Hay que proteger la propiedad de la tierra en África

Hace poco, la presidenta de Liberia y premio Nobel de la Paz Ellen Johnson Sirleaf advirtió de que África no podrá escapar de la pobreza, el hambre y la inanición hasta que los gobiernos garanticen a los pequeños agricultores la propiedad de sus tierras. Al hacerlo, hablaba desde su propia experiencia, personal y política.

Sirleaf y su diminuto país del oeste de África son ejemplos perfectos del enorme coste que la falta de protección del derecho sobre la tierra supone para las personas, las comunidades y los países. Las disputas por la propiedad de los terrenos fueron un factor importante de los 14 años de sangrienta guerra civil en Liberia. Y la superposición de reclamos de propiedad sigue fomentando el conflicto y obstaculizando la inversión extranjera. Ni siquiera la presidenta está a salvo: una parcela de una hectárea y media que Sirleaf compró en 1979 fue invadida por ocupantes ilegales que se instalaron allí durante años.

Historias como estas se oyen en todo el continente. Según el Banco Mundial, más del 90% de los terrenos rurales africanos está indocumentado. La superposición e incoherencia de los sistemas de gestión de la tierra es la norma; también lo es que los registros de terrenos sean inaccesibles, desactualizados, incompletos, inexactos o inexistentes. Esta disfuncionalidad ha tenido un costo indudable para los gobiernos africanos, en la forma de pérdidas millonarias de inversión extranjera; pero los perjudicados más directos han sido los agricultores africanos.

Las familias de pequeños agricultores africanos (que ya padecen la degradación del suelo, el cambio climático y una competencia por los recursos disparada por el crecimiento poblacional) se enfrentan a un obstáculo burocrático todavía más difícil: la falta de documentos que les permitan probar que el lugar donde viven les pertenece. No saber si podrán controlar sus granjas hasta la próxima estación reduce el horizonte de planificación de los agricultores. En vez de invertir en aplanar el terreno, plantar árboles y comprar fertilizante de calidad, los agricultores africanos tratan de maximizar las ganancias inmediatas. Esto vale especialmente para las mujeres agricultoras, que además deben luchar contra costumbres y leyes de propiedad discriminatorias.

Hay estudios que muestran que no será posible reducir la pobreza, mejorar la nutrición o alcanzar otros objetivos de desarrollo si no se fortalece el derecho a la tierra, especialmente para las mujeres. Es simplemente un prerrequisito del desarrollo.

No saber si podrán controlar sus granjas la próxima estación reduce el horizonte de los agricultores

En Tanzania, las mujeres cuya propiedad de la tierra está protegida ganan tres veces más que las otras. En Nepal, los niños de madres en esas condiciones tienen un 33% más de probabilidades de estar bien nutridos. Y en Zambia, en áreas donde las mujeres no tienen seguridad sobre la propiedad de sus terrenos y las tasas de infección por VIH son altas, es más difícil que hagan inversiones para mejorar las cosechas (incluso si sus maridos no son VIH-positivos), ya que prevén que si enviudan, serán expulsadas de sus tierras; esa expectativa reduce la inversión agrícola y afecta las cosechas y la nutrición de la familia por años.

Como hay 400 millones de mujeres agricultoras, estos datos son un indicador de los altos costes globales (medidos como pérdida de productividad y potencial económico no realizado) que supone la falta de protección de la propiedad femenina de la tierra.

En África, los signos de esa desprotección están literalmente escritos en el paisaje. En algunas regiones, las deficiencias de registro y las malas estructuras administrativas han obligado a los propietarios a poner carteles en sus campos o casas para advertir a posibles compradores sobre el riesgo de ser estafados por vendedores que se hacen pasar por dueños legítimos. En muchos países, simplemente no hay modo de saber a quién pertenece cada terreno.

Las comunidades con control legal claro de la tierra administran esos recursos mejor que otras donde la propiedad es incierta. Lo mismo puede decirse de las personas. En Ghana, allí donde la propiedad de la tierra está bien protegida, es un 39% más probable que los agricultores planten árboles. En Etiopía, hay un 60% más de inversión en prevenir la erosión del suelo en aquellas parcelas cuya propiedad está clara.

Pero a pesar de la evidencia, casi 1.000 millones de personas en todo el mundo carecen de derechos de propiedad seguros sobre la tierra de la que dependen para vivir. Hace poco, la Fundación Cadasta y Habitat for Humanity mediante su campaña Solid Ground demostraron con un nuevo estudio en línea que estas incertidumbres tienen amplias consecuencias. La falta de protección del derecho a la tierra puede limitar el acceso de los agricultores a seguros de cosecha, dificultar a sus hijos la inscripción en la escuela e incluso contribuir a tasas de suicidio más altas.

El Senado de Liberia analiza aprobar leyes que fortalecerían enormemente el derecho de los agricultores (y de las agricultoras) a la tierra. Muchos otros países en África (notablemente, Ruanda y Zambia) y en Asia (entre ellos Myanmar e India) han hecho o planean hacer lo mismo. Es necesario apoyar, acelerar e imitar estos esfuerzos.

Pero la gente no se ha sentado a esperar a que los dirigentes actúen. La adopción de tecnologías innovadoras ya ofrece una salida a comunidades de países cuyos gobiernos no quieren o no pueden ayudar. Los avances en GPS, drones y computación en la nube permiten a las comunidades documentar la propiedad de la tierra, con o sin reconocimiento o apoyo oficial. Junto con la Fundación Cadasta, comunidades de todo el mundo, de Nigeria a la India, usan dispositivos móviles para trazar mapas de los terrenos y apoyar los reclamos de propiedad con evidencia fáctica, lo que permite un fortalecimiento incremental del derecho de propiedad.

Hay que aplaudir la decisión de Liberia de liderar una reforma continental del derecho a la tierra; líderes como Sirleaf comprenden claramente los problemas que se originan en la falta de protección de ese derecho. Pero los cambios estructurales llevarán tiempo. A falta de una intervención estatal más decidida, las comunidades y las personas tendrán que puentear los mecanismos convencionales y llenar ellas mismas los vacíos en el mapa.

Frank Pichel es director principal de programas y cofundador de la Fundación Cadasta.

Copyright: Project Syndicate, 2017.www.project-syndicate.org. Traducción de Esteban Flamini

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra newsletter.