“En clase de mi hija son 10″: empiezan a morir colegios por falta de niños en las ciudades

Son las siete de la tarde, oscurece en Bilbao, y en el aparcamiento del colegio concertado Jesús María, que tiene una vista apabullante de la ciudad, una quincena de padres y sobre todo de madres hablan con aire grave. La dirección acaba de confirmarles en una reunión que cerrará el centro a final de curso por falta de alumnos. Los chavales serán recolocados en un colegio concertado cercano. El profesorado del Jesús María, parte del cual será muy probablemente despedido, ha convocado una huelga indefinida. Y decir que los progenitores están preocupados, advierte uno de ellos, cuyo hijo está en Bachillerato y ya ve cerca la Selectividad, es quedarse corto. “Lo que estamos es absolutamente indignados con la gestión que se está llevando”, afirma. El Gobierno vasco (de la mano, en este caso, de la patronal católica Kristau Eskola) es el único que admite estar embarcado en un “discreto” proceso de fusión de colegios en respuesta al vendaval demográfico que empezó a hundir la natalidad en 2009. Pero también hay preocupación en Canarias, que en 10 años ha perdido casi un 10% de sus escuelas públicas. Y en Galicia, donde han cerrado 105 colegios públicos en dos décadas mientras abrían seis privados más.

¿Se encamina España a una oleada de cierres escolares? Expertos como Lucas Gortazar, de EsadeEcPol, creen que el proceso que se ha puesto en marcha en el País Vasco es lo que le espera, en mayor o menos grado, al conjunto de los centros educativos españoles. “No me cabe duda de que vamos a ver un número importante de cierres y fusiones de centros de infantil y primaria en los próximos cinco años, que puede afectar fácilmente a entre el 5% y el 20% de los centros, dependiendo de los territorios”. España registró el año pasado, como preveía el INE, un ligero repunte, del 0,4%, de los nacimientos, tras alcanzar en 2023 la cota más baja desde 1941.

Pese a ello, las proyecciones prevén que la población escolar continúe cayendo hasta mediados de la próxima década. También la Fundació Bofill apuesta por la “fusión” de centros para evitar las dinámicas de segregación escolar por niveles socioeconómicos. El Gobierno vasco confirma, de momento, las “integraciones progresivas” a partir del curso que viene de dos centros públicos en Vitoria y de otros dos en Portugalete, enmarcándolas en una estrategia para hacer sostenibles las escuelas y combatir la segregación escolar.

Al mismo tiempo, sin embargo, exaltos cargos educativos, presidentes de asociaciones de directores y responsables de sindicatos docentes consultados por este periódico relativizan la gravedad del problema. No creen que las previsiones demográficas que hay encima de la mesa justifiquen un cierre significativo de centros. Y, al contrario, están convencidos de que la bajada demográfica constituye una gran oportunidad para que España consolide una reducción de las ratios en todas las etapas, lo que permitiría responder a la creciente heterogeneidad del alumnado y aumentar la calidad educativa sin incurrir en una inversión enorme en términos de personal e infraestructuras.

Recuerdan, al respecto, que uno de los grandes quebraderos de cabeza educativos que generó la pandemia fue que, al obligar a reducir drásticamente el número de niños por clase, los centros no disponían de suficiente espacio para todos los grupos, lo que llevó a reconvertir gimnasios y bibliotecas en aulas y a mandar a los chavales a estudiar a casa en días alternos. Una limitación, a la hora de reducir ratios, que esta vez no se produciría.

Casi medio millón de alumnos menos

Los datos reflejan que en la última década España ha perdido muchos alumnos, pese a lo cual el número de colegios apenas ha variado. El país alcanzó su máximo de escuelas en el curso 2012-2013, con 13.908. Y el año pasado seguía habiendo 13.865. Es decir, solo se había reducido un 0,3%. El número de estudiantes del segundo ciclo de Infantil (de 3-6 años, la etapa a la que normalmente se empieza a ir al colegio), en cambio, ha caído en un decenio un 20% en España. Y el de primaria (6-12 años), un 5,4%. Sumando ambas, las escuelas han perdido 447.094 niños.

La evolución general esconde, sin embargo, fuertes contrastes. Por un lado, en función de las redes educativas: la pública ha perdido 110 centros en una década, mientras la privada (que incluye a la concertada) ha ganado 67. Se trata de una versión en pequeño de lo que está sucediendo con las unidades escolares; entre 2018 y 2023, recuerda Francisco García, secretario de la federación de Enseñanza de CC OO, la pública perdió 3.490 clases de infantil y primaria, y la concertada apenas 72.

Las diferencias regionales son, así mismo, muy acusadas. El alumnado de infantil ha caído en una década un 27,6% en Cantabria, un 26,5% en Asturias, y un 25% en el País Vasco, mientras solo lo ha hecho un 11% en Baleares. En primaria, la reducción ha alcanzado el 15% en Canarias, y el 12% en Extremadura, mientras en Murcia, Aragón y Madrid no ha llegado al 1%. La reacción de los gobiernos autonómicos ante situaciones similares ha sido, además, distinta. Extremadura, pese a haber sufrido una bajada de estudiantes claramente por encima de la media española, solo ha perdido cuatro escuelas. Y según Abel Macías, presidente de la asociación extremeña de directores de centros públicos, la clausura de centros no constituye hoy una preocupación; “se mantienen incluso si tienen muy pocos alumnos”.

Siete comunidades autónomas, de hecho, han ampliado su número de colegios pese a haber perdido alumnos. Destacan los casos de Madrid, que tiene 57 más (lo que supone un aumento del 4%); Aragón, 23 más (un incremento del 6%), y Baleares, con 21 más (una subida del 6,6%).

