enero de 2017, António Guterres está llevando a cabo una serie de reformas para hacer más eficaz la compleja organización. El portugués ha pedido a los funcionarios del DPKO (el departamento que gestiona las operaciones de paz desde Nueva York) que revisen los mandatos de las 14 misiones para ver cómo pueden mejorar su eficiencia. “Una de las conclusiones a las que hemos llegado es que la ONU debe ser más proactiva, tenemos que anticiparnos a las crisis”, reconoce Ana María Menéndez, asesora para asuntos políticos del secretario general, sentada en uno de los sillones de la Delegates Lounge, una elegante sala vip de la sede neoyorquina de Naciones Unidas.

Son las tres de la tarde y una pantalla de televisión emite la reunión que tiene lugar en el Consejo de Seguridad, que se encuentra justo al lado, sobre la renovación de la misión de paz en Sudán del Sur (­UNMISS). Los más de 12.000 cascos azules desplazados en el país africano desde su independencia, en 2011, no han logrado frenar la violencia ni proteger a la población. Y a ello no son ajenos los poderosos intereses económicos que China tiene en la región. El gigante asiático es el país del Consejo de Seguridad con derecho a veto que más efectivos aporta a los cascos azules. Casi la mitad de ellos están en Sudán del Sur. Si durante décadas las operaciones de paz han servido a los intereses de seguridad de Estados Unidos, ahora China hace lo propio para extender su influencia en el tablero mundial. “En Liberia o Costa de Marfil han tenido un éxito razonable: estabilizaron la región, pudieron celebrarse elecciones y se marcharon”, cuenta Jaïr van der Lijn, del Instituto Internacional de Paz de Estocolmo. “En el caso de Haití han creado una misión diferente”, añade. Después de 13 años en el país caribeño, y con una actuación ensombrecida por el escándalo de la epidemia de cólera provocada por soldados nepalíes, el verano pasado las tropas se fueron de Puerto Príncipe. Ahora una operación de policías y civiles asiste y forma a la policía nacional haitiana.

Desde su despacho con vistas al distrito de Queens, David Haeri se encarga de revisar los mandatos de todas las misiones. “Hay operaciones que no pueden garantizar la protección a los civiles, otras que no tienen un proceso político claro”, explica. “Luego tenemos las misiones en las que la solución política no se vislumbra”. Como sucede en Líbano. También en Chipre, donde casi 800 cascos azules custodian la frontera que separa a griegos y turcos en una isla dividida desde 1964. “Si nos vamos, ¿qué sucedería? Al menos así mantenemos el statu quo”.

En la localidad libanesa de Naqoura, la presencia de los cascos azules contribuye, además, a la economía de la región. En esta ciudad que mira al Mediterráneo se encuentra el cuartel general en el sur de Líbano, donde residen un millar de efectivos. Una mañana de enero, el sargento nepalí Kamal Pariyar, de 34 años, ha pedido permiso a su superior para ir a la barbería. El local es un chamizo enano con techo de chapa que Hassan Hashim, de 25 años, compró a su tío. Mientras corta el pelo de un soldado serbio, Hashim cuenta que “estos extranjeros” son sus principales clientes. “Media ciudad vive gracias a ellos. No quiero que se vayan”.

Es la hora del almuerzo y Pakiyar, con el pelo recién cortado, vuelve al cuartel. En las paredes del comedor hay carteles sobre la campaña de tolerancia cero con respecto a las agresiones sexuales. Desde 2010, la ONU ha registrado casi 600 denuncias. La mayoría son del personal uniformado. Los ejércitos más involucrados son los de República del Congo, Sudáfrica y Marruecos. Las acusaciones hablan de sucesos espeluznantes: soldados que obligan a las víctimas a mantener relaciones a cambio de comida o violaciones sistemáticas. Naciones Unidas lleva años intentando erradicar el problema sin demasiado éxito. “La ONU se ha resistido a combatir esto argumentando que son unas pocas manzanas podridas, que no es todo el árbol”, apunta Jane Holl Lute, consejera especial para el abuso sexual de la ONU. “Pero nada lo excusa”, zanja la estadounidense.

Los soldados y policías solo pueden ser juzgados en su país de origen, lo que les da cierta impunidad. Suelen ser repatriados, pero la mayoría de casos están pendientes de resolverse. De los 412 cascos azules acusados desde 2010, 41 han acabado en la cárcel. La ONU solo tiene responsabilidad sobre su personal civil. Si se demuestra el delito, se les expulsa de la organización. La ONG estadounidense AIDS-Free World, a través de la campaña Código Azul, solicita que se eliminen ciertas inmunidades que tiene este personal en el caso de que sean acusados por abuso sexual. “Estamos intentando que los países manden pruebas de ADN de los acusados para ayudar a la investigación. También hemos creado la figura de una abogada para los derechos de las víctimas. Se está haciendo un esfuerzo. Si no, no hay manera de creerte esto”, dice Ana María Menéndez, la diplomática más cercana al círculo de Guterres.

También ayudaría si aumentara el número de mujeres uniformadas. En 2014, el 3% del personal militar y el 10% de la policía era femenino. La sargento Syazwani, natural de Malasia, es una de ellas. Está destinada en el sector este de la UNIFIL. “Con nosotras, las libanesas se sienten más seguras”, afirma esta militar de 30 años. “Soy musulmana y suní”. Debajo de la boina azul lleva el hiyab. Esta es su segunda misión de paz. Mientras, en la parte oriental, pegada a las montañas, el pelotón del capitán Sanchís regresa a la base Miguel de Cervantes. Unos soldados de las islas Fiyi, encargados de la seguridad del recinto, les abren las puertas. Los militares dejan los fusiles en la entrada. Unas armas que, un día más, no han tenido que utilizar. “Esperemos que la situación siga así de tranquila por mucho tiempo”, dice el capitán antes de dirigirse a almorzar. La cuestión es hasta cuándo. A más de 9.000 kilómetros de allí, amanece en Nueva York. Los funcionarios y diplomáticos de Naciones Unidas van llegando a la sede. En este laberinto de oficinas, salas de conferencias y pasillos sin fin se deciden los pasos que tendrá que dar el capitán Sanchís mientras lleve en su cabeza el casco azul.