Jueces contra campesinos en Sierra Leona

Un juez del Tribunal Supremo de Sierra Leona condenaba el pasado 4 de febrero a seis activistas que luchan contra la usurpación de tierras en el país por conspiración para cometer un crimen y destrucción de 40 palmeras de aceite que estaba en un vivero de la empresa agroindustrial belga Socfin. Los activistas, que pertenecen a la Asociación de propietarios y usuarios de la tierra en Malen (Maloa, por sus siglas en inglés), en el distrito de Pujehun, en el sur del país, han sido condenados a cinco meses de prisión o a pagar una multa que en total equivale a 36.000 dólares, por lo que, ante la imposibilidad de satisfacerla, están en la cárcel en este momento.

Como contamos en su momento, los incidentes ahora juzgados tuvieron lugar el 15 de enero de 2015 sobre las 22:00 horas, cuando los dos trabajadores de Socfin regresaban de comprobar los daños que un fuego había ocasionado en una zona de la plantación y fueron atacados por una multitud que tiraba piedras a su vehículo al mismo tiempo que eran tiroteados. Uno de ellos recibió varios impactos de bala en el brazo y otro sufrió cortes de cristales. Los dos hombres fueron tratados en el hospital y sus vidas nunca corrieron peligro.

Pocos días después, el jefe de policía de la zona confirmaba que 11 personas habían sido arrestadas en relación con el incidente, entre ellas un consejero que representaba a la zona en el Consejo de distrito.

Maloa condenó inmediatamente el ataque y cualquier violencia que pudieran envolver sus protestas, recordando, al mismo tiempo, que seguían en lucha contra la compañía belga ya que los cinco dólares anuales que reciben por hectárea de tierra expropiada forzosamente por Socfin resultan insuficiente para que una familia pueda vivir dignamente.

La inversión realizada por esta compañía ha contado desde el principio, como hemos señalado anteriormente, con la oposición de la comunidad local. En octubre de 2011, cuarenta personas fueron detenidas en el curso de una protesta pacífica contra la usurpación de sus tierras. En diciembre de 2013, los ancianos de la zona convocaron una reunión con autoridades gubernativas y representantes de la compañía para exponer las quejas de la población ya que ninguna de las promesas de dinero y trabajo hechas al expropiar las tierras se habían cumplido. La policía detuvo y torturó a muchos de los que intentaron acudir a ese encuentro y disolvió a los concentrados con gases lacrimógenos y balas de verdad que hirieron a muchos seriamente. Por su parte, la compañía denuncia, continuamente, a los líderes locales de destruir plantas y dañar los cultivos y pide la intervención de la policía. Estos son solo algunos de los ejemplos que muestra la dura lucha de los campesinos del Chifdom de Malen por recuperar sus tierras.

Las quejas de estos agricultores sierraleoneses son las mismas que se escuchan a miles de campesinos en muchas partes del mundo contra la omnipotencia de multinacionales y gobiernos.

Socfin SL es una compañía subsidiaria de la belga Socfin, cuyo principal accionista es Vicent Bolloré, un empresario francés propietario del grupo Bolloré e intimo amigo del ex presidente francés Nicolas Sarkozy (a disposición del cual ponía su avión privado y su yate; parece ser que a cambio de favores en el mundo de los negocios). El acuerdo firmado en Sierra Leona prometía crear puestos de trabajo en la zona, además de la construcción de infraestructura y una compensación justa por las tierras, promesas que según los campesinos de Malen no se han cumplido.

Desde un principio, estos denunciaron que dicho convenio carecía de transparencia, que los ciudadanos no habían sido consultados ni informados de su desplazamiento forzado y ulterior reubicación que conllevaba la operación, la escasa compensación recibida, la corrupción, la presión ejercida sobre los dueños de las tierras y los jefes de las aldeas para que firmaran los contratos que se les presentaban y las duras condiciones de trabajo a las que eran obligados los trabajadores de la plantación. También protestan por la represión a la que se ven sometidos aquellos que se quejan del proyecto, incluyendo el arresto y la tortura por parte de la policía.

Las asociaciones civiles sierraleonesas han mostrado su desacuerdo con la sentencia. Denuncian que es sorprendente que Socfin, que pagó un millón de leones (menos de 200 dólares) por las 40 palmeras que fueron destruidas, las valore en su demanda en doscientos millones de leones (36.000 dólares), y todavía más sorprendente que el tribunal imponga la sentencia tomando en cuenta la desproporcionada valoración de la compañía en vez del precio real de esas plantas en el mercado.

En el comunicado emitido por estas asociaciones, Joseph Rahall, de Green Scenery - Sierra Leone, afirma que “esto demuestra claramente que los activistas de Maloa estaban en lo cierto al denunciar que el acuerdo por el que las familias propietarias de la tierra reciben solo 5 dólares anuales por hectárea es muy injusto”.

Por su parte, Ibrahim Tommy, director ejecutivo del Centre for Accountability and Rule of Law, considera curioso que “las ruedas de los mecanismos de justicia y la aplicación de la ley parezcan moverse siempre más rápido contra estos activistas”.

Lamentablemente, a los abogados defensores y a otras partes interesadas en el juicio les está resultando una tarea casi imposible el obtener una copia de la sentencia para poder determinar si existen razones legítimas en las que fundar su apelación. Otro hecho que arroja dudas sobre la limpieza del proceso.

Los representantes de la sociedad civil creen que este reciente juicio y otras acciones legales en curso contra miembros de Maloa son parte de una estrategia desarrollada por Socfin con el apoyo de las autoridades locales para intimidarles y llevarles hasta la sumisión. Por ello, han decidido ponerse al lado de los activistas y seguir apoyándoles hasta conseguir acuerdos justos, transparentes y económicamente razonables entre los campesinos y la compañía que se ha apropiado de sus tierras.

Maloa siempre ha sostenido que no tiene nada en contra de las inversiones extranjeras en Sierra Leona pero piensan que las grandes adquisiciones de tierra como la facilitada por el gobierno en su área tienen como consecuencia la injusta deposición de los residentes locales de su patrimonio, haciéndoles más pobres y poniendo en riesgo su seguridad alimentaria.

Denuncian que después de tantos años de lucha para que se revisen los acuerdos, es lamentable que tanto el gobierno como las autoridades tradicionales hayan “cerrado los ojos ante una de las más claras y graves violaciones de derechos humanos de nuestro tiempo”.

Desde que se conoció la sentencia las organizaciones de la sociedad civil han lanzado una campaña para conseguir fondos con los que ayudar a pagar las desorbitadas multas y sacar a los activistas de Maloa de prisión lo antes posible.