Una cuestión política

En las diferencias territoriales influyen factores demográficos, como el número de nacimientos y la incorporación de alumnado extranjero, pero también planteamientos políticos. “En Aragón, nosotros manteníamos escuelas abiertas con 3 o 4 alumnos. Incluso anticipábamos la escolarización a los dos años en los pueblos que carecían de escuela infantil” con el objetivo, entre otras cosas, de frenar la despoblación, explica Felipe Facci, que hasta 2023 fue consejero de Educación.

Un estudio publicado hace año y medio por EsadeEcPol estimaba, a partir de datos del INE, que el alumnado español en Primaria se reducirá hasta un 20% en 2032 respecto a su máximo de 2017. Y que el de la ESO puede caer hasta un 24% en 2037. Miguel Soler, que fue secretario autonómico de Educación en el Gobierno valenciano de Ximo Puig, cree que una disminución de ese tipo no debería conducir a cerrar muchos colegios, sino a reducir en proporciones parecida las ratios. “En Infantil y Primaria habría que fijarla en un máximo de 20 alumnos por aula, en vez de 25 como ahora. En la ESO, en 25 en vez de en 30. Y en Bachillerato, en 30 en vez de en 35. Se trata de una reducción absolutamente razonable, incluso aunque no hubiera bajada de la natalidad”.

Los pueblos con un único colegio, afirma, deberían mantenerse para fijar población. Y en los casos, que él cree que serían pocos, donde tuviera sentido cerrar un centro ―por ejemplo, un barrio con varias escuelas cuyo alumnado cayera sensiblemente por debajo de las nuevas ratios máximas―, las instalaciones, en caso de ser públicas, deberían destinarse a centros de formación de personas adultos, ampliación de plazas de infantil 0-3 u otras finalidades educativas, agrega.

Cobro de cuotas

En época de Soler, la Comunidad Valenciana aplicó una reducción selectiva de ratios máximas en los municipios donde más había caído la población escolar. Y, aunque con retraso, en Galicia, afirma Fran Lires, presidente de la asociación gallega de directores de colegios públicos, la Xunta ha introducido este curso una ratio máxima de 20 alumnos en el segundo ciclo de infantil que se irá extendiendo año a año a toda la Primaria.

En Euskadi, el Gobierno vasco ha reducido las ratios máximas en la escuela pública, pero no en la concertada (que escolariza a la mitad del alumnado). Iñaki Azpitarte, del sindicato ELA, apunta que, a diferencia de lo que sucede en la pública, muchos colegios concertados no tienen interés en que se establezcan ratios obligatorias bajas, porque cobran cuotas por cada alumno, “y no es lo mismo cobrarlas por 25 que por 17″.

La previsión de Gortazar de que España se verá abocada a cerrar muchos colegios se basa, afirma, en lo sucedido en otros países, como los del Este de Europa después de la caída del muro, donde primero cayeron los alumnos “y, años más tarde, los centros y el personal docente”. El director adjunto de EsadeEcPol cree que en España, de momento, no se han producido muchos cierres porque llevarlos a cabo tiene un coste político. “Pero a largo plazo, los costes de no actuar son mayores”, afirma.

Esperar a que sea inevitable, prosigue, implica situaciones caóticas y de angustia para las familias, como está sucediendo en el Jesús y María de Bilbao. Y resulta, en su opinión, ineficiente, ya que concentrar al alumnado en centros más grandes permite mantener y mejorar en ellos servicios como el comedor, el transporte, las actividades de refuerzo y las actividades extraescolares.

María Segurola, de la Fundació Bofill, advierte, por su parte, que mantener varios centros de una sola línea (esto es, con una sola clase en cada nivel de infantil y primaria) en una misma zona ―por ejemplo, en un municipio mediano, de unos 10.000 habitantes― genera con frecuencia segregación escolar al “favorecer dinámicas de competición entre los centros para atraer alumnado”. Los que menos matrícula consiguen, sigue Segurola, tienen incentivos para pedir a la administración que les asigne la llamada matrícula viva, chavales que llegan a mitad de curso y generalmente son extranjeros y pertenecen a hogares de bajo nivel socioeconómico, lo que contribuye a cronificar la estigmatización de dichas escuelas y a alejar a las clases medias de ellas.

Despido de profesores

A final del curso pasado había 785.000 profesores en España. Y si la ola de cierres se acaba materializando, ello tendría un impacto en el empleo. En los centros públicos, el personal fijo tiene que ser reubicado, pero la reducción de cierres supondrían menos empleo para los interinos, en un sector cuya tasa de temporalidad supera el 20%. En los concertados la situación pinta peor. Iñaki Azpitarte, del sindicato ELA, explica que el año pasado, en otra fusión, que fusionó en un centro tres colegios católicos de Gipuzkoa, acabó despedido “más del 50% del personal”. Emilio Gallego, director pedagógico del colegio Jesús María de Bilbao, afirma, por su parte, que la integración busca garantizar la pervivencia de proyectos educativos cristianos en un contexto de grandes cambios sociológicos.

A ocho minutos en coche del Jesús María se halla el colegio Jesuitinas, con el que se fusionará. La noche ya ha caído cuando Joseba Arce, padre de dos estudiantes del centro, los recoge a la puerta de sus extraescolares deportivas. A diferencia de lo que sucede en el Jesús María, en Jesuitinas, que será el centro receptor del alumnado (y adoptará el nuevo nombre de Zabalbide), no hay rastro de preocupación. “Más bien al contrario”, dice Arce, “hay un poco de alivio. En clase de mi hija, que está en primero, son 10. Así que más niños son bienvenidos”.