Acuerdo para la nueva Selectividad: la prueba será más exigente porque se limitan las opciones y no bastará con estudiarse medio temario

Los coordinadores de las pruebas de acceso a la universidad en las distintas comunidades autónomas han alcanzado un acuerdo para homogeneizar la nueva Selectividad, que se estrenará en junio y a la que está previsto que se presenten más de 300.000 estudiantes. Según el documento de consenso, al que ha tenido acceso EL PAÍS, solo habrá un modelo de cada examen ―en lugar de dos, entre los que podía elegir el alumnado, como ha venido sucediendo hasta ahora―, pero se permitirá cierto grado de optatividad entre los apartados de cada ejercicio. Este texto de consenso se ha trabajado en sucesivas reuniones a lo largo de los últimos meses y este viernes deberá ser ratificado por las universidades españolas en una reunión que se celebra en Bilbao. El documento detalla también que las pruebas, en esta primera edición de la nueva Selectividad, tendrán entre un 20% y un 25% de preguntas de carácter competencial, que deberán contestarse de forma obligatoria. Y, para obtener la calificación máxima, los estudiantes deberán responder correctamente a cuestiones que cubrirán entre el 75% y el 80% del temario de cada asignatura, no como en los últimos cursos, en los que la elevada optatividad permitía conseguirlo estudiando a fondo solo la mitad del temario.

Sobre la base de este acuerdo, las comunidades autónomas acabarán de definir en las próximas semanas cómo serán sus exámenes. El hecho de que el curso haya comenzado sin que estuvieran del todo definidos los ejercicios y sin que profesores y estudiantes contaran con ejemplos de exámenes que pudieran usar como referencia ―a excepción de Galicia― ha generado preocupación y nervios en muchos centros educativos.

La gran novedad de fondo del documento pactado es el limitado alcance que tendrán, de momento, las preguntas diseñadas con un enfoque competencial. Este constituye uno de los principales cambios de la reforma educativa, en línea con los cambios que se han ido produciendo en las últimas décadas en la mayor parte del mundo desarrollado. Simplificando, el modelo competencial apuesta por cambiar una forma de aprendizaje basada en repetir contenidos, más memorística, por otra en la que el alumnado movilice sus conocimientos para resolver los problemas que se le planteen, que deben estar conectados con la realidad, lo que supone un enfoque más aplicado en el que, de forma ideal, el estudiante debe combinar destrezas adquiridas en distintas materias (transversalidad). Los exámenes del Informe PISA, la evaluación internacional que organiza periódicamente la OCDE, constituyen un ejemplo de prueba competencial.

El documento explica la decisión en la voluntad de que la transición desde la antigua Selectividad a la nueva se produzca mediante una “adecuación progresiva”, respetando el ritmo en que dicho cambio se está produciendo en la forma de enseñar y de aprender en el Bachillerato. Lo que da a entender que mientras en 2025 solo en torno a una cuarta parte de las preguntas tendrán claramente un enfoque competencial, dicho porcentaje tenderá a incrementarse en las siguientes ediciones.

El acuerdo contempla que en los ejercicios de castellano, lenguas cooficiales y extranjeras, un 10% de la nota dependerá de la “coherencia, cohesión, corrección gramatical, léxica y ortográfica, así como de su presentación”. En el caso del resto de materias (como Historia de España o Filosofía), dicha regla regirá “únicamente a lo que ortografía se refiere” en aquellas tareas que requieran la “composición de un texto prolijo”. Lo anterior se aplicará de forma “proporcional” para el alumnado diagnosticado con “dislexia o disortografía u otra discapacidad que afecte al desarrollo del lenguaje”. Si bien para ellos se exigirá que el estudiante haya contado con dicha adaptación a lo largo de “toda la etapa educativa inmediatamente anterior al acceso a la Universidad” (normalmente, el Bachillerato), y que se haya registrado previamente una “solicitud al órgano competente correspondiente de cada distrito universitario”.

Cada examen durará 90 minutos. Las respuestas abiertas o semiconstruidas (por ejemplo, que impliquen una respuesta breve) deberán sumar, al menos, el 70% del total. Y en cada ejercicio se establecerá el material auxiliar, como diccionarios, calculadoras, formularios o tablas, que el alumnado pueda utilizar, y que deberá ser aprobado por la comisión organizadora de la prueba.

El consenso alcanzado por los coordinadores autonómicos deriva, de un lado, del propio diseño de la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) elaborado por el Ministerio de Educación, plasmado en el real decreto aprobado en junio, que insta expresamente a los territorios a armonizar las pruebas. Y, del otro, de una dinámica que ya habían impulsado las propias universidades y los coordinadores de las pruebas ―personas que proceden normalmente de las filas universitarias, pero que son nombradas para el cargo por los ejecutivos autonómicos―, que llevan un lustro celebrando jornadas como la que ha tenido lugar esta vez en Bilbao. La motivación de fondo para homogeneizar los exámenes es que, siendo distintos, ya que cada territorio cuenta con su propio currículo de Bachillerato (esto es, simplificando, sus propios contenidos), las diferentes pruebas dan acceso a un sistema universitario único, integrado por carreras que, en algunos casos, cuentan con notas de corte que se deciden por milésimas.

El texto pactado por los coordinadores de las pruebas también señala que, si bien la mayor parte de los puntos acordados ahora están dirigidos al conjunto de la prueba, de cara a la siguiente edición de la Selectividad, la de 2026 “seguirán trabajando de forma conjunta para poder llegar al máximo consenso posible y a una homogeneización de las materias en todo el territorio español”. Es decir, que tratarán de llegar a acuerdos que desciendan al nivel de cada asignatura.

Última palabra

El documento de consenso con el que se ha llegado a la cita de Bilbao debe ser aprobado este viernes por los representantes de la conferencia de rectores (CRUE), el organismo en el que están representadas las universidades españolas que ha organizado las jornadas. Antes de hacerlo, el texto puede experimentar algún cambio, pero salvo sorpresa, coinciden distintas fuentes, no implicará modificaciones de fondo. Una vez de vuelta a sus respectivos territorios, la última palabra al dictar las instrucciones que condicionarán cómo será exactamente la PAU en cada comunidad la tendrán los ejecutivos autonómicos, aunque se espera que todos respeten el consenso alcanzado. Es posible que algunas comunidades acuerden por su lado concreciones comunes mayores, como lleva meses adelantando el PP, que ha convertido la Selectividad en un frente de batalla contra el Gobierno.

Los trámites que aún faltan por cubrir en la mayor parte de las comunidades autónomas hacen prever que el diseño final de los exámenes, así como los ejemplos de ejercicios que habitualmente sirven de orientación a profesores y estudiantes, no llegarán a los centros hasta mediados de octubre. Un plazo que en algunos casos puede retrasarse incluso varias semanas más. Solo la Comisión Interuniversitaria de Galicia, atendiendo a los acuerdos que se fueron alcanzando en las reuniones de coordinadores a lo largo del verano, ha arrancado el curso con modelos de 34 ejercicios.

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