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Los guardianes del río Atrato

Proteger legalmente el río es proteger al mismo tiempo a las comunidades que lo habitan

Agricultores en barcas transportando frutas por el río Atrato en Quibdó, Colombia.
Agricultores en barcas transportando frutas por el río Atrato en Quibdó, Colombia.

El río Atrato tiene una de las mayores cuencas fluviales del mundo con sus serpenteantes 750 kilómetros de extensión. Desde su nacimiento en el deshielo de Los Andes cruza Colombia hasta su desembocadura en el Golfo de Urabá en el Caribe. Pero desde los años ochenta, los mineros ilegales contaminan sus aguas con sustancias tóxicas y talan de manera indiscriminada los árboles de sus bosques. Este deterioro del medio natural supone un peligro para las 54.850 especies animales que viven en este ecosistema tropical y para sus habitantes, según un estudio de 2015 sobre el estado del agua de la Universidad de Cartagena.

Para los más de 400.000 habitantes que viven en las orillas del río este supone el eje central de su modo de vida basado en la agricultura, en la pesca, en la minería tradicional y en el transporte de mercancías. Maryuri Mosquera es una ingeniera agrónoma afrodescendiente de 35 años del Chocó, uno de los departamentos más pobres del país, que desde hace años alza su voz para advertir sobre la explotación de recursos sin control. Cuenta su relación especial de cuidados con el río como mujer: “Nosotras tenemos un vínculo especial [...] las tareas del hogar suelen estar en nuestras manos y el río es esencial para eso. Bañar a nuestros hijos, cocinar, lavar, las actividades culturales. Dependemos de él y por eso es importante sanarlo”.

En la minería ilegal es común que se utilicen sustancias altamente tóxicas como el mercurio y el cianuro para separar el oro del resto de materiales que lo recubren. También son frecuentes el empleo de dragas, enormes excavadoras, que destruyen el fondo del río, a peces y a especies vegetales. En numerosas ocasiones la explotación de los recursos está ligada a grupos armados que han participado o participan activamente en el conflicto colombiano, tales como el frente 34 de las FARC y el bloque paramilitar Élmer Cárdenas El Alemán.

El enfrentamiento entre guerrillas sembró literalmente de cadáveres el río durante la década de los noventa. Es algo que no olvida el Sterling Londoño, sacerdote perteneciente a la diócesis de Chocó, cuando en su juventud vivió la violencia de los grupos armados para conseguir metales preciosos que financien sus causas. “Los proyectos extractivos ilegales no generan bienestar para su población sino muerte, desplazamiento forzado, despojo del territorio y de los recursos”, cuenta.

Como consecuencia de estas acciones, la Defensoría del Pueblo Colombiano registró en 2014 la muerte de 37 niños de la etnia embera-katíos por el consumo de agua y de animales contaminados. A partir de esta tragedia, el defensor del pueblo colombiano Carlos Alfonso Negret declaró la región del Chocó en “estado de emergencia medioambiental y humanitaria” para reconocer desde la capital la gravedad del problema.

“Por esta época era normal ver el río seco, azul o verde y lleno de peces de la subienda; hoy el río no está azul sino café y los peces ausentes”, señala con pesar Sterling Londoño. La diócesis a la que pertenece el sacerdote mantiene un papel activo de apoyo a la organización de las comunidades que buscan un desarrollo sostenible para el Chocó.

En respuesta a la movilización social en contra a la minería sin control, la Corte Constitucional promulgó el 30 de abril de 2017 una sentencia inédita que considera al río como “un sujeto de derechos” para impedir acciones que lo dañen. Ximena González, abogada de la oenegé Tierra Digna. que ayudó a dar visibilidad a esta crisis ambiental, aclara que la intención de la sentencia es que se adopten cuanto antes las medidas que permitan recuperar el río, ya que esta situación está impactado en la salud de las comunidades étnicas olvidadas en esa zona del país.

Ximena considera que proteger legalmente al río es proteger a las personas que lo habitan para tratar de revertir los efectos nocivos de la acción humana. Estas figuras de protección de ecosistemas nacen a finales del siglo XX en varios países que sufrían profundos deterioros de sus espacios naturales: Argentina, Birmania, Nigeria, Ecuador, Nueva Zelanda e India.

Esta historia de resistencia termina con la designación de 14 tutores legales del río con el nombre de 'guardianes' que provienen de las comunidades afectadas por la contaminación. La también guardiana Maryuri Mosquera explica que es un cuerpo colegiado que actúa como intermediario entre el nivel organizativo institucional y el comunitario.

Es necesaria la consulta gubernamental a estos guardianes para que se aprueben proyectos de explotación de recursos que dañen sus territorios. “Garantizamos la supervivencia del pueblo chocoano en sus formas ancestrales de vida y que todos los habitantes se sientan guardianes”, resume Maryuri con una sonrisa segura de estos avances por un medioambiente sano que ayude a empoderar a su pueblo.

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